En medio de la disputa con el fiscal Francisco Barbosa, el Jefe de Estado se encontró con los presidentes de la Rama Judicial. Acordaron “colaboración armónica” y diálogo. Barbosa sumó aliados desde Perú.
El encuentro se realizó en el Palacio de Justicia y aunque hubo momentos de tensión, primó la fraternidad y las buenas maneras. FOTO CORTESÍA
Atrás quedaron los sonados desplantes del presidente Gustavo Petro con la rama judicial y las frecuentes demoras que, sin distinguir figura, taponan una y otra vez su agenda de gobierno. El mandatario fue puntual, esta vez no puso a esperar a nadie y sobre la 1:30 de la tarde de este martes llegó fuertemente custodiado al Palacio de Justicia para sentarse a dialogar con los magistrados de las altas cortes.
Petro no podía fallar. No solo por las heridas abiertas que permanecen desde diciembre pasado –cuando dejó a los magistrados vestidos y sin cena en plena Casa de Nariño–, sino por la tensión que persiste por su nueva pelea con el fiscal Francisco Barbosa.
Justamente, ese rifirrafe, que puso en entredicho el sistema de contrapesos y la división de poderes, concentró la mayor parte del encuentro extendido por casi dos horas.
A su llegada al Salón de Audiencias del Palacio de Justicia, el mandatario fue recibido con abrazo y estrechón de manos por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Castillo, el mismo que la semana pasada –en un solemne, pero contundente comunicado– le jaló las orejas por erigirse como “jefe” del Fiscal General y asumir atribuciones que, más que atentar contra Barbosa, desconocen la institucionalidad colombiana.
Tras ese primer cara a cara con Castillo –que ambientó 24 horas antes su ministro de Justicia, Néstor Osuna, en un encuentro privado en Rionegro (Antioquia)–, Petro saludó a los demás magistrados. Primero, a Aurelio Rodríguez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura; luego al magistrado Jaime Enrique Rodríguez, presidente del Consejo de Estado; y finalmente a Diana Fajardo Rivera, presidenta de la Corte Constitucional.
El mandatario fue secundado por una comitiva conformada por Osuna, Laura Sarabia (jefa de gabinete) y el secretario Jurídico de Palacio, Vladimir Fernández; y si bien el almuerzo estuvo marcado por la cordialidad y las buenas maneras, los magistrados –haciendo gala del adagio popular que reza que “lo cortés no quita lo valiente”–, le reiteraron a Petro la necesidad de bajarle el tono a la rencilla y someterse al principio de separación de poderes.
Aunque el Presidente –en línea con su comunicado del fin de semana–, ratificó su respeto a la autonomía e independencia de la Fiscalía, se mantuvo en que está en todo su derecho de pedirle información a Barbosa por investigaciones que tengan incidencia en hechos de orden público. Lo anterior, justamente por el origen de la controversia: la denuncia por la supuesta omisión en la investigación y atención de crímenes del Clan del Golfo en Magdalena.
Las reflexiones de Petro desataron tensión, y aunque la cosa no pasó a mayores, al final de la reunión los magistrados se dieron a la tarea de divulgar un comunicado en el que resaltaron el encuentro, pero reafirmaron “la necesidad de mantener el firme compromiso de encauzar las diferencias a través de los mecanismos institucionales, dentro del respeto irrestricto a la autonomía e independencia judicial”.
No obstante, fueron más allá, y sin nombrar a Petro ni a Barbosa invitaron a todos “los actores institucionales, políticos y sociales” a seguirle apostando a la colaboración armónica entre las distintas ramas del poder público “para el cumplimiento efectivo de los fines esenciales del Estado, así como a preservar un diálogo franco, directo y constructivo”. Dicho en otras palabras, que respeten la institucionalidad y que resuelvan sus diferencias con diálogo y no con amenazas.
Barbosa, de gira
Mientras Petro almorzaba, el fiscal Barbosa concluía una gira en Perú donde se reunió con su homóloga Liz Patricia Benavides. La tribuna le sirvió al jefe del este investigador para hacer un llamado en defensa de la institucionalidad y la preservación del Estado social de derecho.
“Más allá de pugnas personales entre el Ministerio Público, un fiscal o un presidente de la República, nuestros debates son por los principios, no por las personas. Todos nosotros somos finitos en nuestros cargos (...) la institución es la que debe preservarse, la institución es lo que hace que valga la pena esta lucha por la defensa del Estado de derecho”, declaró el fiscal durante un conversatorio.
Sin embargo, el escenario internacional le sirvió a Barbosa para lograr un guiño de sus pares latinoamericanos reunidos alrededor de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. A través de un comunicado, 13 fiscales y procuradores de países como Chile, Argentina, Bolivia o Ecuador, le dieron un espaldarazo a Barbosa y expresaron su preocupación “por los intentos de afectar la autonomía e independencia” de los organismos que dirigen por parte de otras ramas del poder público.
Los movimientos y cruzadas tanto de Petro como de Barbosa evidencian su afán por sumar aliados en medio de la confrontación y, si bien parece que las rencillas bajarán de tono a la luz de los llamados de terceros, la pelea de ambos “gallos” amenaza con extenderse hasta final de año.
De hecho, desde ya en la Casa de Nariño se acentúan las gestiones para definir la terna que le enviarán a la Corte Suprema para remplazar a Barbosa. Justamente, uno de los que suena con más fuerza fue uno de los asistentes a la cita a manteles de Petro con las altas cortes: su secretario jurídico, Vladimir Fernández.
Denuncian a Petro por abuso de poder
La rencilla entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa se trasladó hasta la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Allí, fue denunciado formalmente el Jefe de Estado por los delitos de prevaricato y abuso de poder. “El fin es que se investigue y determine si el Presidente incurrió en los delitos de prevaricato y abuso de autoridad, al interferir en investigaciones judiciales en curso, llevadas a cabo por la Fiscalía en contra del Clan del Golfo”, detalló Carlos Flórez, abogado denunciante.
Lo anterior, tras la información divulgada por el portal La Nueva Prensa, que señaló que el fiscal Daniel Hernández habría recibido reiteradas alertas sobre homicidios que pretendía cometer el Clan del Golfo y que, sin embargo, “permitió que se cometieran y comenzó a proteger a los 14 asesinos principales”.
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