La Contraloría General hizo una serie de hallazgos en la UNP, que representarían pérdidas millonarias para esa entidad./
Luego de una auditoría financiera realizada a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Contraloría General de la República evidenció tres hallazgos que podrían ser pérdidas millonarias para la entidad.
El primer hallazgo se debe a un presunto daño patrimonial de $6.321 millones, como consecuencia de deudas que desde hace más de cinco años gobernaciones y alcaldías tienen con esta entidad por concepto de servicios de protección que se les ha prestado.
Se evidenció que el valor de $6.321.522.231 que corresponde a convenios interadministrativos que datan desde 2016 con varias entidades, son cuentas por cobrar de difícil recaudo.
Entre las entidades que adeudan dineros a la UNP aparecen las gobernaciones de Norte de Santander, Meta, Arauca, Vichada, Caquetá y Guajira, así como la Cámara de Representantes, el Fondo Paz, el Ministerio de Agricultura y el INVIMA.
Por otro lado, el ente de control también resaltó que en algunos contratos suscritos por la UNP para el arrendamiento de vehículos blindados, el IVA se calculó con una base gravable especial, la del 19% correspondiente a administración, imprevistos y utilidades. Se determinó una incorrecta liquidación superior a $15 billones.
La última incongruencia consistió en un detrimento patrimonial de más de $481 millones por el incumplimiento contractual para la adquisición de un software ERP. Según la Contraloría, la UNP no le otorgo una prórroga al contratista, no adelantó el debido proceso ni le dio las respectivas garantías; esto significó un presunto daño al patrimonio público por la mitad de la valor del contrato ($481.375.250 millones).
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