Ministerio de Justicia presenta histórica Ley de Utilidad Pública para madres cabeza de familia privadas de libertad en Colombia

Dejusticia y la Corporación Mujeres Libres, entre otras organizaciones, venían pidiendo una ley como la 2292 desde hace al menos ocho años. | Foto: Colprensa.

En el Museo Nacional, en Bogotá, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó públicamente la Ley de Utilidad Pública y el decreto reglamentario que salió la semana pasada.

La Ley, que fue sancionada por el presidente Gustavo Petro en marzo y reglamentada por el Ministerio de Justicia recientemente, permite a madres cabeza de familia privadas de la libertad pagar su condena haciendo trabajo comunitario. Es histórica por ser la primera que contempla el servicio público de impacto social como alternativa para cumplir la pena de prisión.

Actualmente, el Ministerio y organizaciones no gubernamentales, como la Corporación Mujeres Libres, realizan pedagogía al respecto, y se espera que en los próximos días, cuando las mujeres reclusas tengan más claros los requisitos, puedan realizar las solicitudes pertinentes para que la justicia evalúe quiénes pueden salir de prisión.

Osuna indicó que el 42% de las mujeres privadas de la libertad son cabeza de hogar y fueron condenadas en condiciones de marginalidad. En ese sentido, la nueva normatividad busca que ese grupo, que podría ser de hasta siete mil mujeres, pueda tener una alternativa a la cárcel que les permita reencontrarse con sus familias.

“El programa consiste en que ellas pueden salir de la cárcel, por supuesto, previa valoración judicial, una a una, de su situación, y pagar la pena mediante labores de utilidad pública”, indicó Osuna.

Tanto el ministro Osuna como el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña, y el director de Política Criminal y Penitenciaria, Diego Olarte, consideran que la ley marca un hito en el país y en la manera en la que el Estado responde a los crímenes y a las prisiones.

Se trata de una norma que, según

Colprensa

el jefe de la cartera de Justicia, llega a “una sociedad que es consciente de que los delitos se generan por las contradicciones, las injusticias y las violencias que hay dentro de sí misma; por la enorme desigualdad, por la enorme desprotección estatal”.

El viceministro Umaña explicó que la ley fue aprobada por el Congreso antes de que Gustavo Petro llegara a la Presidencia. El entonces mandatario, Iván Duque, la objetó luego de que completó su trámite. Sin embargo, la Corte Constitucional dijo que no era inconstitucional ni inconveniente, así que se la regresó para que la firme y divulgue.

Duque, de acuerdo con Umaña, no quiso. No obstante, cuando el gobierno Petro llegó a la Casa de Nariño, y Néstor Osuna llegó a su gabinete, una de sus prioridades fue desarchivarla, sancionarla y reglamentarla en algunos aspectos técnicos. A partir de ello, nacieron la Ley 2292 y el Decreto 1451.

Osuna dijo en el evento de este jueves que espera que esta sea la “experiencia inicial de un cambio en la política penal y penitenciaria del país”. El paso siguiente, de acuerdo con lo que le explicó a Colprensa, “es el proyecto de ley de humanización del sistema penitenciario, que ya se presentó en la legislatura pasada, que está listo para iniciar de nuevo su trámite en el Congreso de la República”.

La meta de Osuna es que se pueda “lograr cambiar el chip cultural de la sociedad, que piensa que el castigo cruel en una cárcel repara y restablece, por uno en el que sea, más bien, la verdadera reparación a la víctima, la reconciliación con la sociedad, la cesación en la actividad dañina, la que permita que se haga justicia”.

El ministro Néstor Osuna, explicó que la Ley 2292 y el Decreto 1451, destacando que la principal característica de las nuevas normas es que va en beneficio de las mujeres condenadas por delitos menores.