La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dictaminó una condena de doce años y medio de cárcel para Ronald Harbey Rivera Rodríguez, exagente del DAS, por su participación en la tortura infligida a la periodista Claudia Julieta Duque Orrego entre 2001 y 2004. El tribunal confirmó que estos actos constituyen un delito de lesa humanidad.
Rivera Rodríguez, parte del Grupo de Inteligencia G3, fue señalado como uno de los responsables de la intimidación y tortura dirigidas hacia Claudia Duque, quien en ese momento investigaba el asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón. La persecución incluyó perfilamiento, hostigamiento y falsas acusaciones.
En mayo, el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá había absuelto a Rivera, pero tras la apelación, el Tribunal revocó esa decisión, considerando suficientes pruebas para justificar su encarcelamiento y emitió una orden de captura.
Claudia Duque, afectada por los actos de tortura, denunció en redes sociales que Rivera Rodríguez está prófugo de la justicia y detalló que fue condenado a 150 meses de prisión. Además, destacó que el exagente actualmente trabaja en Migración Colombia.
La investigación reveló que el DAS había formado grupos internos para perseguir a ONG y periodistas, ejecutando planes de desprestigio, amenazas y chantajes. Claudia Duque y el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo eran objetivos de estas acciones debido a su labor en la investigación del asesinato de Jaime Garzón.
El fallo del Tribunal destaca que la información proporcionada por Rivera al Grupo de Asuntos Especiales y al Grupo de Inteligencia G3 desencadenó la persecución contra Claudia Duque, quien se vio obligada a exiliarse en dos ocasiones. El DAS utilizó recursos públicos para planear y ejecutar acciones intimidatorias, lo que llevó a la periodista a sufrir tortura psicológica continua.
El veredicto menciona al menos doce documentos en los que el DAS ordenó y coordinó acciones destinadas a intimidar a Claudia Duque. Entre ellas, un memorando del 17 de noviembre de 2004 instruía llamarla para amenazarla, revelando la naturaleza siniestra de las tácticas utilizadas.
El tribunal subrayó que la responsabilidad penal de Rivera está más allá de cualquier duda, destacando pruebas consistentes y coherentes que cumplen con los estándares probatorios necesarios para la condena. Con esta decisión, se busca hacer justicia frente a los actos de violencia perpetrados contra Claudia Duque en su búsqueda de la verdad periodística.
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