• De acuerdo al Control Preventivo y Concomitante ejercido por las Contralorías Delegadas para el Sector Defensa y Seguridad y para la Población Focalizada, están en riesgo los recursos invertidos debido a la ejecución de la contratación derivada, producto de falencias en la planeación contractual.
• “De no culminarse la ejecución de los proyectos, además de perderse la inversión de recursos transferidos por el Ministerio del Interior, quedará insatisfecha la necesidad que llevó a la contratación, afectando a las comunidades indígenas a las cuales se les pretendió beneficiar”, advierte el Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga.
En ejercicio del Control Concomitante y Preventivo, la Contraloría General de la República emitió Advertencia Especial al Ministerio del Interior y a la Universidad de Pamplona, respecto a la suscripción y ejecución del Contrato Interadministrativo Nro. 1840 de 2022 por $151.136 millones, celebrado entre estas dos entidades, por una posible afectación negativa a los intereses públicos, en el evento de no cumplirse su objeto, dados los continuos atrasos en su ejecución. Producto del seguimiento permanente a dichos recursos, ejercido por las Contralorías Delegadas para el Sector Defensa y Seguridad y para la Población Focalizada, se detectaron posibles falencias en los cronogramas establecidos para la ejecución de este contrato.
Esta situación ha llevado no solo a la suscripción de 2 prorrogas, sino a que después de 1 año y 2 meses de su firma, las comunidades indígenas beneficiarias no hayan recibido la totalidad de los proyectos derivados, los cuales estaban diseñados para ejecutarse inicialmente en un término no mayor a 5 meses.
Se evidencia así un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos y la posible afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública, advirtió el Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, en comunicación que dirigió al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al rector de la Universidad de Pamplona, Ivaldo Torres Chávez.
Alcance del contrato
A través de este contrato suscrito entre el Ministerio del Interior y la Universidad de Pamplona, por un valor total de $151.136 millones, se buscó ejecutar actividades relacionadas con 2 Bancos de Proyectos del Ministerio del Interior, a saber:
*Un (1) proyecto de inversión para las Comunidades y Pueblos Indígenas por$11.536 millones, que financia iniciativas en fortalecimiento productivo, mujer, familia y generación y gobierno propio, entre otras.
*Un (1) proyecto de inversión por $39.600 millones para financiar iniciativas de este mismo tipo y de mejoramiento de infraestructura vial para las comunidades de los Pastos y Quillacingas, en el departamento de Nariño. Con este proyecto se busca dar cumplimiento a los compromisos contraídos en el marco de la minga indígena del año 2019.
El contrato tuvo fecha de inicio el 8 de agosto de 2022 y un plazo inicial de ejecución de 5 meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2022, el cual fue prorrogado hasta el 31 de agosto de 2023, y posteriormente hasta el 31 de diciembre de 2023.
Deficiencias detectadas
Según la CGR, la contratación con la Universidad de Pamplona para la "gestión administrativa, operativa, financiera, de asistencia técnica y de verificación en la implementación de los proyectos presentados por los pueblos indígenas” no solo se contrapone a los requisitos para adelantar la contratación directa en Colombia, sino que también implica la delegación de las funciones misionales del Ministerio en terceros, lo que denota posibles deficiencias en la etapa de planeación del Contrato No. 1840, relacionadas con falta de claridad y suficiencia de estudios previos y estudio del sector.
Por otra parte, el Ministerio del Interior determinó una cuota de administración del contrato equivalente al 10% de su valor ($15,131,662,143,20) actualmente destinada a la Universidad de Pamplona, que sobrepasa el monto de recursos establecido en la Resolución No. 339/2021, que pueden ser destinados para estas funciones, cifra que no puede sobrepasar el 3% del valor total del banco de proyectos, que para este caso equivale a $4,539,498,642,96.
Adicionalmente, el ente de control encontró que el plazo de ejecución del contrato no tuvo en cuenta todas las actividades a realizar, con lo que se dificulta su cumplimiento. La suspensión y posterior prórroga demostró en efecto que no era suficiente el plazo acordado, en contravía de los principios de planeación y anualidad.
“Esto además pone en riesgo a los recursos públicos pues al cambio de anualidad se incrementan los precios, lo que dificultará la ejecución contractual en las mismas condiciones pactadas”, indica la CGR al respecto.
La conclusión de esta Advertencia Especial es que:
“De no culminarse la ejecución de los proyectos, además de perderse la inversión de recursos transferidos por el Ministerio del Interior, quedará insatisfecha la necesidad que llevó a la contratación, afectando a las comunidades indígenas a las cuales se les pretendió beneficiar”.
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