El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, ha emitido una grave advertencia sobre la posibilidad de que al menos 10 millones de colombianos se queden sin servicio de energía debido a atrasos en el pago de subsidios a las empresas del sector. La falta de resolución en el giro de estos recursos afecta a los usuarios en diversas regiones del país, incluyendo el Caribe, Nariño, Chocó y el Vichada.
La Contraloría General de la República ha elevado una alerta crítica sobre el posible riesgo de suspensión del servicio de energía para aproximadamente 10 millones de personas en Colombia. Esta situación se debe a un significativo atraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio, lo que podría dejar sin cobertura a amplias regiones del país, entre ellas el Caribe, Nariño, Chocó y el Vichada.
El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, ha señalado que la problemática se agrava debido a la falta de decisión del Gobierno Nacional en cuanto al reembolso de los recursos no recaudados por la opción tarifaria. Esta opción, implementada durante la pandemia, congeló las tarifas de energía para aliviar la carga económica de los hogares colombianos. Adicionalmente, el incumplimiento de obligaciones por parte de los operadores de red con el mercado mayorista de energía también contribuye a esta crisis.
En un comunicado oficial, la Contraloría detalló que estos factores están comprometiendo gravemente la prestación del servicio de energía, lo que podría tener un impacto negativo en sectores esenciales como la salud y la educación. La falta de recursos y el incumplimiento de pagos han puesto en riesgo la sostenibilidad del servicio en diversas regiones del país.
La Contraloría ha instado al Ministerio de Minas y al Ministerio de Hacienda, así como a otras entidades estatales, a tomar medidas urgentes para garantizar el giro de los recursos necesarios a las empresas de energía. Asimismo, recordó a las autoridades territoriales que la falta de asignación presupuestal para el pago de los servicios públicos podría considerarse una falta grave, ya alertada previamente por otros entes de control como la Procuraduría General de la Nación.
“La sostenibilidad del servicio depende de la resolución de estos aspectos críticos. La falta de disponibilidad y pago de subsidios por parte de los fondos puede poner gravemente en riesgo la prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira”, concluyó la Contraloría en su comunicado.
La situación demanda una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes para evitar que la crisis energética se convierta en una emergencia de magnitudes aún mayores.
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