La Corte Suprema de Justicia revoca absolución de Luis Miguel Morelli, exgobernador de Norte de Santander


La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha revocado la sentencia emitida en el año 2022 que absolvía al exgobernador de Norte de Santander, Luis Miguel Morelli, en un proceso por contratación irregular. El exmandatario había sido investigado por presuntamente vender dos terrenos propiedad del departamento sin cumplir con los requisitos legales necesarios, en una acción que fue autorizada durante su mandato, en colaboración con el entonces alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo.

En la sentencia de 2022, la Corte consideró que la conducta de Morelli no constituía un delito, pues el exgobernador había logrado demostrar que la venta de los terrenos fue realizada bajo el principio de confianza, al haber delegado la supervisión y ejecución del proceso en sus subalternos. Este principio eximía a Morelli de responsabilidad penal directa, lo que llevó a su absolución en ese momento.

Sin embargo, la nueva decisión de la Corte Suprema determina que, en su calidad de gobernador, Luis Miguel Morelli incumplió su deber de control y vigilancia sobre las actuaciones de sus funcionarios en el proceso de compra y venta de los terrenos. La Corte enfatizó que la falta de supervisión adecuada por parte de la máxima autoridad departamental fue un factor determinante en la existencia de irregularidades en la contratación, lo que constituye una conducta reprochable.

A raíz de esta decisión, la Corte ha condenado a Luis Miguel Morelli a 48 meses de detención domiciliaria y 60 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Esta sentencia representa un golpe significativo para la carrera política del exgobernador, quien en su momento gozó de gran influencia en el departamento de Norte de Santander.

La reactivación de este caso también revive las tensiones en torno a la figura de Ramiro Suárez Corzo, el entonces alcalde de Cúcuta, quien ha sido mencionado en múltiples investigaciones judiciales a lo largo de los años, lo que genera nuevas dudas sobre su rol en las decisiones de contratación y su impacto en la gestión pública de la ciudad.

Este fallo resalta el énfasis que las altas cortes de Colombia están poniendo en la vigilancia rigurosa de los procesos contractuales de las administraciones locales, reafirmando el compromiso de sancionar a los funcionarios que, por acción u omisión, falten a sus deberes legales y éticos.

Publicar un comentario

0 Comentarios