Mientras la Procuraduría suspendió al alcalde de Barrancabermeja por apoyar la campaña de su esposa, en Cúcuta Jorge Acevedo sigue en el cargo pese a denuncias similares y crecientes cuestionamientos por el uso político de la administración municipal.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar contra el alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo Peñaloza, por su presunta participación indebida en política a favor de su esposa, Alix Yirley Vargas Torrado,
El Ministerio Público busca establecer si el mandatario habría utilizado su cargo y la estructura administrativa de la Alcaldía para liderar alianzas políticas y compromisos electorales, promoviendo reuniones y actividades proselitistas con funcionarios, concejales y contratistas. Según la información conocida, Acevedo habría presionado a contratistas para asistir a eventos políticos, firmar listas de apoyo y participar en actos de campaña, incluso utilizando instalaciones oficiales y tiempo laboral para ello.
Esta situación recuerda el reciente caso del alcalde
de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, quien fue suspendido e investigado por
hechos similares al respaldar públicamente la candidatura al Senado de su
esposa, Laura Ahumada.En ese caso, la Procuraduría Delegada Primera para la
Vigilancia Administrativa actuó con celeridad, apartando del cargo al
mandatario del puerto petrolero luego de comprobar su participación en eventos
y publicaciones de campaña.
Sin embargo, lo que causa extrañeza en Norte de
Santander es que, a diferencia de Vásquez, el alcalde Acevedo sigue ejerciendo
su cargo, pese a que las denuncias en su contra llevan semanas siendo de
conocimiento público y han sido ampliamente documentadas. Este medio ya había
advertido sobre su actuación en la publicación del 22 de octubre, titulada “Cúcuta:
la ciudad que le da la espalda a sus invisibles”, donde se cuestionó el abandono
institucional de la población vulnerable y la falta de gestión social por parte
de una administración más preocupada por cálculos políticos que por la crisis
social de la ciudad.
“Mientras el alcalde Jorge Acevedo enfrenta
cuestionamientos políticos y su administración carece de una política pública
seria para la población vulnerable, miles de habitantes de calle sobreviven
entre la indiferencia y el microtráfico en las calles cucuteñas”, señalaba la
investigación periodística.
De acuerdo con fuentes consultadas, en Cúcuta es vox
populi que el mandatario estaría liderando acuerdos políticos con dirigentes y
exfuncionarios del departamento para favorecer las aspiraciones legislativas de
su esposa, utilizando presuntamente recursos públicos y personal oficial para
fortalecer su estructura política.
Por ahora, la Delegada Segunda para la Vigilancia
Administrativa del Ministerio Público es la encargada del proceso que busca determinar
la existencia de una falta disciplinaria, establecer la responsabilidad del
mandatario y definir si actuó bajo alguna causal de exclusión.
Sin embargo, voces ciudadanas y analistas locales
advierten que, para garantizar la imparcialidad y evitar interferencias en la
investigación, la Procuraduría debería adoptar la misma medida preventiva que
aplicó en Barrancabermeja: la suspensión temporal del alcalde mientras avanza
el proceso disciplinario.
La situación deja en evidencia un patrón
preocupante: el uso político de los cargos públicos en beneficio de intereses
familiares y electorales, lo que pone en entredicho los principios de neutralidad
y transparencia que deben regir la función pública.
Mientras tanto, Cúcuta sigue enfrentando graves desafíos sociales, con miles de ciudadanos invisibles ante una administración que parece más enfocada en la contienda política que en gobernar.
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