Corte Suprema acusa al exgobernador de Santander Mauricio Aguilar por presuntas irregularidades en contratos con Canal TRO

Por: Redacción Judicial


En una audiencia realizada este lunes, la Corte Suprema de Justicia formalizó la acusación contra Mauricio Aguilar Hurtado, exgobernador de Santander (2020–2023), por presuntas irregularidades en la contratación estatal durante su administración.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Aguilar habría intervenido directamente en la celebración de dos convenios con la Televisión Regional del Oriente – Canal TRO, firmados durante los años 2020 y 2021, por un valor conjunto cercano a los 8.000 millones de pesos. Los recursos habrían sido transferidos desde la Gobernación de Santander hacia el medio de comunicación regional.

Convenios bajo la lupa

La acusación señala que dichos contratos se suscribieron sin cumplir los requisitos precontractuales establecidos por la ley, lo que implicaría una falta de planeación, supervisión y transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Según la Fiscalía, la omisión de estos procedimientos vulneró los principios de legalidad y responsabilidad en la contratación estatal, previstos en el Estatuto General de Contratación Pública.

Delitos imputados

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema imputará al exmandatario por los delitos de:

  • Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y

  • Peculado por apropiación a favor de terceros.

Estos cargos surgen luego de que la Fiscalía recopilara elementos materiales probatorios y testimonios que indicarían una posible intervención irregular de Aguilar en la aprobación y ejecución de los convenios.

Mauricio Aguilar, hijo del también exgobernador y excongresista Hugo Aguilar Naranjo, enfrenta por primera vez una acusación formal ante el alto tribunal. La Corte será la encargada de determinar si los hechos denunciados configuran delitos y si existió un aprovechamiento indebido de los recursos públicos departamentales.

Por ahora, el caso continúa en etapa de juicio, y la defensa del exgobernador busca demostrar que los contratos se ejecutaron dentro del marco legal y que no existió perjuicio al erario.

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