El Juzgado 15 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá revocó la libertad condicional que desde el pasado 11 de abril le había permitido a Emilio José Tapia Aldana —condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá y señalado protagonista del escándalo Centros Poblados— continuar cumpliendo sus penas fuera de prisión.
La orden judicial fue
categórica: captura inmediata.
El juez consideró
que, aunque Tapia cumplía formalmente con los requisitos para acceder al
beneficio, la gravedad de las conductas, la
magnitud del daño al erario y la afectación al interés público impiden
tratar su caso como uno más de trámite penitenciario o buen comportamiento.
“Con delitos que
ocasionaron el mayor descalabro de que se tenga noticia en la contratación
distrital, la vara no puede ser la misma”, advirtió el despacho.
La
corrección de un beneficio polémico
La Procuraduría General de la Nación había
apelado el beneficio otorgado por el Juzgado
Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla, que en abril autorizó
la libertad condicional pese a las alertas de varios organismos. La
intervención del Ministerio Público fue decisiva: el tribunal capitalino acogió
sus argumentos y devolvió el caso a la senda del control estricto.
En síntesis:
·
Juzgado 15
Penal (Bogotá): revocó la libertad condicional y ordenó la captura inmediata.
·
Juzgado 1º
de Ejecución de Penas (Barranquilla): había concedido el beneficio el
11 de abril.
·
Procuraduría:
apeló y promovió la revisión de fondo.
·
INPEC:
deberá materializar la recaptura y coordinar el reingreso penitenciario.
Fuentes judiciales
confirmaron que la juez que concedió el
beneficio en Barranquilla también será objeto de revisión
disciplinaria, un reflejo de que la cadena de decisiones en torno a grandes
condenados por corrupción no puede
escapar al escrutinio.
Tapia, entre
dos heridas abiertas: carrusel y Centros Poblados
El nombre de Emilio Tapia no es un expediente más.
Representa un punto de conexión entre dos de los mayores escándalos de
corrupción del país:
1.
El carrusel de la
contratación en Bogotá, que reveló redes de sobornos, manipulación de
licitaciones y desvío de recursos públicos a las más altas esferas políticas y
empresariales.
2.
El caso Centros
Poblados, que dejó un anticipo perdido de $70.000 millones para conectar escuelas rurales con
internet y un contrato por $1 billón
basado en pólizas falsas.
Investigaciones
periodísticas y judiciales señalan que parte de esos recursos se destinaron a compras personales y gastos de lujo por
más de $5.000 millones, mientras
cientos de comunidades siguen sin conectividad.
Una lección
institucional: la justicia no puede ser automática
El juez de Bogotá
abrió un debate de fondo: ¿deben
aplicarse los beneficios penitenciarios con criterios mecánicos, sin ponderar
el daño institucional que producen los delitos de corrupción?
El fallo propone
una respuesta ejemplar:
·
Test de
gravedad y confianza pública: En casos de macro-corrupción, el “buen
comportamiento” no basta; se debe evaluar el impacto sistémico y el riesgo de
reincidencia reputacional.
·
Control
cruzado de beneficios: Las condenas acumuladas por corrupción deben
pasar por un filtro reforzado, con participación de las víctimas institucionales
—Ministerio TIC, Contralorías, y entes de control—.
·
Prevención
y transparencia: La Secretaría de Transparencia de la Presidencia
sigue en deuda con una política real de seguimiento y control a los condenados
por corrupción.
Más allá del
fallo: el reto ciudadano
La revocatoria de
la libertad condicional a Emilio Tapia es una victoria judicial, pero también una advertencia cívica.
El caso expone la fragilidad de un sistema que a
veces olvida que la corrupción no solo se paga con cárcel, sino con la pérdida de confianza y de derechos colectivos.
La pregunta no es
si hubo corrupción, sino si la sociedad seguirá permitiendo que vuelva por la
puerta de atrás.
La justicia puede
corregir, pero solo la ciudadanía organizada
puede prevenir. Cada acto de vigilancia, cada veeduría y cada
exigencia pública son el antídoto cotidiano contra una impunidad que sigue
costando escuelas, hospitales y dignidad.
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