La Fiscalía señala que más de $612.000 millones en proyectos públicos habrían sido usados como moneda política para asegurar mayorías legislativas. Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco se declararon inocentes y niegan su participación en la red.
Por primera vez, la Fiscalía sitúa en el corazón del Ejecutivo —y en despachos contiguos a la oficina presidencial— el funcionamiento de una organización criminal presuntamente dirigida por dos de los exministros más influyentes del gobierno de Gustavo Petro: Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior).
Con su imputación, ambos se suman al grupo de 18 funcionarios y exfuncionarios que hoy enfrentan cargos por lo que el ente acusador describe como el esquema de corrupción más amplio y estructurado descubierto en esta administración. Según la Fiscalía, los exministros lideraban un sistema paralelo de poder, diseñado para corromper congresistas, manipular la contratación pública y asegurar mayorías legislativas para la aprobación de las principales reformas del Gobierno.
El plan criminal: sobornos, cupos indicativos y contratos direccionados
Durante la audiencia, la fiscal delegada María Cristina Patiño fue categórica:
“Ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal.”
El esquema, según la imputación, habría funcionado con precisión operativa entre mayo de 2023 y febrero de 2024, con epicentro en la Casa de Nariño y en los despachos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Invías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
La Fiscalía sostiene que se trató de una empresa del saqueo con vocación de permanencia, destinada a convertir recursos públicos —incluidos aquellos dirigidos a La Guajira, donde las comunidades siguen enfrentando mortalidad por desabastecimiento hídrico— en moneda de cambio político.
Las cifras dan cuenta de la dimensión del caso:
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74 proyectos en Invías por más de $571.000 millones
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5 proyectos en la UNGRD por más de $40.000 millones
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Más de $612.000 millones en total, presuntamente movilizados para asegurar apoyos en las comisiones Tercera y Cuarta del Congreso, donde se tramitaban las reformas económica, pensional y de salud.
La orden inicial: asegurar mayorías a cualquier costo
El relato de los testigos reconstruye la génesis del esquema. Según la Fiscalía, el 13 de junio de 2023, en pleno debate de la reforma pensional, Velasco habría dado una instrucción directa al entonces director de la UNGRD, Olmedo López:
“Buscar congresistas, ofrecer proyectos y garantizar mayorías.”
Ese mismo día, López —acompañado por el subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla— se reunió con la senadora Martha Peralta (MAIS), quien según el expediente coordinaba la estrategia legislativa del Gobierno. La Fiscalía asegura que en esa conversación se definieron los primeros direccionamientos contractuales para satisfacer las demandas de congresistas claves.
Los primeros proyectos direccionados
Los testimonios describen cómo se movió la contratación en:
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Puerto Concordia (Meta): $5.458 millones
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Mistrató (Risaralda): $4.811 millones
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Aguazul (Casanare): obras por afectación del río Únete
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La Guajira: $2.125 millones para maquinaria amarilla adjudicada a Isaac Francisco Riscala, señalado como contratista recurrente en la red
Todos, según la Fiscalía, apuntaban a recompensar apoyos políticos durante el trámite de la reforma pensional.
El “cónclave” del 27 de noviembre: la confesión interna del engranaje
Uno de los episodios más reveladores del expediente ocurrió en la sede del Ministerio del Interior, reunión bautizada por testigos como “el cónclave”.
Allí, según la Fiscalía, Velasco describió abiertamente la mecánica del aseguramiento de votos:
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Contratos direccionados a congresistas
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Compromisos económicos que ascenderían a $83.500 millones
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Un mapa detallado de cupos indicativos en múltiples departamentos
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La articulación necesaria entre Interior, Hacienda, Invías y UNGRD
Ese encuentro —según la imputación— permitió que otros altos funcionarios comprendieran la magnitud del engranaje que operaba desde dentro del Ejecutivo.
El papel de Ricardo Bonilla: la llave presupuestal del esquema
Bonilla, quien asistió presencialmente a su imputación, fue señalado por la Fiscalía como el hombre clave en el direccionamiento de recursos. Su despacho, sus asesoras y el control sobre Invías lo convirtieron en la columna vertebral financiera del esquema.
La fiscal Patiño detalló que:
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Delegó en la asesora María Alejandra Benavides Soto la gestión de convenios para congresistas.
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Autorizó un paquete de 71 proyectos identificados como “cupo político” para parlamentarios.
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Avaló adiciones para municipios de Córdoba —incluidos Los Córdobas, Lorica y Tierralta— en la época de mayor tensión legislativa.
En total, sólo desde sus oficinas se habría movido un engranaje de más de $556.000 millones en adiciones, convenios y proyectos priorizados.
Los beneficiarios políticos: nombres y comisiones bajo la lupa
La Fiscalía identificó congresistas presuntamente beneficiados por los direccionamientos, entre ellos:
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Wadid Mansur,
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Karen Manrique,
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Liliana Pitar,
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Julián Peinado,
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Juan Diego Muñoz,
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Juan Pablo Gallo,
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Julio Elías Chagüi, intermediario clave en varios episodios.
Los proyectos se distribuyeron estratégicamente entre las comisiones Tercera y Cuarta de Senado y Cámara, donde se decidía el futuro de las reformas económica, pensional y de salud.
Las defensas: “acusaciones infladas” y “confusión”
Ambos exministros se declararon inocentes.
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Velasco, visiblemente afectado, dijo:
“Estoy confundido, señoría.”
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Bonilla aseguró que el caso se sostiene en “acusaciones infladas” y prometió no abandonar el país.
El 18 de diciembre continuará la audiencia, en la que el tribunal definirá si les impone medida de aseguramiento en detención domiciliaria, como pidió la Fiscalía.
Un caso que sacude al núcleo del Gobierno
La imputación simultánea a dos exministros de Hacienda e Interior —los cargos más relevantes después del Presidente— eleva esta investigación a una dimensión política sin precedentes en la administración Petro.
Si se prueba lo señalado por la Fiscalía, el país estaría ante una estructura de corrupción que no sólo comprometió recursos esenciales para regiones vulnerables, sino que habría utilizado al Estado como maquinaria electoral interna.
Lo que viene será determinante para el futuro político del Gobierno, la credibilidad institucional y la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos.
Montos por departamento y proyectos direccionados
(Según la imputación revelada por la Fiscalía)
Departamentos con proyectos direccionados desde Invías y la UNGRD
| Departamento | Número de Proyectos | Monto total estimado |
|---|---|---|
| Córdoba | 7 proyectos | + $80.000 millones |
| Magdalena | 6 proyectos | + $60.000 millones |
| Atlántico | 5 proyectos | + $55.000 millones |
| La Guajira | 6 proyectos | + $50.000 millones |
| Cesar | 4 proyectos | + $40.000 millones |
| Antioquia | 5 proyectos | + $38.000 millones |
| Norte de Santander | 4 proyectos | + $35.000 millones |
| Córdoba (Los Córdobas, Lorica, Tierralta) | 3 convenios iniciales + adiciones | Incluidos en bloque de $556.473 millones |
| Meta (Puerto Concordia) | 1 proyecto | $5.458 millones |
| Risaralda (Mistrató) | 1 proyecto | $4.811 millones |
| Casanare (Aguazul) | 1 proyecto | No especificado (obras del río Únete) |
| Nariño, Sucre, Boyacá, Arauca, Caldas, Tolima | Diversos cupos indicativos | Montos no discriminados |
Total consolidado del entramado:
$612.000 millones, según el expediente fiscal.
El golpe más fuerte a la agenda legislativa del Gobierno Petro
La imputación de Velasco y Bonilla no solo expone presuntas irregularidades administrativas. Golpea el núcleo político del proyecto de gobierno y compromete directamente las condiciones bajo las cuales se tramitaron las reformas más importantes de la agenda del presidente.
1. Crisis de legitimidad para las reformas estructurales
La Fiscalía sostiene —siempre en etapa preliminar— que la aprobación de mayorías para las reformas pensional, de salud y laboral estuvo ligada a direccionamientos contractuales.
Esto abre tres grietas serias:
Debilita la legitimidad de las reformas, incluso si avanzaron democráticamente.
Permite a la oposición argumentar que el Gobierno “compró votos”.
Les da a las cortes material para futuras demandas de nulidad.
2. Afectación directa a la gobernabilidad
Velasco y Bonilla eran considerados piezas clave de la coalición:
Velasco: operador político, encargado de construir mayorías.
Bonilla: arquitecto fiscal, responsable del músculo presupuestal.
Su caída simultánea deja al Gobierno:
Sin articulador político sólido.
Sin la confianza plena del Congreso.
Con fracturas internas que debilitan la aprobación de los proyectos que restan del mandato.
3. Impacto en la opinión pública
La narrativa de “corrupción en el corazón del Gobierno” afecta:
La imagen del presidente.
La credibilidad de su promesa anticorrupción.
La viabilidad de movilizar apoyo ciudadano a futuras reformas.
4. Riesgo de parálisis legislativa en 2025–2026
Los congresistas que aparecen mencionados podrían enfrentar:
Investigaciones internas
Suspensiones en comisiones
Pérdida de capital político para votar asuntos clave
Esto complica la aprobación de:
Reforma pensional complementaria
Ajustes a la reforma de salud
Reforma educativa
Proyectos tributarios
5. Giro del debate político hacia la transparencia
El caso fortalece las demandas de:
Mayor trazabilidad del gasto público
Eliminación de cupos indicativos
Auditorías externas
Reformas al Invías y a la UNGRD
Reglas estrictas para la contratación territorial en periodos de reforma
En suma: La crisis se convierte en un terremoto político que reconfigura el cierre del Gobierno Petro.
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