Las próximas elecciones enfrentarán dos visiones opuestas de país: una orientada a profundizar las reformas sociales y otra enfocada en un modelo de autoridad y confrontación política.
Las elecciones presidenciales que se aproximan no solo representan la escogencia de un nombre para dirigir el país durante los próximos cuatro años. Lo que está en juego es la definición de dos modelos de nación profundamente distintos: uno que apuesta por profundizar las políticas sociales impulsadas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y otro que propone un giro hacia fórmulas de seguridad, autoridad y mercado que recuerdan etapas anteriores de la vida política colombiana.
Durante los últimos años, el debate público ha
estado marcado por una intensa polarización. Las redes sociales, los grandes
conglomerados mediáticos y diversos sectores políticos han convertido la
confrontación en una estrategia permanente. En ese escenario, resulta evidente
que muchas veces se ha construido una narrativa centrada más en el miedo que en
la discusión de propuestas concretas.
No puede desconocerse que el gobierno de Gustavo
Petro ha enfrentado dificultades importantes. Los problemas de seguridad
persisten en amplias regiones del país, la política de Paz Total no ha
producido todos los resultados esperados y el sistema de salud atraviesa
tensiones que generan preocupación entre millones de colombianos. Esos hechos
forman parte de la realidad nacional y deben ser reconocidos con honestidad.
Pero también es cierto que existen avances que
millones de ciudadanos consideran significativos. Los incrementos del salario
mínimo han fortalecido el ingreso de los trabajadores, se ampliaron programas
de transferencias sociales para adultos mayores y familias vulnerables, se
impulsó una reforma pensional que busca proteger a quienes nunca lograron
acceder a una pensión y se fortalecieron garantías para aprendices del SENA y
estudiantes de educación superior.
Un aspecto que pocas veces se menciona es el
mejoramiento de las condiciones económicas de quienes prestan servicio militar.
Durante décadas, miles de jóvenes provenientes de hogares humildes asumieron
los costos humanos de la guerra en condiciones precarias. Hoy reciben mayores
ingresos, acceso a beneficios sociales y mejores oportunidades de formación y
permanencia laboral. Para muchos sectores populares, estas medidas representan
un acto de reconocimiento y dignificación.
Frente a este panorama emerge la candidatura de
Iván Cepeda, un dirigente identificado con la defensa de los derechos humanos,
la implementación de los acuerdos de paz y la búsqueda de consensos
democráticos. Sus planteamientos apuntan a consolidar buena parte de las transformaciones
sociales impulsadas durante el actual gobierno, ampliar la protección a los
sectores vulnerables y fortalecer mecanismos de diálogo nacional.
En la otra orilla se ubica Abelardo de la
Espriella, cuya propuesta política se caracteriza por un discurso de
confrontación más marcado y por planteamientos que generan controversia en
amplios sectores de la sociedad. Entre ellos se encuentran iniciativas
relacionadas con la dolarización de la economía, el fortalecimiento de
estrategias de seguridad inspiradas en modelos extranjeros y la construcción de
grandes complejos carcelarios como respuesta a la criminalidad.
La pregunta de fondo es cuál de estas visiones
responde mejor a los desafíos del país. ¿Debe Colombia profundizar las
políticas sociales, la inclusión y la búsqueda de acuerdos nacionales? ¿O debe
apostar por una agenda centrada principalmente en la autoridad y el
endurecimiento institucional?
Desde esta tribuna consideramos que el país
necesita fortalecer la democracia, ampliar derechos y construir puentes entre
sectores históricamente enfrentados. Colombia requiere menos discursos de
enemigos y más discursos de ciudadanos; menos polarización y más diálogo; menos
exclusión y más oportunidades.
La democracia no se fortalece cuando una parte de la
sociedad es señalada como adversario irreconciliable. Se fortalece cuando se
reconoce la diversidad política y se garantizan plenamente los derechos de
quienes piensan diferente.
Por esa razón, quienes valoran la continuidad de
las políticas sociales, la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de la
paz y la ampliación de oportunidades para los sectores populares encuentran en
Iván Cepeda una alternativa que representa esa visión de país. Más allá de
simpatías partidistas, el verdadero debate consiste en decidir si Colombia
avanza hacia una democracia más incluyente o si regresa a una lógica política
dominada por el miedo y la confrontación.
La decisión final corresponde a los ciudadanos.
Pero una cosa resulta clara: el futuro del país debe construirse sobre la
esperanza y no sobre el temor.
Ocho razones por las que
millones de colombianos consideran que debe existir continuidad en las
políticas sociales
1. Dignificación de la Fuerza Pública y del servicio militar: Una deuda histórica que comenzó a saldarse
Durante décadas, los soldados regulares, auxiliares y
jóvenes que prestaban el servicio militar obligatorio fueron los grandes
olvidados del Estado colombiano. La mayoría provenían de hogares campesinos,
obreros y familias de escasos recursos económicos.
Muchos recibían
bonificaciones mínimas y enfrentaban dificultades económicas mientras
arriesgaban su vida en medio del conflicto armado.
Durante el gobierno de
Gustavo Petro se impulsaron mejoras salariales y de bienestar para soldados, auxiliares
y miembros de la Fuerza Pública. El Gobierno anunció que los soldados regulares
pasarían a recibir un salario mínimo mensual, una medida sin precedentes en la
historia reciente del país. También se fortalecieron beneficios sociales,
acceso a salud, educación, programas educativos y apoyos económicos para
quienes culminan su servicio.
También se impulsaron mejoras
salariales para integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el
INPEC, además de programas de acceso a educación superior y capacitación
laboral.
Paradójicamente, fue un
gobierno progresista el que impulsó algunas de las medidas más importantes de
dignificación para quienes integran la Fuerza Pública.
La pregunta que surge es si
el próximo gobierno profundizará esas conquistas o las reemplazará por una
visión distinta de la seguridad.
2. Incrementos históricos del salario mínimo
Uno de los aspectos más visibles de la administración Petro
ha sido la política de fortalecimiento del ingreso de los trabajadores.
El salario mínimo registró incrementos consecutivos por
encima de la inflación.
Para millones de trabajadores esto significó una
recuperación parcial del poder adquisitivo perdido durante años.
Para 2026 el salario mínimo fue fijado en $1.750.905.oo, acompañado
por un incremento del auxilio de transporte hasta los $249.095.oo, sumando un
ingreso de $2.000.000.oo.
Los aumentos no solamente beneficiaron a quienes devengan
un salario mínimo, sino también a pensionados, trabajadores informales,
contratistas y sectores económicos cuyos ingresos se encuentran indexados al
salario mínimo legal vigente.
En un contexto de inflación mundial, estos incrementos
permitieron proteger parcialmente el ingreso de los hogares más vulnerables. Los
defensores de esta política sostienen que estos aumentos permitieron recuperar
poder adquisitivo para millones de hogares trabajadores y dinamizar el consumo
interno. Sus críticos advierten riesgos inflacionarios, pero lo cierto es que
el debate puso nuevamente en el centro la discusión sobre el salario digno.
Alivios económicos para millones de propietarios de
vehículos
Las políticas sociales no solamente se reflejan en
subsidios o programas estatales. También se manifiestan cuando el Estado adopta
medidas para aliviar los gastos que afectan directamente el presupuesto de las
familias.
Un ejemplo de ello fue la reducción de las tarifas del
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para el año 2025.
La medida permitió una disminución cercana al 8,68 % para
la gran mayoría de automotores particulares, incluyendo:
• Automóviles particulares.
• Camionetas y camperos.
• Motocicletas superiores a 200 centímetros cúbicos.
• Vehículos de carga.
• Vehículos oficiales.
• Vehículos diplomáticos.
Adicionalmente, se mantuvo el descuento del 50 % para las
categorías beneficiadas por el Decreto 2497 de 2022, beneficio que continúa
favoreciendo a millones de conductores.
Para miles de familias colombianas, especialmente
trabajadores, pequeños comerciantes, transportadores y motociclistas, esta
medida representó un alivio concreto frente al aumento del costo de vida.
No
se trató únicamente de una reducción tarifaria. Fue una decisión que permitió
aliviar gastos obligatorios y proteger el ingreso de millones de hogares.
3. El regreso de la mesada 14 para docentes y miembros de la Fuerza Pública
Uno de los avances más valorados por amplios sectores de
pensionados fue el reconocimiento de la mesada 14 para docentes y miembros de
la Fuerza Pública que conservaban este derecho.
Para miles de familias esto representó una mejora
importante en sus ingresos y en sus condiciones de vida.
Actualmente también cursan iniciativas legislativas
orientadas a ampliar beneficios para pensionados del sistema público
administrado por Colpensiones y la UGPP.
La discusión sobre la extensión de estos beneficios refleja
un debate nacional sobre la necesidad de garantizar una vejez digna para
quienes trabajaron durante décadas aportando al desarrollo del país.
4. Reforma pensional y protección de los adultos mayores
quienes nunca pudieron pensionarse
Durante décadas millones de colombianos trabajaron toda su
vida sin lograr completar las semanas necesarias para acceder a una pensión.
La reforma pensional impulsó la creación de mecanismos de protección
para adultos mayores que históricamente habían quedado excluidos del sistema.
Igualmente se fortalecieron programas como Colombia Mayor,
ampliando la cobertura y aumentando los recursos dirigidos a los sectores más
vulnerables en situación de pobreza.
Por primera vez se planteó una política pública con el
objetivo de garantizar un ingreso básico a quienes envejecieron sin protección
estatal.
5. La recuperación de derechos laborales que habían sido
eliminados
Uno de los cambios más
importantes impulsados por el actual gobierno fue la recuperación progresiva de
derechos laborales que durante años fueron recortados.
La Ley 2466 de 2025
estableció la recuperación gradual de los recargos dominicales y festivos para
los trabajadores colombianos.
Durante años millones de
trabajadores vieron disminuidos sus ingresos por reformas que redujeron el
valor de los recargos y ampliaron las jornadas laborales sin una compensación
adecuada.
La nueva legislación
contempla:
• Incremento progresivo de
los recargos dominicales y festivos hasta alcanzar nuevamente el 100%.
• Recargos superiores para
quienes trabajan en días de descanso obligatorio.
• Recuperación de derechos
relacionados con el trabajo nocturno.
• Fortalecimiento de
garantías laborales para millones de trabajadores formales.
Estas medidas representan una
reivindicación histórica para empleados del comercio, vigilancia, transporte,
salud, industria, restaurantes, hoteles y otros sectores que laboran mientras
la mayoría descansa.
6. La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial
Por primera vez en décadas Colombia avanza hacia una
reducción gradual de la jornada laboral semanal.
La jornada máxima pasó progresivamente de 48 horas
semanales a 42 horas semanales.
Esto significa más tiempo para la familia, para la
educación, para el descanso y para la calidad de vida de millones de
trabajadores.
Además, al disminuir la jornada ordinaria, aumenta el valor
de la hora laboral, lo que repercute directamente en el pago de horas extras,
recargos nocturnos, dominicales y festivos.
Se trata de una transformación laboral que acerca a
Colombia a estándares internacionales sobre trabajo digno y productividad.
7. Educación, estudiantes y oportunidades para los jóvenes
Otro de los pilares de la política social ha sido la
ampliación de oportunidades educativas. El gobierno impulsó medidas para
ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer la formación técnica y
tecnológica.
Se fortalecieron programas de acceso a la educación
superior pública, se ampliaron mecanismos de gratuidad para estudiantes de
menores ingresos y se mejoraron las condiciones de los aprendices del SENA
quienes obtuvieron mayores garantías económicas, afiliación a seguridad social
y reconocimiento de derechos laborales dentro de la reforma laboral.
Para miles de jóvenes de sectores populares, estas medidas
representan una oportunidad real de movilidad social y acceso al mercado
laboral.
La reforma laboral reconoció mayores garantías económicas
para los aprendices, incluyendo aportes a seguridad social y mejores
condiciones de formación.
Al mismo tiempo, programas como Renta Ciudadana, Devolución
del IVA y Colombia Mayor fortalecieron la protección de millones de hogares
vulnerables.
La reducción de la pobreza y la ampliación de oportunidades
educativas continúan siendo algunos de los principales argumentos de quienes
consideran que estas políticas deben tener continuidad en los próximos años.
La dignificación de los médicos internos: un hecho histórico
Uno de los avances menos visibilizados del actual gobierno
fue el reconocimiento económico a cerca de 8.000 médicos internos en todo el
país.
Durante décadas, miles de estudiantes de medicina
realizaron jornadas extenuantes en hospitales y clínicas sin recibir una
remuneración acorde con la responsabilidad que asumían.
Por primera vez en la historia reciente de Colombia, los
médicos internos comenzaron a recibir un reconocimiento económico equivalente a
un Salario Mínimo Vital que supera los dos millones de pesos mensuales,
incluyendo aportes a seguridad social integral.
La medida contempla:
• Pago directo a través de la ADRES.
• Cobertura integral en salud y seguridad social.
• Eliminación de intermediarios financieros.
• Mayor transparencia y trazabilidad de los recursos públicos.
• Reconocimiento económico obligatorio durante el año de internado rotatorio.
Esta política constituye un cambio profundo en la formación
médica colombiana, pues reconoce que quienes contribuyen a salvar vidas y
sostener los servicios hospitalarios también merecen condiciones dignas.
A ello se suma el fortalecimiento de los Equipos
Territoriales de Salud, mediante los cuales miles de profesionales han llegado
a regiones apartadas del país, acercando los servicios médicos a comunidades
históricamente excluidas y generando empleo formal en el sector salud.
La
dignificación de los médicos internos, junto con la ampliación de programas de
educación pública, constituye uno de los ejemplos más concretos de cómo las
políticas sociales pueden traducirse en oportunidades reales para las nuevas
generaciones.
8. Reforma agraria, inclusión social y reducción de la pobreza
La entrega de tierras a
campesinos, el fortalecimiento de programas sociales y el apoyo a poblaciones históricamente
excluidas se convirtieron en ejes centrales del Gobierno.
Programas como Renta
Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor ampliaron la cobertura de ayudas
para millones de hogares vulnerables.
Al mismo tiempo, el Gobierno
ha defendido una visión según la cual el crecimiento económico debe ir
acompañado de justicia social, inclusión y reducción de las brechas históricas
que afectan a las regiones más pobres del país.
Dos modelos de país
La discusión electoral no debería reducirse a quién grita
más fuerte ni a quién genera más miedo. Lo que realmente está en juego es la
continuidad o el cambio de un modelo político.
Por un lado, Iván Cepeda representa para sus simpatizantes
la posibilidad de profundizar reformas sociales, fortalecer los derechos
humanos, consolidar la paz y ampliar la inclusión social. Fortalecer derechos
laborales, ampliar la protección a pensionados, campesinos, estudiantes,
trabajadores y Fuerza Pública.
Por otro, Abelardo de la Espriella propone un enfoque
basado principalmente en la autoridad, el endurecimiento de la política
criminal, la dolarización de la economía y un modelo de seguridad más agresivo.
Los colombianos deberán decidir cuál de esas dos visiones
consideran más conveniente para el futuro de la nación.
Porque
más allá de los nombres, lo que está en juego es la definición del país que
heredarán las próximas generaciones.
La
decisión final será de los ciudadanos. Pero para millones de colombianos, el
debate ya no gira alrededor del miedo, sino alrededor de una pregunta
fundamental: ¿deben continuar las transformaciones sociales iniciadas en los
últimos años o debe Colombia regresar al modelo que gobernó durante gran parte
de las últimas décadas?
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