La noche volvió a caer sobre el Catatumbo acompañada de explosiones. En las zonas rurales de Tibú y San Calixto, el sonido de las bombas y las detonaciones interrumpió la tranquilidad de comunidades campesinas que llevan más de un año y medio atrapadas en medio de la confrontación armada.
La operación militar, ejecutada entre la noche del lunes 10 de agosto y la madrugada del martes 11, estaba dirigida contra una estructura del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Gobierno la presentó como una acción contundente contra una organización criminal; pero en las veredas, las autoridades locales y los organismos de derechos humanos comenzaron a documentar una realidad mucho más dolorosa: campesinos heridos, viviendas afectadas, familias desplazadas y personas cuya situación aún genera preocupación.
Es el primer gran operativo aéreo de este tipo durante el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien llegó a la Casa de Nariño con la promesa de una política de seguridad de mano dura frente a los grupos armados ilegales.
El Gobierno habla de una operación contra el ELN
El Ministerio de Defensa confirmó que las Fuerzas Militares desarrollaron una operación contra una estructura del ELN que delinque en Norte de Santander.
Según la versión oficial, durante la acción fueron neutralizados dos presuntos integrantes de esa organización y se incautaron aproximadamente 1,5 toneladas de explosivos y 440 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones, además de equipos de comunicaciones y material de intendencia.
Las tropas también localizaron y destruyeron dos búnkeres y cinco áreas campamentarias que, de acuerdo con las autoridades, eran utilizadas por el ELN.
El Ministerio de Defensa sostuvo que la operación fue planeada y ejecutada bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario y los principios de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad.
Sin embargo, mientras desde Bogotá se hablaba de un golpe contra una estructura armada, en las comunidades rurales comenzaban a aparecer testimonios sobre las consecuencias de las explosiones.
Tres campesinos heridos
La Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo informó sobre tres campesinos heridos y reportó afectaciones en viviendas y bienes civiles.
Los pobladores señalaron como víctimas a Elfido Galván, Lucía Amparo Guerrero y Yadimier Ascanio.
También se conocieron reportes sobre personas desaparecidas y desplazamientos de familias hacia la cabecera municipal de El Tarra y otros sectores cercanos.
La preocupación creció rápidamente porque no se trataba únicamente de las consecuencias de un enfrentamiento entre grupos armados. En esta ocasión, las comunidades denunciaban que la operación militar había alcanzado espacios donde permanecía población campesina.
La Defensoría del Pueblo llegó a verificar la situación
Uno de los elementos más relevantes de esta crisis fue la intervención de la Defensoría del Pueblo, que confirmó la existencia de civiles afectados.
El organismo señaló que autoridades de San Calixto y El Tarra se desplazaron hacia la zona para verificar las posibles afectaciones ocasionadas por el bombardeo.
La Defensoría confirmó que entre los afectados se encontraban tres campesinos civiles, incluida una mujer de 44 años, quienes resultaron heridos.
El pronunciamiento del organismo de derechos humanos puso nuevamente sobre la mesa la situación de extrema vulnerabilidad que enfrenta la población del Catatumbo.
La Defensoría pidió a las autoridades municipales y departamentales disponer de manera inmediata los recursos y mecanismos necesarios para garantizar la atención humanitaria de emergencia de las personas heridas, afectadas o desplazadas.
Pero su llamado fue más allá.
También solicitó a las Fuerzas Militares reforzar la planeación y evaluación de las operaciones, teniendo como referencia los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario, precisamente para evitar que la población civil termine pagando el precio de las operaciones contra los grupos armados.
La Personería también levanta la voz
Desde el territorio, la Personería Municipal de El Tarra expresó igualmente su preocupación.
El personero Jerson Andrey Figueroa calificó la operación como presuntamente desproporcionada y advirtió que pudo poner en riesgo la vida y la integridad de los habitantes de la comunidad.
Los heridos, según explicó, fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.
La Personería manifestó su rechazo a cualquier actuación que pueda poner en peligro a la población civil y reclamó especial atención frente a las consecuencias humanitarias que puedan derivarse de la operación.
La presencia y pronunciamiento tanto de la Defensoría del Pueblo como de la Personería resultan particularmente importantes porque trasladan la discusión desde el terreno estrictamente militar hacia el ámbito de los derechos humanos y la protección de la población civil.
Una comunidad atrapada entre dos fuegos
El Catatumbo lleva cerca de año y medio soportando una confrontación que ha enfrentado al ELN y a estructuras disidentes de las antiguas FARC, entre ellas el denominado Frente 33.
En medio de esa disputa territorial y armada están los campesinos.
Un líder social de la región resumió la situación con una frase que refleja el drama de las comunidades: “La comunidad es la que termina atrapada entre el fuego cruzado”.
Para los habitantes, la preocupación no está únicamente en los combates entre organizaciones ilegales. También existe temor frente a las operaciones estatales cuando estas se desarrollan cerca de viviendas, cultivos y comunidades campesinas.
La pregunta que queda en el aire
La operación militar deja dos versiones que ahora deberán ser contrastadas.
Por un lado, el Gobierno sostiene que se trató de una acción legítima contra una estructura del ELN y destaca la cantidad de explosivos y material de guerra incautado.
Por el otro, organismos como la Defensoría del Pueblo, la Personería de El Tarra, organizaciones humanitarias y líderes sociales reportan campesinos heridos, afectaciones a bienes civiles y desplazamiento de población.
La pregunta central ya no es solamente cuántos integrantes de una organización armada fueron neutralizados o cuánto material bélico fue destruido.
La pregunta es qué ocurrió con los campesinos que estaban allí.
Y, sobre todo, si en medio de la nueva política de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella, la promesa de una ofensiva contundente contra los grupos armados será compatible con la obligación constitucional y humanitaria de proteger a quienes no participan directamente en las hostilidades.
El primer campanazo del nuevo gobierno
Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia el pasado viernes con un discurso inequívoco frente a los grupos armados: enfrentar la ofensiva del Estado o someterse a la justicia.
Días después, el Catatumbo se convirtió en el escenario del primer gran campanazo de esa política.
Las bombas pueden haber tenido como objetivo al ELN. Pero sus efectos llegaron hasta las comunidades.
Ahora serán las investigaciones, las autoridades territoriales, la Defensoría del Pueblo, la Personería y los organismos competentes los que tendrán que establecer con precisión qué ocurrió en las zonas rurales de Tibú y San Calixto.
Porque en el Catatumbo, donde la guerra lleva demasiado tiempo, la verdadera prueba de cualquier operación militar no debería medirse únicamente por el número de objetivos destruidos, sino también por la capacidad del Estado para garantizar que los campesinos puedan sobrevivir a la guerra sin convertirse en sus víctimas.
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