Durante
15 minutos aproximadamente se registró una balacera en plena zona de frontera,
originando pánico en la población que se movilizaba sobre el puente
internacional Simón Bolívar y en la comunidad de La Parada en Villa del Rosario
(Norte de Santander).
Según
las autoridades la acción violenta se registró de lado venezolano en donde los
grupos armados pretenden mantener el control de la ilegalidad.
A
través de las redes sociales, se observan diversos videos en donde quedaron
registrados los momentos en que colombianos y venezolanos corrieron
atemorizados ante el ruido de los disparos. Se presume que se trata de
enfrentamientos entre ELN y Tren de Aragua.
Estos
dos grupos armados se disputan por las trochas de la zona de frontera el
movimiento de todo tipo de mercancía de contrabando y de narcotráfico.
Mientras
tanto la Policía y Ejército hacen presencia en la zona y realizan sobrevuelos con
el objetivo de mantener el control.
Según
las autoridades minutos antes de registrarse la balacera, la policía junto con
Migración Colombia entregaron a las autoridades venezolanas a un
extranjero señalado de conformar una banda delincuencial dedicada al hurto,
extorsión y homicidios.
Desde
que se determinó el cierre de frontera por parte del Gobierno venezolano,
en el 2015, se empezaron a registrar acciones violentas ante la
presencia de diversos grupos por las trochas, los pasos irregulares que
comunican a ambas naciones.
Aunque
desde hace dos meses Venezuela permite el paso peatonal, aún no se autoriza el
movimiento de vehículos e carga.
Fundaredes
a través de un informe, confirma los graves problemas que enfrenta la
ciudadanía como homicidios, secuestros y/o desapariciones y enfrentamientos.
Pero hay una conclusión indiscutible: la violencia persiste y que tiene
como una de sus principales causas la lucha por el control de territorios por
parte de grupos armados irregulares (GAI).
La ONG
destaca que logra recolectar información en Venezuela, sorteando obstáculos y a
pesar de las limitaciones existentes contra medios de comunicación, la censura
y autocensura, la aplicación irregular de la Ley de Responsabilidad Social en
Radio y Televisión (Ley Resorte), así como hostigamientos y persecuciones
contra periodistas, dueños de medios informativos, activistas y defensores de
derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad del Estado.
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