El congresista del Partido de la U es acusado de tráfico de influencias, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El caso gira en torno al presunto direccionamiento de contratos en el hospital regional de Ábrego.
Según la decisión del alto tribunal, el congresista del Partido de la U deberá enfrentar un juicio formal por los delitos de tráfico de influencias, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La investigación se centra en hechos ocurridos entre 2016 y 2017, cuando, de acuerdo con el expediente, Carrillo habría gestionado el nombramiento de la directora del hospital regional de Ábrego con el propósito de manipular la contratación interna y obtener beneficios económicos indebidos.
Presunta captura del hospital para desviar recursos
La Corte concluyó que no se trataría de hechos aislados, sino de un plan estructurado para incidir en la administración del hospital y direccionar contratos clave, particularmente los relacionados con el suministro de gasolina y la compra de insumos médicos, indispensables para la operación del centro asistencial.
De acuerdo con la investigación, el parlamentario habría utilizado su influencia política ante el entonces gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, para asegurar la designación de una gerente afín a su círculo político. Una vez en el cargo, esa designación se habría convertido en el mecanismo para adjudicar contratos a determinados proveedores.
El expediente sostiene que, a cambio de garantizar la asignación de esos contratos, Carrillo habría exigido y recibido comisiones ilegales. Estos recursos, que debían destinarse a la atención de pacientes y al fortalecimiento del sistema de salud regional, habrían terminado afectando gravemente el patrimonio público.
Un historial judicial que se acumula
No es la primera vez que el nombre de Wilmer Carrillo aparece en decisiones de la Corte Suprema. En diciembre de 2022, la Sala de Instrucción lo acusó por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2010, cuando se desempeñaba como secretario de Infraestructura de Norte de Santander.
Ese proceso está relacionado con un contrato por 2.650 millones de pesos para el mejoramiento y mantenimiento de la vía entre Salazar y Arboledas, financiado con recursos del Instituto Nacional de Vías (Invías). Según la Corte, el trámite contractual se habría adelantado con “clara improvisación”, y las obras ejecutadas habrían diferido sustancialmente de lo pactado inicialmente. La licitación contó con un único proponente, pese a solicitudes de ampliación de plazo por parte de otras empresas interesadas.
Además, el congresista ha sido mencionado en otras investigaciones por presuntos hechos relacionados con contratación pública, entre ellos un convenio firmado con una empresa cuyo socio mayoritario era su cuñado. También ha sido vinculado en compulsas de copias derivadas de investigaciones sobre presuntas irregularidades en la DIAN y en la asignación de contratos del Invías a congresistas.
Aspiración en medio del escándalo
El llamado a juicio se produce en momentos en que Carrillo sonaba como posible candidato a la presidencia de la Cámara de Representantes, lo que añade un componente político a su compleja situación judicial.
Aunque la decisión de llamamiento a juicio admite recursos por parte de la defensa, una vez quede en firme el proceso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia, donde se desarrollará el juicio público.
El caso ha generado indignación en distintos sectores, pues las conductas investigadas habrían impactado directamente recursos destinados a la salud de comunidades vulnerables de Norte de Santander. De comprobarse las acusaciones, el proceso dejaría al descubierto un esquema en el que intereses políticos y económicos se impusieron sobre el bienestar de los pacientes y la transparencia en la administración pública.
Por ahora, será la Corte Suprema de Justicia la encargada de determinar, en juicio, la responsabilidad penal del congresista en uno de los escándalos más sensibles para el departamento.
Nota editorial:
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad que tienen los ciudadanos al momento de acudir a las urnas. Más allá de las afinidades partidistas, los votantes deben examinar con rigor la trayectoria, los antecedentes y las investigaciones que rodean a quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular. La democracia exige transparencia y coherencia ética; por ello, resulta fundamental que la ciudadanía evalúe si los candidatos enfrentan procesos penales o cuestionamientos graves que puedan comprometer la confianza pública. Elegir con conciencia y memoria institucional es una forma de cerrar el paso a la corrupción y de enviar un mensaje claro contra cualquier intento de utilizar el poder para intereses particulares.
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