La directiva en cuestión establecía que las entidades públicas no podían justificar la celebración de contratos de prestación de servicios por falta de personal si tales contratos eran suscritos con personas que ya tenían otros contratos similares con diferentes entidades públicas. Esta disposición fue impugnada por los ciudadanos Joel David Gaona Lozano y Sebastián Rojas Sánchez.
El Consejo de Estado, después de revisar la directiva, concluyó que la prohibición de tener más de un contrato de prestación de servicios no tiene respaldo constitucional ni legal. Además, señaló que la Presidencia estaba imponiendo una restricción administrativa que interfería con la autonomía, la libertad de contratación y la libertad de empresa de las personas, sin que el Congreso hubiera legislado al respecto.
Cabe destacar que el Consejo de Estado ya había suspendido previamente otra directiva presidencial en diciembre, la cual limitaba a cuatro meses la duración de los contratos de prestación de servicios. En este caso, el tribunal también consideró que la medida afectaba derechos fundamentales y que su imposición por parte del ejecutivo era inconstitucional.
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