La Veeduría Prodefensa de la Universidad de Pamplona cuestiona a cinco integrantes del CSU y advierte sobre posibles conflictos de intereses, mientras este martes se discutirá el cronograma para elegir nuevo rector y una eventual reforma de los estatutos.
La elección del próximo rector de la Universidad de Pamplona entra en una nueva etapa, pero antes de que se abra oficialmente el proceso ya surgieron cuestionamientos sobre las reglas que podrían regirlo y sobre la actuación de algunos integrantes del Consejo Superior Universitario, CSU.
La controversia se produce después de que la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Ivaldo Torres Chávez para el periodo 2025-2028, revocando la sentencia de primera instancia y dejando sin efectos el Acuerdo 051 del 4 de diciembre de 2024, mediante el cual el CSU lo había designado como rector. El alto tribunal concluyó que el Consejo Superior no podía elegirlo para un tercer periodo consecutivo bajo las reglas estatutarias examinadas en el proceso.
Ahora, la atención vuelve a concentrarse en el máximo órgano de dirección de la institución.
Cinco consejeros, bajo cuestionamiento
De acuerdo con denuncias divulgadas por la Veeduría Prodefensa de la Universidad de Pamplona, cinco integrantes del Consejo Superior son objeto de cuestionamientos por su actuación durante el proceso que terminó con la elección de Torres.
La organización señala a Farid Rafael Villalba, representante de las autoridades académicas; José del Carmen Santiago Guevara, representante de los docentes; Luis Alberto Garzón, representante de los estudiantes; José Antonio Gélvez, representante de los egresados, y monseñor Luis Ernesto Mendoza Suárez, representante del sector productivo.
Según la Veeduría, estos consejeros respaldaron en su momento la designación de Torres y ahora podrían tener una posición determinante frente a las decisiones que adopte nuevamente el CSU.
El cuestionamiento cobra especial importancia porque entre los asuntos que serán puestos sobre la mesa figura una eventual modificación de los estatutos universitarios, precisamente antes de iniciar un nuevo proceso de selección del rector.
La Universidad de Pamplona mantiene publicados en su portal institucional los acuerdos que regulan el funcionamiento del CSU y sus decisiones, entre ellos las normas relacionadas con el Estatuto General.
Los vínculos familiares que pide investigar la Veeduría
Uno de los aspectos más delicados de la denuncia está relacionado con presuntas vinculaciones laborales o contractuales de familiares de algunos integrantes del Consejo Superior.
La Veeduría sostiene que estas situaciones deben ser examinadas para determinar si pudieron existir eventuales conflictos de intereses. Entre los casos que menciona está el del representante de los egresados, José Antonio Gélvez.
Según el escrito de coadyuvancia presentado por la organización dentro del proceso de nulidad electoral ante el Consejo de Estado, Gélvez integra el CSU desde 2018 y, durante ese periodo, algunos de sus hijos habrían tenido vinculaciones laborales o contractuales con la Universidad de Pamplona.
La Veeduría menciona particularmente a Diana Alexandra Gélvez, de quien afirma que inicialmente estuvo vinculada como profesora ocasional del Departamento de Educación Física y como recreacionista de Bienestar Universitario, para posteriormente llegar a la planta docente.
También hace referencia a Gilmar Antonio Gélvez, otro de los hijos del representante de los egresados, cuya relación laboral con la institución es presentada por la organización como un elemento que debería ser objeto de revisión.
Otro de los casos señalados corresponde a Yeimar Antonio Santiago Guevara, hermano del representante de los docentes, José del Carmen Santiago Guevara, cuya vinculación a la planta docente de la Universidad también es mencionada por la Veeduría.
A estos señalamientos se suma el caso de Ángela Villamizar, identificada por la organización como sobrina de la actual rectora encargada, Laura Patricia Villamizar Carrillo, quien aparece en la información oficial de la Universidad como rectora y miembro del Consejo Superior.
La existencia de una relación familiar o laboral, por sí sola, no demuestra la existencia de una conducta irregular. Lo que plantea la Veeduría es que estas circunstancias deben ser examinadas a la luz de las normas sobre impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses.
¿Qué dice el marco jurídico?
La organización ha invocado, entre otras disposiciones, el artículo 126 de la Constitución Política y el artículo 56 de la Ley 1952 de 2019, relacionados con las restricciones para quienes ejercen funciones públicas y con las actuaciones frente a situaciones de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento y conflicto de intereses.
Será, en todo caso, la autoridad competente la encargada de establecer si alguna de las situaciones denunciadas configura jurídicamente un conflicto de intereses o alguna otra conducta irregular.
El asunto adquiere mayor relevancia porque durante el proceso que terminó con la anulación de la elección de Torres también fueron discutidos aspectos relacionados con el límite a la reelección, el procedimiento de convocatoria, las condiciones de participación y una eventual desviación de poder.
La Procuraduría General de la Nación intervino en ese proceso y abordó, entre otros asuntos, los cuestionamientos sobre la autonomía universitaria, el límite estatutario a la reelección, las condiciones de la convocatoria y la presunta desviación de poder.
El martes se abre un nuevo capítulo
El próximo martes 22 de septiembre, a las 7:30 de la mañana, el Consejo Superior Universitario tiene prevista una sesión extraordinaria en el Club Comercio de Cúcuta.
Según la información conocida, entre los asuntos que serán considerados se encuentran el cronograma para la elección del nuevo rector y una eventual modificación de los estatutos de la Universidad de Pamplona.
Y es precisamente la posibilidad de modificar las reglas antes de abrir el proceso electoral la que ha encendido las alarmas.
El interrogante planteado por sectores estudiantiles y por la Veeduría es sencillo, pero de fondo: ¿por qué modificar ahora las reglas que deberán aplicarse a la elección del próximo rector?
La preocupación radica en que una modificación estatutaria podría cambiar las condiciones de participación de los aspirantes y, dependiendo de su contenido, generar efectos sobre quiénes estarían habilitados para competir.
El fantasma de un eventual regreso de Torres
Uno de los principales temores expresados por los sectores críticos es que una eventual reforma pueda modificar el límite de reelección y, de esa manera, abrir la puerta para que Ivaldo Torres Chávez vuelva a participar en un proceso de elección.
Pero aquí existe un elemento jurídico que no puede perderse de vista: el Consejo de Estado ya anuló el acto mediante el cual Torres fue designado para el periodo 2025-2028 y determinó que el CSU no podía elegirlo para un tercer periodo consecutivo bajo las normas que fueron objeto de análisis en el proceso. Además, la corporación inaplicó por inconstitucional el literal b) del artículo 27 del Acuerdo 027 de 2002 y apartes de los acuerdos que sirvieron de fundamento al proceso de 2024.
Por ello, cualquier reforma estatutaria que se pretenda aprobar deberá ser examinada no solamente desde la perspectiva de la autonomía universitaria, sino también frente al contenido y alcance de la decisión judicial.
¿Reforma legítima o cambio de reglas en medio del proceso?
La discusión que se abre este martes trasciende el nombre de quien ocupará la rectoría.
El verdadero debate está en determinar qué reglas se aplicarán, quiénes las modifican, cuándo se modifican y para qué finalidad.
Una universidad pública tiene autonomía para desarrollar sus normas internas dentro del marco constitucional y legal. Pero esa autonomía no significa que las decisiones de sus órganos de gobierno queden por fuera del control judicial o de los principios de transparencia, imparcialidad y respeto por las reglas previamente establecidas.
Por eso, la pregunta que hoy se hacen estudiantes, profesores, egresados y sectores de la comunidad universitaria es si la modificación estatutaria que eventualmente se discuta responde a una necesidad institucional general o si podría terminar beneficiando determinadas aspiraciones particulares.
Ese será uno de los principales puntos de atención durante la sesión extraordinaria.
Muchas preguntas y una decisión que puede marcar el futuro de Unipamplona
Las denuncias de la Veeduría dejan sobre la mesa varios interrogantes que tendrán que ser respondidos con documentos y decisiones concretas:
¿Existen conflictos de intereses que deban ser declarados o examinados antes de votar las reformas?
¿Qué modificaciones concretas se pretenden introducir a los estatutos?
¿Quién propuso esos cambios y cuál es su justificación jurídica y académica?
¿Las nuevas reglas se aplicarán únicamente hacia el futuro o podrían tener efectos sobre aspirantes que ya han ejercido la rectoría?
¿La reforma respetará los efectos de la sentencia del Consejo de Estado?
Y, sobre todo, ¿se están cambiando las reglas para fortalecer la institucionalidad de la Universidad de Pamplona o para favorecer una candidatura determinada?
¿Qué justifica modificar los estatutos de la Universidad de Pamplona justo cuando debe abrirse un nuevo proceso para elegir rector? ¿La reforma responde a una necesidad institucional o podría terminar beneficiando a una candidatura determinada?
Y : La respuesta deberá estar en el texto de la reforma, en las actas del Consejo Superior Universitario y en las decisiones que adopten sus integrantes.
La respuesta no debería quedar en rumores ni en acusaciones cruzadas. Tendrá que estar en las actas del Consejo Superior, en los textos de las reformas y en las decisiones que adopten sus integrantes.
Lo cierto es que la Universidad de Pamplona vuelve a estar frente a una encrucijada institucional: elegir un nuevo rector bajo reglas claras, públicas y previamente conocidas, o abrir una nueva controversia alrededor de una eventual modificación estatutaria.
Después del fallo del Consejo de Estado, el CSU tiene nuevamente la palabra. Y esta vez, sus decisiones estarán bajo la lupa de estudiantes, docentes, egresados, organismos de control y de toda la comunidad universitaria.
Y frente al tema sancionatorio podrían estarse
pisando dos líneas:
- Interés
indebido en la celebración de contratos, Violación del régimen de inhabilidades
e incompatibilidades, Tráfico de influencias y Cohecho.
- Conflicto
de intereses, Desviación de poder/finalidad y Favorecimiento contractual o
laboral.
Circunstancias
que ameritan ser verificadas por las autoridades competentes.
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