La medida cobija a más de una docena de exfuncionarios, además de familiares, activistas y personas vinculadas con la anterior administración. Algunos de los afectados anunciaron que acudirán a los recursos previstos por el procedimiento.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó el retiro de los esquemas de seguridad asignados a un grupo de exministros, exfuncionarios y personas relacionadas con el anterior Gobierno de Gustavo Petro, en el marco de la revisión de las medidas de protección que la entidad viene adelantando desde finales de agosto.
Entre los afectados aparecen varios integrantes del denominado “Gabinete por la Vida”, grupo conformado por antiguos funcionarios de la administración Petro para ejercer seguimiento y control político al actual Gobierno.
La lista conocida incluye al exministro de la Igualdad Luis Alfredo Acosta Zapata; la exministra de Ciencia Yesenia Olaya; el exministro de Trabajo Antonio Sanguino; la exministra de Comercio Diana Morales; el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo; el exministro de Hacienda Germán Ávila; la excanciller Rosa Yolanda Villavicencio y el exministro del Interior Armando Benedetti.
También aparecen en la relación el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, el exministro de Minas Edwin Palma, la exministra de las TIC Yeimi Carina Murcia, el exalto comisionado para la Paz Otty Patiño, el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia Jorge Lemus, el exsuperintendente de Salud Daniel Quintero, la expresidenta de la junta directiva de Ecopetrol Ángela María Robledo y el expresidente de Colpensiones Jaime Dussán.
Familiares y personas cercanas también están en la lista
La decisión no se limita a antiguos integrantes del gabinete. Entre las personas cobijadas aparece Pilar Rueda, funcionaria de la JEP y esposa del senador y excandidato presidencial Iván Cepeda; Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD; Mayerly Alejandra Legarda Quilcué, hija de la excandidata vicepresidencial Aida Quilcué, y el activista Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife.
El caso del exdirector del DNI Jorge Lemus ya había trascendido públicamente. Según reportes conocidos, el exfuncionario fue notificado de la decisión y anunció que presentará un recurso de apelación para intentar mantener las medidas de protección.
De acuerdo con la información publicada sobre el procedimiento, los demás afectados también tendrían un plazo de diez días para presentar los recursos correspondientes después de recibir la notificación.
Una revisión que comenzó semanas atrás
El retiro de estos esquemas hace parte de una revisión más amplia de las medidas de protección asignadas durante el anterior Gobierno. Bajo la dirección de Didier Blanco, la UNP viene evaluando los esquemas que permanecieron vigentes después del cambio de administración.
En días anteriores ya se había conocido el retiro de medidas de protección a figuras como Levy Rincón, Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, de acuerdo con reportes de medios nacionales.
La decisión ha abierto nuevamente el debate sobre los criterios utilizados por la UNP para determinar quién debe continuar bajo protección estatal, especialmente en casos de personas que ocuparon altos cargos públicos o que manifiestan mantener situaciones de riesgo.
El contexto de los incidentes de seguridad
La revisión ocurre además en un contexto marcado por cifras sobre los riesgos enfrentados por personas protegidas durante el anterior periodo presidencial.
Entre agosto de 2022 y junio de 2026, se contabilizaron 313 incidentes de seguridad contra personas que contaban con medidas de protección de la UNP. De ese total, 276 correspondieron a atentados y 37 a homicidios, según cifras reportadas a partir de información de la entidad.
Por ahora, el retiro de los esquemas no necesariamente constituye el cierre definitivo de todos los casos, pues los afectados pueden controvertir las decisiones mediante los recursos establecidos.
La discusión queda planteada: ¿qué criterios debe aplicar la UNP para determinar cuándo una persona deja de requerir protección estatal y cuándo deben mantenerse las medidas pese al cambio de Gobierno?
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