La sentencia en primera instancia por corrupción y direccionamiento de contratos públicos reabre el debate sobre la permanencia del congresista en su curul del Senado.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este miércoles al senador en ejercicio Ciro Alejandro Ramírez Cortés, del partido Centro Democrático, a 23 años de prisión, tras hallarlo responsable de delitos relacionados con corrupción en la contratación pública.
La decisión judicial establece una pena de 279 meses y 8 días de prisión, además de una inhabilidad para ejercer funciones públicas por 280 meses y una multa superior a los 22.340 millones de pesos, equivalente a 19.402,48 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Según el alto tribunal, Ramírez fue declarado culpable por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir agravado, al comprobarse que utilizó su investidura como senador para influir indebidamente en procesos estatales y direccionar recursos públicos hacia contratistas previamente seleccionados.
La Corte señaló que el congresista “se valió de su cargo como senador de la República” para intervenir en trámites administrativos y favorecer intereses particulares dentro de obras financiadas con recursos del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y otras entidades estatales.
El caso ‘Las Marionetas 2.0’
La condena se enmarca dentro del escándalo conocido como ‘Las Marionetas 2.0’, una red de corrupción que fue liderada por el fallecido exsenador liberal Mario Alberto Castaño, quien, según la investigación, operaba como eje central del entramado criminal.
De acuerdo con el expediente, la estructura manipulaba licitaciones públicas en diferentes regiones del país mediante un sistema de direccionamiento político de contratos, conocido popularmente como el “peaje del 10 %”, mediante el cual contratistas debían entregar comisiones ilegales a intermediarios políticos.
La Corte determinó que Ramírez habría intervenido en al menos 13 contratos públicos, cuyo valor superaría los 24.000 millones de pesos, destinados a obras en departamentos como Quindío, Tolima y Santander.
La curul sigue en debate
Pese a la gravedad de la sentencia, la salida inmediata del senador del Congreso aún no está definida.
La razón principal es que el fallo corresponde a una sentencia de primera instancia, lo que significa que puede ser apelado ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Mientras no exista una decisión definitiva, la pérdida de la curul no se hace efectiva de forma automática.
La defensa del congresista, encabezada por el abogado Pedro Nel Escorcia, anunció que interpondrá el recurso de apelación, con el objetivo de revertir o modificar la decisión.
Impacto político
El fallo reabre el debate sobre la permanencia de Ramírez en el Senado y genera repercusiones políticas para su partido, especialmente en un momento clave del escenario legislativo y electoral colombiano.
Analistas consideran que la decisión representa uno de los golpes judiciales más fuertes contra la corrupción política en los últimos años, al tratarse de un senador en ejercicio vinculado directamente con una red nacional de contratación irregular.
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