Más de $623.000 millones de regalías habrían sido desviados mediante un presunto cartel de direccionamiento de contratos que operó en varias regiones del país bajo la fachada de una asociación de municipios.
Mientras Colombia aún intenta asimilar el millonario escándalo de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde según las investigaciones judiciales fueron desviados cerca de 1,4 billones de pesos mediante contratos irregulares, un nuevo caso amenaza con convertirse en uno de los mayores desfalcos a los recursos públicos de los últimos años.
Se trata del expediente judicial conocido como "AREMCA", una investigación que mantiene a nueve personas privadas de la libertad y compareciendo ante jueces de control de garantías en Bogotá por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Sistema General de Regalías.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA) habría participado en la apropiación irregular de recursos públicos por un valor superior a los 623.350 millones de pesos, dinero que originalmente estaba destinado a financiar obras de infraestructura, salud, educación, agua potable y desarrollo regional.
La mina de oro de las regalías
El Sistema General de Regalías es el mecanismo mediante el cual el Estado colombiano administra y distribuye los recursos que pagan las empresas por la explotación de recursos naturales no renovables como petróleo, carbón, gas y minerales.
Estos recursos, que pertenecen a todos los colombianos, tienen como finalidad financiar proyectos de impacto social en los territorios. Sin embargo, según la investigación judicial, AREMCA habría convertido esos recursos en una fuente permanente de contratación direccionada y presuntos beneficios económicos ilícitos.
Para la Fiscalía, la organización funcionó como un verdadero Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), en el que cada integrante cumplía funciones específicas para garantizar el control de los contratos financiados con recursos de regalías.
Un presunto cartel de direccionamiento de contratos
Durante las más de nueve audiencias realizadas hasta el momento, el fiscal del caso ha descrito la estructura como un "cartel de direccionamiento de contratos" que operaba bajo la apariencia de una entidad pública para favorecer a determinados contratistas y miembros de la organización.
La investigación señala que entre 2017 y 2026 AREMCA habría participado en cerca de 100 contratos celebrados sin el cumplimiento de los requisitos legales en departamentos como Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira, Arauca, Casanare, Vichada, San Andrés, Caquetá y Cundinamarca, además de proyectos desarrollados en Bogotá.
Solo durante 2023, la entidad fue designada ejecutora de 74 proyectos financiados con regalías en distintas regiones del país, lo que representó alrededor de 148 contratos entre obras e interventorías.
Gustavo Bolaño, el supuesto cerebro de la red
En el centro de la investigación aparece Gustavo Bolaño Pastrana, ingeniero oriundo de Ciénaga de Oro, Córdoba, y uno de los capturados dentro del proceso.
Aunque dejó de figurar formalmente como director o representante legal de AREMCA desde 2018, la Fiscalía sostiene que continuó ejerciendo el control absoluto de la organización y que era considerado el verdadero "dueño" y jefe de facto de la entidad.
Según los investigadores, Bolaño mantenía una influencia determinante sobre las decisiones de contratación. Testimonios y evidencias recopiladas en el expediente indicarían que las decisiones estratégicas eran adoptadas bajo sus directrices y que incluso definía qué contratos debían ser firmados por la entonces directora ejecutiva, Emilia Álvarez.
La defensa de Bolaño, liderada por el abogado Ricardo Morales, ha rechazado las acusaciones y sostiene que no existe ningún acercamiento o negociación para un eventual preacuerdo con la Fiscalía.
El poder detrás de los contratos
La Fiscalía sostiene que Bolaño era el encargado de realizar gestiones políticas con alcaldes y gobernadores para lograr que AREMCA fuera seleccionada como ejecutora de proyectos financiados con recursos de regalías.
Una vez obtenida la designación, la organización presuntamente garantizaba que los contratos fueran adjudicados a determinados contratistas, vulnerando los principios de transparencia y selección objetiva establecidos en la ley.
Las investigaciones también apuntan a que supervisaba directamente la ejecución financiera de los contratos. Según lo expuesto en audiencia, a través de grupos de comunicación interna impartía instrucciones para agilizar pagos millonarios en cuestión de minutos, incluso sin contar con la totalidad de los soportes técnicos requeridos.
Adicionalmente, el ente acusador sostiene que la organización promovía mecanismos para evitar el recaudo de impuestos y contribuciones territoriales asociados a las obras públicas, generando beneficios económicos indebidos para algunos contratistas.
Una red construida sobre la lealtad
Uno de los aspectos que más llama la atención de los investigadores es la forma como, presuntamente, se consolidó la estructura operativa.
Según la Fiscalía, Gustavo Bolaño reclutaba profesionales jóvenes y recién graduados, ofreciéndoles sus primeras oportunidades laborales dentro de la organización. Posteriormente, esas personas eran utilizadas para firmar documentos relacionados con adjudicaciones contractuales, actas de cobro y otros trámites administrativos que hoy hacen parte de las pruebas recolectadas por las autoridades.
Un proceso que apenas comienza
El caso AREMCA avanza en los estrados judiciales y podría convertirse en una de las investigaciones por corrupción más importantes de los últimos años en Colombia.
Las autoridades continúan recopilando pruebas para establecer la dimensión real del presunto entramado y determinar la responsabilidad de los involucrados en un esquema que habría afectado recursos destinados al desarrollo de múltiples regiones del país.
Mientras el proceso judicial sigue su curso, la investigación pone nuevamente bajo la lupa el manejo de los recursos públicos y los mecanismos de control sobre los dineros provenientes de las regalías, fondos que fueron creados precisamente para cerrar brechas sociales y promover el desarrollo de las comunidades más necesitadas del país.
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