En la
Sede principal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el Gobierno
de Colombia y el Grupo Interagencial sobre flujos Migratorios Mixtos (GIFMM),
el cual articula a Agencias de Naciones Unidas, ONGs nacionales e
internacionales, organizaciones de la sociedad civil y al Movimiento de la Cruz
Roja, lanzaron el ‘Capítulo Colombia’ del Plan Regional de Respuesta para
Refugiados y Migrantes 2022 (RMRP por sus siglas en inglés), documento que
refleja las necesidades de financiación del país para poder dar una respuesta
adecuada al flujo mixto de personas provenientes de Venezuela.
En el
evento participaron la Viceministra de Asuntos Multilaterales, Maria Carmelina
Londoño; el Gerente de Fronteras de la Presidencia de la República, Lucas
Gómez; el Director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa; el
Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los Refugiados y Migrantes
Venezolanos, Eduardo Stein; el Enviado Especial del Director General de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la Respuesta
Regional de la Situación de Venezuela, Diego Beltrand; el Coordinador Regional
de ACNUR para la Situación de Venezuela, José Samaniego; la Jefe de Misión de
la OIM en Colombia, Ana Durán-Salvatierra; la Representante (E) de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en
Colombia, Elizabeth Eyster; y la Directora de la Oficina de Población,
Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos,
Anjalina Sen.
En el
marco del lanzamiento, la Señora Viceministra, Maria Carmelina Londoño,
reconoció el “papel que ha jugado el Plan Regional en la respuesta a la
migración venezolana, ya que este mecanismo permite dar visibilidad a las
necesidades de los países de acogida ante la comunidad internacional,
involucrándola a través de la cooperación, bajo el principio de responsabilidad
compartida”. De igual manera, resaltó la importancia de contar con el apoyo de
la comunidad internacional para seguir la ruta del Capítulo Colombia, el cual
establece un requerimiento de USD$ 803 millones para cubrir las necesidades de
atención integral y de financiación, por sector y territorio, que requiere el
país para continuar con la ardua y retadora tarea de integrar adecuadamente a
los refugiados y migrantes provenientes de Venezuela.
Las
partes destacaron que, según la Plataforma de Coordinación para Refugiados y
Migrantes de Venezuela (R4V), a diciembre de 2021, 6 millones de personas
venezolanas han salido de su país y 1,8 millones de ellas se encuentran en
Colombia, donde han sido acogidas con generosidad. Prueba de ello es la
decisión histórica del Gobierno Nacional de crear el Estatuto Temporal de
Protección para Venezolanos (ETPV), una medida de regularización a la que ya se
han acogido más de 1,5 millones de personas, que podrán acceder, en igualdad de
condiciones a la población colombiana, a derechos, oportunidades, servicios
esenciales y a una identificación plena.
Así
mismo, se destacó la importancia de continuar movilizando recursos humanos y
económicos significativos, ya que, en palabras del Representante Stein: «Los
esfuerzos de regularización en curso son un gesto de solidaridad y requerirán
una importante inversión financiera para que sean exitosos […]se necesita un
mayor compromiso y esfuerzos más concertados para garantizar que nadie se quede
atrás». Además, se resaltó que la atención adecuada a la población refugiada y
migrante proveniente de Venezuela requiere un apoyo de la comunidad
internacional, basado en el principio de la responsabilidad compartida, aún más
en un contexto de extrema vulnerabilidad, debido a la emergencia sanitaria
generada por el COVID-19 y la recuperación socioeconómica.
Las
partes concluyeron haciendo un llamado a la comunidad internacional para que
continúen apoyando los esfuerzos del Gobierno colombiano en su posición
determinada de acoger, integrar y proteger a los flujos mixtos que huyen de la
crisis multidimensional en Venezuela, y que se acojan al Capítulo Colombia del
Plan Regional como la hoja de ruta para realizar un adecuado desembolso de los
recursos y asegurar su implementación en beneficio de las comunidades con
mayores condiciones de vulnerabilidad.
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