El
«Gobierno interino» de Juan Guaidó encontró este lunes el argumento
legal que necesitaba para mantener el reconocimiento de Estados Unidos y de
varios países latinoamericanos. Los miembros de lo que queda de la Asamblea
Nacional del 2015 reformaron el llamado Estatuto para la transición, aprobado
en el 2019, y declararon que, mientras Nicolás Maduro no se
someta a unas elecciones libres y justas, la presidencia venezolana de derecho
continuará estando vacante, y por lo tanto, ese vacío será ocupado por el
presidente del último Parlamento legítimamente constituido, es decir, Juan
Guaidó.
La
continuidad del estatuto, que vencía el próximo 5 de enero, es más que un acto
formal, pues permite al «Gobierno interino» de Guaidó mantener el control
de compañías venezolanas en el extranjero, como la petrolera estadounidense
Citgo Group Corporation y la colombiana Monómeros Colombo-Venezolanos S.A.,
filiales de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y envueltas en la
polémica. Citgo está inmersa en varios litigios en EE.UU. y Monómeros se
encuentra intervenida, en medio de acusaciones de corrupción que ya no solo
proceden del régimen de Nicolás Maduro, sino que también provocaron un cisma en
la oposición hace un mes, cuando Julio Borges, canciller del
«Gobierno interino», renunció a su cargo criticando la mala gestión de la
empresa por parte del propio Guaidó.
Aparentemente,
ese cisma ha sido superado ahora para la aprobación de la continuidad del
Estatuto de transición, como señaló Guaidó al agradecer la decisión del Parlamento
electo en el 2015: «Es momento de corregir los errores, fortalecer la unidad
democrática, fortalecer a los diputados, protegerlos de la amenaza de la
dictadura». «Mi deber, lo digo a todos los venezolanos, es procurar ese cambio
en Venezuela», señaló el dirigente opositor, quien agregó que «hemos asumido el
riesgo porque no vamos a dejar solos a los venezolanos que han resistido una y
otra vez».
Diferentes
estatus
La
prolongación del estatuto da protección a Guaidó frente al régimen de Maduro,
pues su estatus, ya sea de «presidente interino», como lo reconoce EE.UU.,
o como «interlocutor privilegiado» (como lo han designado durante
todo este año España y la UE) le da garantías para continuar haciendo política
en Venezuela con menos riesgos.
Sin
embargo, dentro de Venezuela, diversos grupos han criticado tanto a Guaidó como
a la Asamblea Nacional por mantener «ficciones» sin poder real, y han
señalado que la oposición venezolana corre el riesgo de «cubanizarse», es
decir, de convertirse en una oposición en el exilio, con recursos, pero sin
posibilidades reales de conquistar el poder, algo que el propio dirigente ha
tratado de atajar. «Nicolás Maduro tiene fecha de vencimiento, desde el 2018
nos debe una elección presidencial y mi deber constitucional como presidente
encargado es luchar por una elección presidencial libre», subrayó.
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