300 familias del barrio Villatina (centroriente de
Medellín) llevan cinco años esperando a que los reubiquen, luego de
llevar más de 12 años en el sitio y de que se ordenara la demolición de
sus viviendas ubicadas en un área de más de 30 mil metros cuadrados
perteneciente al municipio de Medellín.
La orden de la Administración Municipal es demoler las
construcciones de este lugar debido a que el terreno es de alto riesgo para sus
habitantes. Sin embargo, las personas afectadas expresaron no tener garantías
de reubicación, pese a que el 3 de septiembre del año 2017 se hizo una reunión
entre la comunidad y varias dependencias de la Alcaldía, en el que se pactaron
varios acuerdos.
La Personería de Medellín solicitó a la Administración
Municipal de manera urgente suspender la demolición de casas e indicó que
pidió información al Inspector de Policía de Medellín y a la Alcaldía
desde el 3 de mayo del presente año sobre los acuerdos a los que llegó con la
comunidad.
"Se le sugiere a la Administración Municipal,
antes de intervenir el sector, se reubique a estas personas que se encuentran
en este sitio", afirmó Edna Romero, líder del Observatorio de Medio
Ambiente, Reasentamiento y Hábitat de la Personería de Medellín.
Desde esta agencia del Ministerio Público se
cuestionó si se realizó el debido proceso en el desalojo de estas
familias, si se les notificó con antelación su evacuación, si se realizó la
debida caracterización de las personas afectadas por este desalojo, además de
conocer las razones por las cuales a los afectados no se les ha dado garantía
de una reubicación.
"Principalmente se solicita conocer cuáles fueron
los acuerdos pactados durante el año 2017, para analizar si se cumplió o no y
verificar si se realizó el debido proceso con su desalojo y orden de
demolición", dijo la Personería.
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