Los carros piratas hacen su agosto mientras los transportadores de Cúcuta y San Cristóbal esperan el visto bueno. Van cuatro meses.
Los propietarios de carros por puesto dicen que han cumplido con los requisitos exigidos, pero aún así no pueden operar.
Con la promesa de que en enero comenzaría a funcionar el servicio de transporte entre Cúcuta (Norte de Santander) y San Cristóbal (Táchira), las empresas alistaron sus unidades, invirtieron en seguros y en la revisión técnico-mecánica.
Sin embargo, han pasado cuatro meses y no se les han dado luz verde, lo que tiene inquietos a estos transportadores de Colombia y Venezuela, porque aseguran que con sus vehículos paralizados pierden dinero y los gastos que tuvieron para cumplir los requisitos.
Doris Chacón Meneses, presidenta de Expresos Bolivarianos, recordó que durante 60 años prestaron este servicio hasta 2015, cuando se cerró la frontera.
“La mayoría de las empresas se entusiasmaron con la reapertura de la frontera. Los primeros días de enero, en una reunión en el Área Metropolitana de Cúcuta (AMC), nos confirmaron que era un hecho que el transporte binacional comenzaría a funcionar”, indicó.
Chacón resaltó que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) costó $1.200.000 y la certificación técnico-mecánica, $375.000 aproximadamente, para cada una de las 20 unidades que están listas.
“Es un dinero ahí, paralizado, sin dar fruto. ¿Por qué tanto protocolo de reinicio del transporte, mientras vemos que la piratería con, carros particulares, pasa como si nada la frontera?”, recalcó la representante de Expresos Bolivarianos.
Freddy Solano, vicepresidente de la Cámara de Transporte Público del Táchira y conductor de la línea Fronteras Unidas, señaló que no se explican cómo el AMC implementó unas cláusulas que no había anteriormente.
Manifestó que antes podían adquirir las pólizas contractual y extracontractual, según la norma establecida por la Comunidad Andina (CAN) directamente en Venezuela, pese a que esta no la exigían las autoridades, porque era poco la distancia recorrida dentro del área metropolitana de Cúcuta.
“Solo nos exigían el SOAT, la técnico-mecánica y la directriz de la Central de Transporte de Cúcuta. Ahora, en Colombia nos piden además unas pólizas, que ninguna aseguradora pueden vender en Cúcuta a vehículos venezolanos, porque no hay piso jurídico. Ahí estamos trancados”, añadió Solano.
El líder gremial informó que, en una reunión con el ministro Transporte saliente de Colombia, Guillermo Reyes, le indicaron que cada empresa daba la garantía de responder, si había algún daño que debieran cubrir esas pólizas, mientras se daba “piso jurídico”.
Freddy Solano expresó que ni el ministerio ni el AMC les dan respuesta definitiva, lo que afecta a 14 empresas de buses y autos por puesto con sede en el terminal de San Cristóbal.
¿Qué dice el AMC?
El arquitecto Miguel Peñaranda, director el AMC, aseguró que es el ministerio el que debe dar la ruta jurídica a seguir y que dentro de estos documentos hay uno que no ha sido posible sacar, como es el seguro de responsabilidad contractual y extracontractual, que los cubre en accidentes contra terceros.
Señaló que el ente que él dirige no habilita a las empresas de transporte colectivo, solo a los individuales. Resaltó que las que prestan el servicio internacional tienen condiciones que se pactaron por los gobiernos.
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