La reforma laboral afectaría el empleo formal./
De aprobarse la reforma laboral como se radicó en el Congreso, habría incrementos del costo laboral asociados al componente salarial y a las indemnizaciones, que se traducirían en el recorte de alrededor de 450.000 empleos formales en un horizonte entre tres y cuatro años en un escenario de medio impacto.
Este fue el panorama descrito por el Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del Banco de la República, el cual destacó que, en el primer componente, el incremento en el costo laboral oscilaría entre 3,2% y 10,7%.
Añadió que, en el segundo componente, esa alza sería de entre 1,2% y 1,9%, producto del aumento de 92% del valor promedio de las indemnizaciones. En el caso de los incrementos en costos de despido, el impacto podría tener un horizonte más largo
Advertencia de que reforma laboral acabaría con 5% de los empleos formales enfrenta a Petro y la Andi
Análisis divulgado por el Banrep dice que se acabarían 454 mil de los 9,27 millones de empleos formales que tiene Colombia, debido al aumento de los costos salariales.
El presidente Gustavo Petro, y el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, debatieron los alcances de la reforma laboral en Colombia. FOTO ARCHIVO
Bien es sabido que los gremios no quedaron contentos con la reforma laboral del Gobierno porque, entre otras cosas, creen que disparará los costos salariales y aseguran que no fue consensuada como se ha dicho. Pero esta vez el debate subió de tono y enfrentó a un presidente Gustavo Petro defendiendo a capa y espada el proyecto, y a la Andi, gremio empresarial, advirtiendo que se destruiría el empleo.
La manzana de la discordia fue un informe del Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República. En resumidas cuentas advierte que la reforma acabaría con 454.000 puestos de trabajo formales en Colombia (en un rango entre 152.000 y 746.000) porque a las empresas les subirían los costos laborales hasta 10,7%. Entonces se destruiría el 5% de los puestos de esta clase, pues hoy hay 9,27 millones de personas laborando formalmente.
El texto, del que muchos llamaron la atención por tener como uno de sus autores al PhD en Economía, Leonardo Bonilla, hijo del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, considera el reajuste del recargo nocturno desde las 6:00 p.m., el límite de ocho horas diarias de jornada laboral y el incremento del recargo dominical y festivo del 75% al 100% como los cambios que más impacto tendrían.
Mientras tanto, apunta, el hecho de que las personas que están vinculadas como contratistas –pero realicen una labor permanente– deban ser contratadas directamente a término indefinido, agregaría un 4,6% a los costos.
Así, punto a punto los expertos que realizaron el informe desglosan cuánto más tendrían que pagar los empleadores según los cambios de la reforma, y dejan claro que las micro y pequeñas empresas, sobre todo en sectores de actividades profesionales, recreación, hotelería, turismo y comercio serían las más golpeadas (ver gráfico).
Todo esto llevo al rifirrafe entre el presidente Petro y el líder de la Andi, Bruce Mac Master, quien aprovechó para insistir en que esta reforma no solo no crea empleo sino que lo destruye y eso es “un lujo que Colombia no puede darse”.
Petro le respondió fuerte e incluso mencionó la paz, una de sus banderas desde campaña. “Nunca habrá paz en Colombia con dirigentes empresariales que creen que esclavizando a los trabajadores se genera riqueza. El Pacto Social consiste en dignificar las condiciones de trabajo del pueblo colombiano”.
El Jefe de Estado dedicó hasta cinco publicaciones en su cuenta de Twitter para contradecir el estudio del grupo de expertos del Banrep, y entre otras cosas argumentó que el empleo no crece por “abaratar” el salario sino que depende de bajar el costo del crédito, proteger el comercio exterior o hacer producir la tierra.
“En Colombia se ha creído que volver el trabajador esclavo genera más riqueza, mentira. Tenemos la productividad más baja de la Ocde”, dijo.
Según los mensajes del presidente, la política para generar empleo iría por otro lado. De hecho, la propia ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, manifestó en su momento que la reforma no crea trabajo por sí misma, pero busca mejorar la productividad a través de la estabilidad, la formalización y la garantía de los derechos laborales.
Ese ha sido el gran “pero” de empresarios y centros de pensamiento. Por ejemplo, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, ha descrito cómo el proyecto está enfocado en otorgar una mayor remuneración y protección a los actuales empleados formales.
A los cambios en la jornada laboral y en el recargo dominical y festivo se suma el aumento de la indemnización para empleados despedidos sin justa causa, la cual pasaría a ser de 45 días de salario por el primer año de servicios y otros 45 por cada año adicional –hoy corresponden a 30 y 20, respectivamente–.
“Aunque varios de estos elementos tienen un objetivo loable, en un mercado laboral de altas tasas de desempleo y altas tasas de informalidad estas medidas generarán un aumento en la incidencia del empleo informal, un desincentivo a la generación de empleo y un incentivo a la automatización”, aseguró Fedesarrollo.
Cifras del Dane muestran cómo el país continúa con un mercado laboral bastante rezagado. Si bien la tasa de desempleo bajó a 10% en marzo –en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando fue de 12,1%–, aún hay 2,54 millones de personas desocupadas, mientras que el 58% de los ocupados trabajan informalmente.
Además, en un análisis sobre los puestos de trabajo que se crearon con corte a marzo, el centro de estudios económicos Anif apuntó que hubo “un crecimiento en 401.000 personas que ingresaron al empleo particular (más cercanos a las dinámicas formales), mientras que los trabajadores por cuenta propia (más alejados de la formalidad) crecieron en 551.000”.
En una suerte de predicción sobre el pulso entre Petro y los empresarios, Anif resaltó la importancia de que la recuperación de empleos sea formal, y para que esto pase se requiere de “la reducción de costos no salariales, ya que las mayores barreras a la contratación suelen dejar por fuera de la actividad formal a la población más vulnerable del país”.
El centro de investigaciones concluyó su análisis con un inquietante llamado: “Tememos que la propuesta de reforma laboral que presentó el Gobierno resulte en una menor capacidad de creación de empleo formal y, en consecuencia, en una mayor concentración de las personas ocupadas en el trabajo por cuenta propia, así como una mayor informalidad en la composición del empleo particular”.
Las recomendaciones
Con todo este contexto, desde Fedesarrollo surgieron algunas recomendaciones para la reforma laboral. Una de ellas es que la entrada de algunas medidas sea gradual, o condicionarla a un umbral en la tasa de desempleo, que podría ser el 8%.
En todo caso, para el tanque de pensamiento este es un mal momento para adoptar los cambios que se pretenden en el régimen laboral, teniendo en cuenta que el indicador de personas desocupadas sigue en doble dígito.
Incluso ese fue uno de los mensajes del presidente de la Andi en medio del pulso que sostuvo con Petro. “Mi comentario va a que no podemos tomar decisiones en reforma laboral que generen desempleo, no generen empleo, o produzcan informalidad (...) La economía entra en un momento complejo de crecimiento en el cual el empleo de los colombianos debe ser prioridad para todos”.
Dicho sea de paso, ese centro de pensamiento tiene unas cuentas similares a la de los expertos del Banrep. Considera que la reforma haría perder unos 460.000 empleos formales y aumentaría 2,1 puntos porcentuales la informalidad.
¿Recuperando lo perdido?
Para el Gobierno la premisa sigue siendo que los trabajadores recuperen los derechos laborales que perdieron hace 20 años, con la entrada en vigencia de la Ley 789.
“Lo que ha significado el recorte de no pagar los recargos nocturnos con la extensión de la jornada, primero hasta las 10 de la noche y luego hasta las 9 de la noche, más el recorte del despido sin justa causa que ha sido muy abaratado y ha generado que durante estos 20 años un trabajador que gana el salario mínimo haya dejado de recibir $33 millones”, dijo esta semana la ministra de Trabajo.
Adicionalmente, un estudio de la UGPP referenciado por la cartera laboral sugiere que solo 1 de cada 10 trabajadores en el país recibe remuneración por trabajar horas extras. “Estamos buscando que salga la mejor reforma laboral para todos y todas, Colombia la necesita (...) hoy más que nunca con las buenas señales para la economía, donde el desempleo y la inflación están disminuyendo, donde hemos implementado los procesos de formalización laboral (...)”, añadió la minTrabajo.
Por su parte, el presidente Petro ha sido claro que el éxito, no solo de la reforma laboral sino también de la pensional, está condicionado a que Colombia se vuelva un país más productivo en los próximos años.
El mismo día de la radicación de la laboral en el Congreso, el Jefe de Estado les dijo a quienes critican que esta disparara la informalidad y el desempleo que su análisis olvida las reformas pasadas, enfocadas en “reducir el salario y ampliar la jornada”, y su resultado: “Inestabilidad laboral que no ha permitido el crecimiento de la productividad en Colombia”.
Otro pulso Gobierno-gremios
En medio del debate hay que decir que justo a inicio de esta semana hubo otro rifirrafe entre el Gobierno y un gremio, luego de que la ministra de Trabajo dijera en el Congreso que Fenalco ha presentado algunas cifras alteradas y que no responden a la realidad del país, en su análisis de la reforma.
En respuesta, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, indicó que el hecho de que sus cifras no coincidan con las del Ministerio no quiere decir que estén alteradas. Agregó que el gremio trabaja con datos oficiales y de hecho el informe de expertos del Banrep coincide con sus estimaciones.
“Desconocer el alto impacto de la reforma en los costos laborales es tapar el sol con las manos”, dijo el líder gremial, quien llamó al respeto y al diálogo cordial a la ministra.
Así las cosas, se empieza a calentar la discusión de la reforma sin siquiera haber llegado a ser debatida en el Congreso. El Gobierno se mantiene firme en que la discusión en el Legislativo arranque en cuestión de días, pero el poco tiempo que queda en la legislatura podría jugar en contra.
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