50 denuncias han llegado a la Personería Distrital durante el último año sobre ediles que piden plata o favores sexuales para firmar certificados de labor social.
80 horas de servicio social deben presentar cada semestre los miles de beneficiarios de becas de Presupuesto Participativo para poder. Decreto lo reducirá a 40 a partir de junio. FOTO EL COLOMBIANO
¿Cuánto le cuesta a un estudiante de una institución oficial de Medellín la firma de un certificado de 80 horas de labor social? La respuesta varía dependiendo de la comuna donde viva y del edil que firme: los precios pueden ir desde $80.000 hasta $400.000, aunque hay otros ediles que piden favores sexuales o avisan cuando están mal de zapatos. Otros recomiendan dar “aportes voluntarios” para celebrar el Día del Niño o el de la Madre en el barrio.
De acuerdo con la Personería de Medellín, desde el 2021 han recibido más de 50 denuncias sobre jóvenes beneficiados por créditos educativos de presupuesto participativo a quienes les han cobrado en dinero o en especie la firma que cada semestre debe certificar que hicieron 80 horas de labor social con su comunidad. Además de eso, para mantener la beca los jóvenes deben conservar un promedio por encima de 3.0, matricular al menos 12 créditos y aprobar 10.
Ese anuncio hecho por la Personería hace tres semanas llegó por sorpresa a los barrios donde esta práctica corrupta es pan de cada día desde hace años, aunque casi nadie —hasta ahora— se queje ni denuncie públicamente. De hecho, de las quejas recopiladas por la Personería, apenas un par vienen con nombre y apellido, la mayoría son anónimas. Señalar públicamente a un edil no es tan fácil como señalar a un concejal, a un senador o a un ministro. El edil puede vivir en la casa o en la cuadra del frente, probablemente sea un amigo o conocido de la familia o hasta esté protegido por “los muchachos” del barrio. Además, para los certificados de labor social, muchos jóvenes consideran un beneficio el hecho de pagar para cumplir ese requisito, pues les ahorra el tiempo que muchas veces no tienen porque trabajan y estudian a la par. De hecho, hay un decreto reciente para que a partir del segundo semestre de este año se bajen a 40 horas.
El temor llega hasta la Personería, que solo ha hecho público un escueto comunicado donde dice que ha recibido las denuncias y que las va a pasar a la Procuraduría, que es el ente competente para investigar a los ediles.
De las comunas desde donde más han llegado denuncias son precisamente aquellas que reciben más recursos cada año por presupuesto participativo y donde se destina más plata para pagar las matrículas: Manrique, Doce de Octubre, San Javier, Santa Cruz, Aranjuez y Castilla. Entre esas seis comunas se aprobaron este año más de $17.000 millones para “apoyar el acceso y la permanencia a la educación superior “ en el ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor de Antioquia.
De las 16 comunas y cinco corregimientos del Distrito, solo en uno no se priorizó este proyecto en las votaciones de presupuesto participativo (PP) para este año: San Javier. La razón es que uno de los siete ediles de la comuna —todas las comunas y corregimientos tienen el mismo número de ediles— les dijo a los jóvenes que no votaran por este ítem pues podrían acceder a las universidades gracias al programa de Matrícula Cero de la Alcaldía sin necesidad de los recursos de la comuna. El problema es que los estudiantes de Matrícula Cero se quedaron allí sin los beneficios que tienen quienes acceden por PP, como un bono de más $500.000 al semestre para transporte, alimentación, fotocopias, etc.
El edil que promocionó esa iniciativa es Jey Puerta, quien fue también el paciente cero en la epidemia de posibles casos de corrupción que empezaron a llegar a la Personería, la Procuraduría y los medios de comunicación.
El caso de Jey, avalado por el partido de la U, se hizo público el mes pasado cuando el portal El Armadillo publicó que reunió en una iglesia a casi 50 estudiantes para firmarles sus certificados de labor social (sin haber pagado las horas) con la condición de que antes escucharan un discurso político de Andree Uribe, la exsecretaria de Salud de Daniel Quintero y ahora precandidata a la Alcaldía de Medellín por firmas. Los estudiantes se llevaron sus certificados firmados pero también unas planillas de Uribe para recoger firmas entre familiares y amigos.
Después se supo que Jey firmaba los certificados pero pedía aportes voluntarios para hacer celebraciones con los adultos mayores o los niños del barrio. De hecho, la semana pasada Puerta publicó en su perfil de Facebook unas fotos de la celebración del Día del Niño en el barrio El Salado (San Javier) con un mensaje de agradecimiento “a todos los que pusieron su granito de arena, a los estudiantes de PP con sus regalos y dulces...”.
Pero Puerta no es el único edil denunciado ni San Javier es la única comuna donde pasa. A la Personería llegó una denuncia anónima de la comuna 4, Aranjuez, en la que acusan a la presidenta de la JAL Leticia Álvarez (Centro Democrático) y a Amalia Yepes (Partido de la U) de cobrar entre $250.000 y $440.000 por la firma de cada documento. Según el denunciante, a casi 160 estudiantes se les firmó la labor social en la comuna entre 2021 y 2022, ¿en qué se ocupan todas esas personas cada semestre en la comuna? Es la pregunta que salta a la vista.
El caso de la comuna 2, Santa Cruz, es tal vez uno de los más graves. Caracol Radio publicó el testimonio de una joven recolectora de café de Cocorná que le consignó en octubre del año pasado $1.850.000 al edil Gustavo Adolfo Rodríguez (Partido Conservador) para acceder a una beca en la Corporación Universitaria Americana, propiedad de la familia de Albert Corredor, precandidato a la Alcaldía. Hasta la semana pasada, la joven seguía sin beca y sin plata.
A esa denuncia se le sumó otra en contra del edil Jairo Osorio Úsuga (Partido Liberal). En un audio publicado también por Caracol Radio se escucha a Úsuga diciéndole a un estudiante cuánto le cuestan las horas que le faltan por certificar: “Le faltan $40.000 porque $180.000 cobro yo Jairo Osorio en la JAL por cada 100 horas, pero como esa es otra corporación le cobran $100”.
A la Personería también han llegado quejas en contra de Manuel Salazar (Partido Liberal), edil del corregimiento de San Sebastián de Palmitas. En total son seis nombres que se han revelado por ahora, todos con un factor en común que un par intentan disimular: su cercanía con funcionarios o exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín. Salazar, de Palmitas, le está haciendo campaña a Albert Corredor; Puerta, de San Javier, antes le hacía campaña a Andree y ahora le hace a Juan Carlos Upegui y a Esteban Restrepo; Yepes y Álvarez son cercanas a Juan Pablo Ramírez, que también es de Aranjuez; Rodríguez, de Santa Cruz, también es cercano a Ramírez y al senador conservador Carlos Andrés Trujillo.
Por ahora, las denuncias de favores sexuales siguen en secreto, pero ninguno de los varios líderes comunales consultados pareció sorprendido ante la posibilidad de que ocurra. “Uno si los ve andando con las peladas, pero nadie es capaz de decir nada”, dicen.
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