Transparencia por Colombia lanzó una alerta 24 horas antes de discusión en Cámara. De esto se trata.
La elección de los directores de las Instituciones de Salud del Estado (ISE) por parte de alcaldes y gobernadores fue una de las alertas al considerar que hay un “alto riesgo” de injerencia política. FOTO EL COLOMBIANO
Las advertencias siguen rondando la reforma a la salud del Gobierno nacional. Esta vez, Transparencia por Colombia, una organización que se dedica a la lucha contra la corrupción, alertó que el proyecto puede incrementar los riesgos del sector por cuenta de la posible injerencia política, las dudas por el manejo de los recursos de la salud y la tarea de inspección, vigilancia y control.
En su más reciente informe –junto al centro de pensamiento “Así Vamos en Salud”, que hace seguimiento al sector salud–, analizó la transparencia y los riesgos de corrupción en el proyecto que se discute en el Congreso. El análisis se hizo a partir de las medidas de visibilidad y acceso a la información, institucionalidad y gobernanza y los mecanismos de control y sanción.
En cuanto al acceso a la información, Transparencia por Colombia y Así Vamos en Salud advirtieron que hay un reto “enorme” en la creación e implementación del Sistema Público Único Integrado de Información en Salud (SPUIIS), pues esta herramienta ayudaría a mejorar los datos abiertos y la rendición de cuentas en el sistema de salud.
Por el lado de la gobernanza, el análisis concluye que el Ministerio de Salud debe tener “la responsabilidad de establecer una estrategia sectorial de lucha contra la corrupción”. En ese sentido, expresaron su preocupación por la “nominación de los directores de las Instituciones de Salud del Estado (ISE)” por el “riesgo alto” de injerencia política en la designación de los directivos; así como que la Administradora de Recursos de Salud (ADRES) “no cuenta con la capacidad para responder por el manejo centralizado de recursos de todo el sistema”.
Y en cuanto a la rendición de cuentas, las dos corporaciones exhortaron que en la reforma a la salud no queda “suficientemente claro” sobre quién recae el rol del sistema de Inspección, Vigilancia y Control”, ni el alcance que tendrían las auditorías. En este punto, pusieron el dedo en la llaga con el artículo 76, que establece que los prestadores de servicios de salud presentarán las cuentas de servicios prestados a la ADRES, que pagará el 80 % de su valor y el 20 % restante estará sujeto a auditoría. “Hay riesgo de ausencia de control”, expresaron sobre esta metodología de pago.
Finalmente, acotaron que “la reforma debería tramitarse como ley estatutaria, por regular aspectos esenciales del derecho fundamental a la salud” e identificaron que hubo posibles vicios de trámite en la Comisión Séptima de Cámara por cuenta de aspectos como la falta de claridad en el texto, la ausencia de una “discusión clara y suficiente”, la aprobación del articulado en bloques y el levantamiento irregular de algunas sesiones por parte de la mesa directiva.
Aun así, el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, reconoció que la reforma “puede corregir situaciones que han facilitado casos graves de corrupción en el sistema de salud”, pero dijo que por su complejidad necesita medidas estratégicas “para evitar riesgos de malversación, politización y clientelismo en el sistema”.
A su vez, el director de “Así Vamos en Salud”, Augusto Galán, aseguró que las instituciones de salud “se deben fortalecer para prevenir focos de corrupción” y que el proyecto de reforma, como está planteado, “puede incrementar los riesgos que tiene el sector”.
Fallas por todos los lados
No obstante, el análisis también incluyó –a modo de corte de cuentas entre 2016 y 2020– un recuento de 67 casos de corrupción en el sector salud que desfalcaron las arcas del Estado. En esa línea, las corporaciones llegaron a la conclusión de que las principales irregularidades han sido de tipo administrativo, privado y político, que tuvieron un costo estimado de $1,63 billones.
Según las cuentas de estas organizaciones, los funcionarios del Estado fueron responsables del 46,2 % de los casos de corrupción, mientras que los actores privados del sistema de salud tuvieron una responsabilidad en el 37,3 % de los episodios registrados en esos años, durante los que se conocieron escándalos sonados como el “cartel de la hemofilia” en Córdoba.
El prevaricato por omisión y la celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales son los delitos más comunes en estos casos. Además, la cuarta parte de estos tuvieron que ver con irregularidades en la entrega de medicamentos, sobrecostos, beneficiarios ficticios, cobros por medicamentos no entregados y falsificación de fármacos.
Semana clave para la reforma
Este jueves este proyecto podría empezar su segunda carrera de obstáculos en la Cámara, en donde tendrá que pasar su segundo debate para convertirse en ley. Por eso, el ministro Guillermo Jaramillo sigue reuniéndose con los actores del sistema, como con los gerentes de 20 entidades prestadoras de salud (EPS).
En el encuentro hablaron sobre los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), las funciones de las Gestoras de Salud y Vida (como pasarían a llamarse las aseguradoras) y el rol de la Adres. “Hemos conformado un grupo de trabajo para que presenten sus inquietudes y consensuar los temas que consideran que no están claros. Las EPS representan una valiosa experiencia con el trabajo de muchos años”, apuntó el ministro.
Al Gobierno le espera una votación reñida en la Cámara, en donde los votos de los partidos Liberal (33) y de La U (16) volverán a ser clave y disidentes de la Alianza Verde podrían descompletar apoyos que Casa de Nariño da por contados.
Los 67 Casos de corrupción en salud
1. Las principales irregularidades en el sistema son de tipo administrativo, privado y político, por cerca de $1,63 billones.
2. Los servidores públicos, según el análisis de las organizaciones, fueron responsables del 46,2 % de los casos.
3. Los actores privados también, por su parte, jugaron un papel importante en el 37,3 % de los casos registrados.
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