Los magistrados revisan un documento por $8.000 millones que se firmó durante su Presidencia del Senado. Barreras ahora será embajador.
La Corte Suprema de Justicia indaga a Roy Barreras por un contrato del Canal Congreso. FOTO: Cortesía prensa Roy Barreras
Roy Barreras enfrenta una nueva indagación en la Corte Suprema de Justicia, esta vez por el manejo de un contrato por $8.000 millones para el Canal Congreso que se firmó mientras él ejercía como presidente del Senado.
La denuncia del cuestionado contrato había sido presentada por el senador Jonathan Pulido Hernández, conocido en redes sociales como JotaPe, en una rueda de prensa en el Congreso en la que alertó sobre un pacto suscrito con la firma Dicitec para la producción de contenidos audiovisuales.
Esa compañía luego subcontrató los servicios con la productora Espejo, en una nueva contratación que ascendió a los $4.000 millones. El problema es que la accionista propietaria de Espejo es Valeria Uribe, la hija del entonces productor de ese canal, John Jairo Uribe, quien ya había tenido contacto con Roy Barreras por su trabajo en el Legislativo.
La conexión de la sociedad Espejo con un funcionario público que había trabajado para el político fue el punto que motivó la alerta emitida por el senador Hernández y que ahora será revisada por la Corte Suprema de Justicia en una indagación que se encuentra en etapa preliminar. Es decir: no es una investigación formal.
Barreras respondió diciendo que es víctima de una persecución en la que “los odiadores no descansan. Paz para ellos. Pierden su tiempo. Llevo años soportando y desmontando calumnias, y montajes como acaba de anunciar la honorable Corte Suprema al fallar a mi favor”.
El político y presidente del partido la Fuerza de la Paz dejó su cargo como presidente del Senado el pasado martes (16 de mayo) después de que un fallo del Consejo de Estado tumbara su elección en los comicios legislativos de 2022, por incurrir en doble militancia.
Además de ejercer como líder de esa colectividad, Barreras fue nombrado como embajador de Colombia en Reino Unido. Su designación no ha sido ratificada en un decreto presidencial, pero si se concreta con ese documento se abriría el debate jurídico de si la Corte Suprema puede, o no, investigarlo.
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