El presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizó un enfrentamiento, la semana pasada, con el fiscal general, Francisco Barbosa, y puso en entredicho la separación de poderes./
El duro enfrentamiento que sostuvieron la semana pasada el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, sigue generando reacciones en el mundo.
Los últimos en pronunciarse fueron los integrantes de Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea), un foro internacional no gubernamental del que hacen parte más de 30 exjefes de Estado y de Gobierno del mundo, quienes manifestaron su respaldo al llamado de atención que le hizo la Corte Suprema de Justicia al mandatario colombiano.
Por medio de un comunicado, el grupo Idea, del cual es miembro el expresidente Iván Duque, destacó la declaración del alto tribunal y respaldó al fiscal entorno a la independencia de poderes, por lo que hizo un llamado a la sensatez, al respeto y a la cordura.
“Los precedentes que han tomado cuerpo en la región, como el socavamiento por distintos gobiernos de la independencia del poder judicial y el ejercicio indebido de presiones para atemorizar ante la opinión pública a los servidores de la justicia, dan cuenta de comportamientos que no solo afectan a uno de los elementos esenciales de la democracia representativa como lo es el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado”, plantearon los expresidentes.
Allí también dejan claro que lo ocurrido la semana anterior, cuando el presidente Petro aseguró que él era el jefe del fiscal general de la Nación, afecta a las sociedades y a la institucionalidad.
“Al corresponderles a los jueces ejercer control de convencionalidad y de constitucionalidad de los actos de los distintos poderes del Estado, invadir las competencias de la justicia debilita los derechos de cada persona a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados por la Convención Americana de Derechos Humanos”, explicaron en un comunicado.
Duque también reiteró la importancia de la separación de poderes e insistió en que, desde Idea, respaldan el pronunciamiento de la Corte, pues allí se deja claro que Colombia es un Estado Social de Derecho con separación de poderes.
“Presidentes y expresidentes de Iberoamérica alertamos sobre el riesgo constitucional y democrático que existe al invadir las competencias de la justicia en Colombia minando la Democracia”, expresó el exmandatario, quien gobernó entre 2018 y 2022.
El viernes, tras el rifirrafe entre el presidente y el fiscal, el presidente de la Corte Suprema, Fernando integrantes de Idea.
Castillo Cadena, intervino para hacer algunas precisiones y claridades frente a las declaraciones entregadas por Petro desde España.
“El fiscal general de la Nación no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente de la República. Es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial”, dijo el magistrado.
Aseguró que Gustavo Petro, “desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de Derecho”, enfatizando además que, “desconocer las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”.
En ese sentido, el presidente de la Corte aseguró que recibía con gran inquietud la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política, que hizo y difundió el presidente de la República.
Ante la tormenta que se desató, Petro no tuvo más remedio que rectificar y admitir que es un hecho que, en términos generales, el fiscal no está subordinado a funcionario alguno, pero insistió en que “sí está subordinado a la Constitución y la ley”.
En medio de la tensión generada en el país por este episodio, el Gobierno confirmó que el presidente se reunirá hoy al mediodía con los presidentes de las altas Cortes, en la Casa de Nariño.
Presidentes y expresidentes de Iberoamérica alertamos sobre el riesgo constitucional y Democrático que existe al invadir las competencias de la justicia en Colombia”,
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