Reconocidas comunicadoras sociales denunciaron vulneración de sus derechos tras ser agredidas en redes sociales.
Corte Constitucional pidió canalizar las denuncias sobre agresiones en línea. /
La Corte Constitucional le dio la orden al Consejo Nacional Electoral de elaborar, en un plazo máximo de tres meses, un proyecto de ley que regule un mecanismo para canalizar las denuncias sobre violencia en línea contra mujeres, presuntamente cometida por partidos, movimientos políticos o por miembros de estos.
Este pronunciamiento se dio al estudiar una acción de tutela presentada por varias periodistas del país, quienes alegaban la vulneración de sus derechos tras ser víctimas de agresiones a través de Twitter.
Según argumentaban, por sus comentarios en la red social, eran objeto de violencia relacionado con el género, usualmente de naturaleza misógina y de contenido sexualizado.
“Las manifestaciones de violencia señaladas comportan un tono discriminatorio, infantilizan el oficio de las mujeres periodistas y en algunos casos incluyen a miembros de sus familias, teniendo en cuenta su rol de madres. Aseguraron que las agresiones alcanzan tonos soeces y amenazantes que ponen en riesgo su integridad física, su salud y libertad de expresión y de prensa, y por lo mismo, generan autocensura”, expresa la sentencia.
La acción fue instaurada por las periodistas Vicky Dávila, Camila Zuluaga Suarez, Lina María Peña, Lariza Pizano Rojas, Andrea Dávila Claro, María Jimena Duzán, Claudia Guristatti, Máryuri Trujillo y Cecilia Orozco con apoyo de la Fundación para la Libertad de prensa (FLIP).
Indicaron que, en algunas circunstancias, este patrón proviene y beneficia a determinados grupos o actores políticos a través de estrategias de desinformación, amplificación e intimidación. Cuestionando además al Consejo Nacional
Electoral (CNE) no hubiera adoptado ninguna medida para hacer cesar la violencia, sancionar a los responsables y prevenirla.
Según argumentó el alto tribunal, no se encontró acreditado que en su momento las demandantes hubieran puesto en conocimiento del CNE o de los partidos y movimientos políticos, los hechos que alegaban.
No obstante, sí se reconoce que existe un marcado patrón de violencia en línea ejercido por terceras personas contra las mujeres periodistas en Twitter.
Reiteró además la Corte que “esa forma de violencia contra la mujer es multidimensional y se manifiesta en daños psicológicos y sufrimiento emocional, afectaciones físicas, aislamiento social, perjuicios económicos, reducción de la movilidad, tanto en línea como en los espacios no digitales y autocensura”.
Y agregó que “los actores, partidos y movimientos políticos, por su importancia en un régimen democrático, están en la obligación de propender por el respeto de la Constitución y la ley, y defender y difundir los derechos humanos, deber que se debe reflejar en su actuar y en sus estatutos”.
Con ponencia del magistrado José Fernando Reyes, la Corte Constitucional exhortó a todos los partidos y movimientos políticos, para que adopten en los códigos de ética directrices para sancionar los hechos de violencia o de incitación a la violencia en línea; e implementen una ruta de acceso para las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia.
Además de la elaboración del proyecto de ley, también se ordenó al CNE establecer un plan de formación y capacitación para los miembros y afiliados a los partidos y movimientos políticos sobre perspectiva de género y violencia.
Las manifestaciones de violencia señaladas comportan un tono discriminatorio, infantilizan el oficio de las mujeres periodistas y en algunos casos incluyen a miembros de sus familias, teniendo en cuenta su rol de madres”. Corte Constitucional
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