Habló de Petro, Piedad Córdoba, Álvaro Uribe, el DAS, Andrés Pastrana y Pachos Santos, entre otros. Estos son los detalles.
En el cuarto día, que se cumplió este martes, Mancuso ratificó sus expresiones de verdad, al solicitar ayudar a las víctimas sobre los delitos que cometió y tirar un dardo hacia el Estado y a quienes nombró durante las audiencias y que fueron rechazadas.
Una vez finalizadas las diligencias, ahora el exjefe paramilitar tendrá 30 días hábiles, a partir de este miércoles, para que entregue ante la JEP información puntual sobre los hechos que mencionó durante las audiencias y donde salpicó a varios actores del Estado.
Entre la información debe estar una carpeta con la documentación completa de la constitución de las Convivir y el listado entregado por la Brigada de Infantería de Marina N° 1 en Montes de María, en la que se identifique a las personas que hacían parte de la inteligencia militar.
También se solicitó nombres de empresas y movimientos políticos que tuvieron una vinculación con la estrategia de expansión del paramilitarismo en Urabá y en Córdoba, discriminando nombres completos y roles.
Así mismo, los nombres de militares venezolanos vinculados a la guerra en la frontera de Venezuela y Colombia, nombres de empresarios de funcionarios de Ecopetrol y Postobón supuestamente vinculados en las AUC, la masacre en Turbaco y los responsables de alterar los antecedentes en el DAS y sus víctimas.
La JEP también iniciará un proceso exhaustivo de contrastación sobre lo dicho y el cual se pretende verificar si realmente el exjefe paramilitar “hizo aportes efectivos, suficientes y novedosos, que permitan contar con elementos suficientes para resolver sobre su sometimiento ante la jurisdicción”, explico la magistrada.
Esto basado en el contexto de los expedientes judiciales disponibles, informes presentados por las víctimas y documentos presentados por la unidad de investigación y acusación de la JEP, entre otros. En caso de que se resuelva su entrada a la entidad, Mancuso será compareciente para aportar verdad en los macrocasos de la sala de reconocimiento de la jurisdicción y donde las víctimas podrán intervenir.
De lo contrario, al no aceptar su entrada a la entidad, su proceso pasará a la justicia ordinaria, quien determinará las penas a cumplir, similar a lo sucedido con el otro exparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, rechazado por la entidad tras sus incumplimientos.
LAS ACUSACIONES DE MANCUSO SOBRE ALTOS MANDOS Y FUNCIONARIOS
Luego de cuatro días de audiencias, de más de siete horas de duración cada una, Salvatore Mancuso rindió su testimonio sobre las conexiones de los paramilitares y las fuerzas militares y con entidades del Estado en cuatro grandes temas: las Convivir como fachada del accionar paramilitar; operaciones conjuntas entre paramilitares y fuerza pública; alianzas entre funcionarios, civiles, paramilitares y fuerza pública; y la filtración de información del DAS.
No obstante, lo que más dio de que hablar fue la mención de varios nombres de la sociedad colombiana como el expresidente Álvaro Uribe, el exministro Sabas Pretelt, el exvicepresidente Francisco Santos, el exsenador Horacio Serpa, el empresario Jorge Gnecco, el exmilitar Iván Ramírez Quintero, expresidentes de Fedegan y del DAS, funcionarios de Ecopetrol y la Fiscalía, entre otros.
Según relató el exjefe paramilitar, todos estos reconocidos nombres estuvieron involucrados en alianzas macabras con el paramilitarismo en Colombia, con la finalidad de asesinar políticos, periodistas, líderes sociales y todo aquel calificado de enemigo y con tendencias políticas de izquierda y demás favores que les beneficiaba ‘los paras’.
Mancuso relató que se adelantaron varias reuniones con los hermanos Castaño y con él, cuyas órdenes eran trabajar en conjunto para sembrar el terror, asesinar enemigos y desaparecer más de 200 personas en hornos crematorios o tirarlas a los ríos. Todo esto, según él, bajo las órdenes, el conocimiento y la ayuda de fuerzas militares, altos funcionarios, diplomáticos y servidores públicos.
Mancuso aseguró en su declaración que los paramilitares incidieron de manera directa en elecciones al Congreso y en elecciones de presidencia del 2002 con Serpa, Pastrana y Uribe. Dijo, supuestamente, que también incidieron en la asignación de funcionarios públicos en varias entidades, para qué eliminarán expedientes en su contra, poder huir y seguir realizando sus acciones criminales.
Estas alianzas también se extendieron a grandes multinacionales como Ecopetrol, Bavaria, Postobón, Las Bananeras, quienes les daban dinero a los paramilitares para su financiamiento de armas y mantener su poderío en varias zonas del país.
Con la excusa de eliminar a las guerrillas y su accionar, Mancuso aseguró que se cometieron cientos de masacres contra civiles inocentes como las de Montes de María, en Antioquia, La Granja, el aro, todas con apoyo y coordinación de la fuerza pública.
Tras las acusaciones, los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés Pastrana e Iván Duque, así como la familia de Horacio Serpa tildaron de mentiroso y cobarde asesino a Mancuso, asegurando que los culpaban para eludir sus crímenes y exigiéndoles pruebas sobre lo dicho.
Otra repercusión sobre lo dicho por el exjefe paramilitar fue anunciada por la Cancillería, quienes aseguraron proporcionar mecanismos institucionales que permitan localizar los restos mortales de nacionales colombianos dados por desaparecidos en zona de frontera, sepultados en territorio venezolano.
Se tendrá que esperar la decisión de la JEP para analizar el testimonio de Mancuso y su entrada o no a la jurisdicción, así como determinar si hay lugar a más implicaciones tras las acusaciones dichas.
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