Según la encuesta Polimétrica de Cifras y Conceptos, el 55 % tiene una percepción negativa del mandatario y un 76 % se opone a eliminar las EPS. Mientras, desde Francia, Petro dice que “volvería a ganar” las elecciones.
El Presidente fue recibido por su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio de Elíseo. Ambos acordaron impulsar una propuesta sobre cambio de deuda pública por acción climática. FOTO: PRESIDENCIA
El teflón de favorabilidad de Gustavo Petro sigue cediendo y su impopularidad ya es tal que los colombianos no solo rajan a su vicepresidenta, Francia Márquez, sino a sus principales reformas, en particular, la que pretende modificar la salud. Así lo evidenció la encuesta Polimétrica de Cifras y Conceptos, que reveló que el 55 % de los encuestados –15 puntos porcentuales más frente a marzo (40 %) –, tienen una percepción negativa del Presidente. En contraste, un tímido 42 % aún cuenta con una imagen favorable del Jefe de Estado.
El sondeo, que consultó a 1.729 personas en 11 ciudades del país y que cuenta con un margen de error del 5 %, se conoce días después de las multitudinarias manifestaciones contra el Gobierno que congregaron a más de 92.000 personas. A ello se sumó el revés que enfrentó el mandatario en el Congreso, donde se hundió el proyecto para regularizar el comercio de cannabis y su reforma laboral. Todo esto, en medio de un difícil panorama exacerbado por los escándalos alrededor de las chuzadas y la presunta financiación irregular de su campaña.
Sumado a la desfavorabilidad de Petro, se evidenció que su vicepresidenta tiene una imagen negativa que asciende al 57 %, frente a un 36 % que tiene una percepción favorable. En respuesta, el Presidente se pronunció en Twitter y dijo que la encuesta refleja que “si mañana hubiera elecciones presidenciales y pudiera presentarme, volvería a ganar” .
Más allá de la interpretación del Presidente, el sondeo incluyó datos reveladores frente la reforma a la salud, sin duda la principal iniciativa de lo que va de Gobierno y que le costó a Petro la pérdida de su coalición mayoritaria en el Congreso y un remezón ministerial.
La encuesta mostró que el apenas 1 de cada 4 personas (24 %) estaría de acuerdo con eliminar las EPS, uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa, que hasta ahora surtió su primer debate. Por otro lado, un apabullante 76 % se opone a que sean acabadas. Consultados sobre si el viraje a un modelo de salud pública –como lo plantea la reforma–, redundaría en mejor calidad y mayor acceso al servicio de salud, 60 % contestó que no y 40 % que sí.
El sondeo también arrojó cifras reveladoras frente a la percepción de la ciudadanía ante los cambios que trae consigo la reforma. Por un lado, el 59 % se opuso a que en dos años se eliminen las EPS y que la gente se afilie ahora a los Centros de Atención Primaria (CAP) que busca el proyecto. También, un 66 % rechazó que sea el Estado el único que defina qué médicos pueden atender a la gente y cómo le entregan los medicamentos. Por otro lado, un 59 % se negó a que sean eliminados los planes complementarios.
Apenas este jueves, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), alertó que en el proyecto de Adición Presupuestal que se tramita en el Congreso apenas se destinan $2 billones para salud, pese a que se necesitan al menos $10,4 billones en recursos adicionales para que el sector no quede desfinanciado. “Para 2022 la situación financiera del sector ya era insostenible: de cada $100 que recibieron las EPS del régimen contributivo tuvieron que pagar $102 en atenciones de salud”, alertó el gremio.
Además, la encuesta consultó sobre la reforma laboral que, aunque se hundió nuevamente será radicada en las sesiones que arrancan el 20 de julio, según el Gobierno. Un 27 % consideró que el objetivo de una iniciativa de este calibre debería ser mejorar la protección y derechos de los trabajadores (para hacer frente a la informalidad y el desempleo) y otro 19 % que debe ser garantizar la cobertura en salud, pensión y riesgos laborales de cualquier trabajador, sin importar el vínculo laboral.
Frente al trabajo que se presta a través de plataformas como Rappi, que el Ejecutivo pretende poner en cintura para mejorar las condiciones laborales, un 64 % se declaró a favor de que sean reguladas. Asimismo, un 84 % opinó que deben ser corresponsables en el pago a salud y pensión.
Derechos sexuales y reproductivos
Tras la determinación de la Corte Constitucional que concluyó que el aborto ni “está legalizado” ni es un “derecho fundamental”, el sondeo también preguntó por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Un 84 % contestó que la maternidad debe ser elegida y un 82 % que las decisiones sobre la elección de métodos anticonceptivos son solo de ellas. Un 67 % respondió además que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser una decisión libre de la muje
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