Proceso de adjudicación del contrato sigue en el ojo del huracán
La remodelación y embellecimiento de El Malecón es el objeto del contrato./
Por medio de un oficio enviado al alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, la Fiscalía General de la Nación inició indagaciones acerca del proceso licitatorio para la adjudicación de un contrato por $8.669 millones para la remodelación y embellecimiento de El Malecón.
Se trata del controversial procedimiento que ha desatado una ola de señalamientos, luego de que la representación legal de uno de los proponentes que no resultó favorecido en los cómputos, revelara que una de las personas asociadas en la empresa ganadora, la Unión Temporal UMC, tenía vencido el Registro Único de Proponentes (RUP).
Además de encontrarse en trámite una demanda ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, la Procuraduría General de la Nación también abrió un procedimiento para determinar si hubo irregularidades en esta licitación.
En la licitación resultó favorecida la Unión Temporal UMC./
Así como lo hizo la Procuraduría General de la Nación, es ahora la Fiscalía la que desea conocer de los hechos relacionados con el controversial proceso de licitación por medio del cual la Alcaldía de Cúcuta adjudicó un contrato por $8.669.000.000 para el embellecimiento y tránsito peatonal en El Malecón.
Mediante una comunicación, la Fiscalía General de la Nación, seccional Norte de Santander, solicitó al alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, entregar en un plazo de cinco días contados a partir de este lunes, los respaldos del proceso de licitación en el que resultó favorecida la Unión Temporal UMC.
En la solicitud, la Fiscalía requiere al alcalde que se presente toda la información y soportes que sustentan las etapas contractuales de la licitación pública, además de explicar en qué estado se encuentra la contratación, “mediante una certificación por parte de la Alcaldía”.
De la misma manera, solicitan enviar el enlace o link de Secop II donde se vinculó todo el proceso contractual, “de haberse surtido hasta esas instancias”, indica el oficio.
En el documento no se aclara la naturaleza de la solicitud, pero la entidad expresa que tiene sustento en el artículo 200 del Código de Procedimiento Penal (ley 906 de 2004), modificado por la ley 1142 de 2007 en su artículo 49 inciso 4.
Citando como parte de su enunciado que “los organismos oficiales y particulares están obligados a prestar la colaboración que soliciten unidades de policía judicial, en los términos establecidos dentro de la indagación e investigación para la elaboración de los actos urgentes y cumplimiento a las actividades contempladas en los programas metodológicos, respectivamente; so pena de las sanciones a que haya lugar”.
Como es de recordar, el proceso de licitación fue objetado por parte de la representación legal de uno de los proponentes, específicamente por el Consorcio Parque del Malecón que resultó en el segundo lugar en el proceso.
Los abogados radicaron una solicitud de revocatoria directa y entablaron una demanda ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander por presuntos vicios en el procedimiento, una vez se conoció que el Registro Único de Proponentes (RUP) de una de las personas naturales integradas en la Unión Temporal UMC 2023 no estaba vigente para el momento de celebrase la audiencia de adjudicación.
El contrato en curso
Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta, dijo a La Opinión que de la misma manera en que lo hicieron con la Procuraduría General de la Nación, entidad a la que entregaron toda la información requerida de manera oportuna, lo harán con la Fiscalía.
“Atenderemos los demás requerimientos de las entidades de vigilancia y control. Para nosotros esta vigilancia significa tranquilidad porque serán ellos los encargados de verificar cada una de la acciones de nuestros funcionarios”, señaló.
Con respecto a la fase en la que se encuentra el proceso de adjudicación, el alcalde de Cúcuta informó que el contrato sigue “en curso y a la espera de la adjudicación de la interventoría de la obra”.
Por otro lado, manifestó que esperan que con la misma prontitud y objetividad con la que los organismos de control han intervenido en este tema, se avancen en las denuncias que por corrupción se han interpuesto en su administración.
Parte de la reserva
A ser consultado respecto a los requerimientos que hace la Fiscalía al alcalde, José Antonio Quintero, especialista en Derecho Público, explicó que la Fiscalía, en este caso, se encuentra ejerciendo sus facultades constitucionales.
Dijo que al solicitar información al alcalde de las etapas precontractual y contractual hasta ahora desarrolladas, el ente podría estar actuando de oficio para conocer del hecho y determinar si el contrato se hizo sin cumplimiento de requisitos legales o si, por ejemplo, hubo un peculado por apropiación en favor de terceros.
“No se podría hablar de términos más concretos de que es lo que hay detrás de esa actuación porque está en reserva y porque eso lo van a determinar después de conocer todos los documentos, así como las fases que tuvo el proceso de licitación”, señaló.
Quintero aclaró que si bien La Fiscalía podría iniciar alguna investigación a partir de esta indagación, podría determinar que no hubo ninguna irregularidad y desestimar esa posibilidad.
mil millones de pesos es el valor del contrato de embellecimiento del paso peatonal.
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