Se conoció que la Uspec ha visitado este año en dos ocasiones el centro penitenciario y ha demostrado su voluntad para que las obras se ejecuten, pero falta que Enterritorio asuma responsabilidades.
La Contraloría General de la República reveló que luego de realizar una auditoría de cumplimiento a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) encontró varias irregularidades sobre el contrato interadministrativo No. 216144 de 2016, que suscribió esta entidad con el entonces Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade)- hoy Enterritorio- para ampliar los cupos carcelarios y el mantenimiento de diferentes penales del país.
El órgano de control señaló que se determinaron 83 hallazgos administrativos de los cuales 25 tienen incidencia fiscal por $24.140 millones, precisando que durante los 6 años de ejecución del contrato interadministrativo, su efectividad ha sido mínima y no ha mitigado la crítica situación carcelaria del país, que era el objetivo.
En este sentido, la Contraloría identificó que la problemática se presenta en varias obras de diferentes cárceles del país, entre esas, la de Cúcuta.
Para el complejo carcelario y penitenciario de la capital nortesantandereana se hallaron anomalías en obras contratadas por la Uspec para el mantenimiento general de varias zonas, las cuales no han sido finalizadas.
Áreas sin terminar
Según conoció La Opinión a través de la Contraloría General, las obras que se encuentran atrasadas están relacionadas con la adecuación de dos garitas (torres de vigilancia).
Una de las estructuras presenta una inclinación y está en peligro de colapsar, mientras que la segunda no cuenta con suficiente visibilidad para los funcionarios que vigilan el sector, por lo que hay un riesgo de seguridad ya que son puntos estratégicos y críticos, razón por la cual, se deben demoler y construir nuevamente tal como está contemplado en el contrato.
Asimismo, se encontró que las redes hidrosanitarias presentan gran cantidad de fugas que no han podido ser identificadas, otra obra inconclusa.
Adicional a esto, la Contraloría evidenció que los baños de algunos pabellones no están en óptimas condiciones, por lo que, según lo contemplado, es necesario instalar y reponer varias baterías sanitarias.
De igual forma identificaron una socavación e inestabilidad de una de las rampas que conducen a un patio de la cárcel, lo cual
imposibilita el transporte y suministro de alimentos a las personas privadas de la libertad. Señalan que, el alcance del contrato establece la construcción de una nueva rampa de acceso para ingreso al pabellón que tampoco se ha hecho.
También encontraron que una parte de la cubierta del sector antiguo de la cárcel se encuentra deteriorada por las temperaturas a las que se expone el material, por lo que se hacen necesarias unas obras de impermeabilización, ya que por esta área se encuentra instalada una red de tubería que suministra agua potable a los diferentes patios.
Y por último, quedó en evidencia que la iluminación perimetral es deficiente, registrando que a alrededor de 320 luminarias se les debe hacer reposición y cambio de cableado.
“Las deficiencias de planeación de Uspec en la priorización de las necesidades manifestadas por el establecimiento generan riesgo de seguridad en el establecimiento. Además, la Uspec canceló $48.204.389 al contratista de obra para la etapa de verificación, sin embargo, no se han ejecutado actividades de obra para mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física general en el establecimiento”, informó la Contraloría.
Esto han dicho las entidades involucradas
Aunque la Uspec no se ha pronunciado oficialmente frente a la alerta emitida por la Contraloría General, sí tuvo que rendir cuentas en diciembre del año pasado, en donde indicaron que, una vez iniciado el contrato interadministrativo No. 216144, la entidad en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales remitió a Enterritorio los alcances y presupuestos a ejecutar en cada uno de los proyectos.
“Por parte de la Uspec se dio priorización inmediata a las necesidades requeridas por el establecimiento penitenciario; sin embargo, pese a esto, por parte de Enterritorio no se dio la celeridad que se debía para ejecutar a la mayor brevedad posible el contrato en mención”, señalaron.
Así las cosas, según la Uspec, ellos realizaron las gestiones pertinentes y requirieron a Enterritorio en reiteradas ocasiones para que conminara al contratista de obra e interventoría a atender sus obligaciones contractuales, pero las obras no concluyeron.
Este medio conoció extraoficialmente que, la Uspec ha visitado este año en dos ocasiones el centro penitenciario de la ciudad y ha demostrado su voluntad para que las obras se ejecuten, pero falta que Enterritorio asuma sus responsabilidades.
Por su parte, Enterritorio ha manifestado que, si bien es cierto que las obras observadas por la Contraloría estaban contempladas para ser ejecutadas en la etapa 2 del contrato, no pudieron desarrollarse, ya que el contratista se negó a dar inicio a las obras, situación que fue notificada en varias ocasiones, asegurando que “no hay lugar a incidencias de tipo disciplinario o fiscal toda vez que, según lo reportado, Enterritorio adelanta las acciones administrativas y legales en contra del contratista de obra orientadas a liberar los saldos para la estructuración de un nuevo proceso y ejecutar las obras pendientes requeridas por el establecimiento penitenciario y la Uspec”.
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