El director del Área, que es ahijado político de Miguel Quintero, hermano del alcalde de Medellín, repartió sin licitación $743.000 millones. Tres firmas se beneficiaron de la mitad con los recursos.
Obras hechas por particulares, con plata del Área: 1) Recuperación de Casa Consistorial y teatro de La Estrella. 2) Parque de Artes y Oficios de Bello. 3) Centro Cultural Caribe, en Itagüí. Todas obras. FOTOS EL COLOMBIANO
Se está presentando un fenómeno muy preocupante con los recursos del Área Metropolitana Del Valle de Aburrá (AMVA). Esta entidad, creada para construir obras que beneficien a los nueve municipios, ha decidido en los últimos tres años entregar a dedo la mayoría de su contratación.
Un seguimiento de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) seccional Antioquia indica que de todos los contratos que ha hecho el Área en los últimos tres años y medio, el 96% han salido por contratación directa en tanto que solo el 4% ha sido por licitación.
Lo anterior significa que $742.927 millones –de los $773.000 millones que ha invertido el Área– se han contratado a ‘dedo’, sin que medie un concurso. Y como si fuera poco, cerca de la mitad de esos recursos –$352.000 millones de pesos– han beneficiado a solo tres firmas.
Cuando se entregan ‘a dedo’ los contratos se corre un alto riesgo de que termine en manos del más amigo del funcionario de turno o al que pague un porcentaje de comisión o ‘mordida’. Es todo lo contrario de las licitaciones, que están hechas para que el elegido para hacer una obra sea el más preparado, y el más capacitado, y además el que le cobre al Estado una suma adecuada por su trabajo. Por eso es poco transparente lo que está ocurriendo en el Área.
¿Quiénes se estarían beneficiando? El director de la entidad es Juan David Palacio, un joven que ha sido apadrinado desde sus inicios políticos por Miguel Quintero, el hermano del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
En el Área Metropolitana se han dedicado ahora a una estrategia que fue utilizada por Samuel e Iván Moreno Rojas en el cartel de la contratación de Bogotá, y es la de los convenios interadministrativos. Estos convenios son unas figuras que permiten evitar hacer licitaciones, como lo ordena la Ley 80.
El modus operandi es más o menos el siguiente: el Área firma un convenio interadministrativo con las empresas industriales y comerciales del Estado (EICE) de cada municipio que son autónomas y han sido creadas emulando el modelo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU).
Estas empresas, aunque trabajan con recursos públicos, se comportan como privados, tienen toda la libertad de contratar con quien quieran sin hacer convocatorias abiertas. Así es como se saltarían la norma triangulando el desembolso del dinero.
El modus operandi se ha vuelto tan popular que los municipios que no tienen este tipo de empresas industriales y comerciales del Estado se valen de las de los “vecinos”.
Las obras se encarecen 10%
Ya desde antes existían varias de esas entidades como la EDU Medellín (2002), Eduhabitat Sabaneta (2008) o la Agencia de Desarrollo Integral de Itagüí, Adeli (2013); sin embargo, lo nuevo, o al menos lo de estos últimos tres años, es que algunas actualizaron sus reglamentos internos para poder contratar por montos mucho más altos bajo invitaciones privadas y hacer licitaciones con menos oferentes.
La EDU, por ejemplo, bajo la administración de Daniel Quintero, pasó de permitir contratos sin licitación de máximo mil salarios mínimos mensuales a diez mil salarios, es decir, más de $10.000 millones de hoy, con posibilidades de ampliarlos hasta el infinito.
Otros municipios no se quedaron atrás y montaron sus propias agencias para intermediar la contratación: Desur, de Envigado, fue creada en 2020 y la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Bello (Edunorte) es de principios de 2021.
En el caso de La Estrella, que no cuenta con empresa propia, se ha valido de Edunorte y Eduhabitat para contratar de manera directa por $43.622 millones provenientes del Área en este periodo.
El resultado de tener más eslabones en la intermediación es que los proyectos se encarecen entre 8% y 10%, según la CCI.
En teoría, las interventorías serían el mecanismo para controlar que los recursos se gasten de forma correcta. Por esta razón, una clave para no renunciar a esta posibilidad podría ser que la entidad donde se origina el recurso y decide entregárselo a otro –en este caso el Área— mantenga bajo sus riendas la decisión de a quién contrata para esa misión. Pero de nuevo, no es lo que ocurre con el AMVA, porque también suele delegar esto en las EICE, es decir que las mismas terminan manejando los recursos y a la vez eligiendo al que debe controlar cómo se usan.
Tres firmas más beneficiadas
Fuera de todo lo anterior, la CCI se ha quejado de que el modelo de convenios interadministrativos estaría permitiendo direccionar contratos a firmas que no siempre cuentan con trayectoria ni capacidad (ver: “La transparencia se perdió”).
Además, otro fenómeno repetido es la entrega de obras por altas sumas a personas naturales con las que contratar podría ofrecer menos garantía a la hora de un incumplimiento o mal manejo.
EL COLOMBIANO constató en documentos que existen por lo menos tres firmas con características singulares que se convirtieron en las reinas de la contratación con recursos del Área y especialmente en municipios donde tiene influencia el círculo político que controla esa entidad, ligado con la alcaldía de Medellín y el senador Carlos Andrés Trujillo.
Las tres empresas son IDC Inversiones SAS; Sumas&Restas; y Energizando Ingeniería y Construcciones; las cuales, de manera individual o participando en consorcios, han concentrado contratos que involucran más de $352.000 millones entre 2020 y 2023.
El caso de Energizando, por ejemplo, una empresa que está en reorganización de acreencias por problemas financieros, a través de uniones temporales ha estado en el desarrollo de varias obras: la construcción del Centro Administrativo de Envigado, por $87.153 millones; de un bloque de la Universidad de Envigado por $30.433 millones, y de las obras de la Escuela de Artes Débora Arango por $14.390 millones, o sea negocios por casi $132.000 millones, más un reguero de montos menores por reparaciones varias en el alumbrado.
Sumas&Restas no se queda atrás. También en Envigado ha estado en la remodelación del parque infantil ($32.200 millones), la reconstrucción de la plaza de mercado ($15.961 millones) y la reconstrucción del colegio JF Kennedy ($26.912 millones), para un total de 75.000 millones.
Y si en Envigado se queda con el virreinato, en Itagüí ha detentado el “trono” en más de una década de influencia de Trujillo. Por mencionar lo más reciente, es la empresa que ejecuta el tramo 4 A del Metroplús en esa ciudad, por más de $35.000 millones, y ante el incumplimiento de los contratistas iniciales, fuentes indican que están en trámites para que les cedan el proyecto para mejorar el entorno urbanístico en el corredor metropolitano de Itagüí, en el que faltarían por ejecutar $19.000 millones de los $28.000 millones iniciales; así mismo, el contrato de Chorritos-Bariloche, con más de $15.000 millones del Área; o sea que en total estaría en la ejecución de $144.000 millones de la entidad Metropolitana.
El concejal de Itagüí Walter Betancur (Centro Democrático) llama la atención acerca de que este mismo año el alcalde José Fernando Escobar y el entonces gerente de Metroplús, William Gómez (ambos trujillistas), aseguraron en el concejo que estaban garantizados los recursos para culminar el sistema de transporte, pero dos semanas después cambiaron por completo la historia y dijeron que se necesitaba una adición de recursos municipales por $25.000 millones que terminaron aprobando. “Y luego resulta que le asignan el contrato a Sumas&Restas”.
“Llama poderosamente la atención que esas mismas personas hoy estén ejecutando estos proyectos”, enfatizó.
Por su parte, IDC tiene el contrato para construir el Parque de Artes y Oficios de Bello, que cuesta $76.000 millones –más la interventoría– de los cuales $60.000 millones salieron del Área Metropolitana. En este proyecto se presentan varias curiosidades: según la CCI prácticamente crearon a Edunorte para que sacara este proyecto, a principios de 2021. Pero además hubo una licitación y la declararon desierta supuestamente por falta de recursos y posteriormente, mediante contratación directa, le asignaron la obra a IDC, una firma que ha tenido como accionista a Felipe Agudelo, un reconocido íntimo amigo del exgobernador Luis Pérez, quien a su vez es aliado político del alcalde Quintero, el más directo nominador del Director del Área Metropolitana. De hecho, IDC está reconstruyendo también el parque biblioteca de la zona nororiental (antes biblioteca España) con más de $28.000 millones de Medellín.
Hasta ahora solo Adeli y la EDU Medellín han sido incluidas en el poco selecto club de 19 entidades del país que estarían abusando de la contratación directa, por lo cual son investigadas por la Contraloría General. Los ojos de los organismos de control se han posado sobre el Área pero por contratos de cuantía menor comparado con el monto de los que habla este artículo.
Este medio le envió el viernes un cuestionario sobre el tema al director del Área pero al cierre de la edición no habían llegado las respuestas.
“La transparencia se perdió”: esto dice el director de la Cámara de Infraestructura en Antioquia,, José Fernando Villegas
¿Cuál es la crítica que ustedes le hacen a la manera como contrata el Área Metroolitana del Valle de Aburrá (AMVA)?
La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCCI) siempre ha dicho que la contratación directa debe ser la excepción, no la norma, y en esta administración encontraron el esguince a la Ley 80 para hacer convenios interadministrativos con entidades bajo régimen privado y están haciendo ya que la norma sea la contratación directa.
¿Eso qué efectos tiene?
La contratación directa lleva a una concentración del trabajo, y eso lo vemos evidente en las cifras que usted tiene. De hecho, hemos encontrado que en el Municipio de Envigado, en las últimas licitaciones se presentan los mismos cuatro que entre ellos se han ganado los principales contratos allí y en muchos municipios del Área Metropolitana. La transparencia se perdió.
¿Se trata de un fenómeno nuevo o que ya venía desde antes?
La contratación directa venía desde antes, pero nunca en la magnitud que hay en esta administración. No solamente se volvió una norma en Medellín sino en los municipios del Área Metropolitana. Uno encuentra cosas tan absurdas como la Empresa de Desarrollo Urbano de Bello (Edunorte), que fue creada y a los pocos días sacó la contratación más grande de Bello en esta administración, una empresa sin ninguna capacidad, sin ningún know how, sin ninguna experiencia, ¡hombre, por Dios!.
Por eso es que muchas de las obras arrancan, no se terminan o quedan mal hechas.
¿Qué referencias tiene de las firmas que se están ganando los contratos en el Área?
No tengo ninguna afiliada a la CCI, porque no son firmas tradicionales que se dediquen a la construcción y siempre han estado conectadas con procesos que han tenido cuestionamientos.
El Colombiano
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