Los vacíos jurídicos que dejó la internación de vehículos en la región, impiden que los automotores venezolanos circulen por todo el país.
Con el Decreto N° 2229, del 27 de diciembre de 2017, se cumplió en 2019 la internación y registro de 62.000 carros y motos venezolanos, cuyos propietarios deben cada año pagar un impuesto por rodar en las vías de Norte de Santander.
Sin embargo, esa medida llevó a que tales vehículos tengan la prohibición de salir más allá del departamento. Lo que para muchos, resulta injusto.
¿Por qué antes sí podían? La directora de la seccional de Aduanas de Cúcuta, Mariela Alzate, explicó a La Opinión que la norma aduanera contempla la importación temporal de vehículos con placa extranjera por parte de turistas foráneos o de colombianos residentes fuera del territorio nacional.
Por eso, en el pasado, estos vehículos transitaban por el país, porque sus dueños demostraban estar residenciados en Táchira, pese a también habitar en el departamento. Para ello, solo pagaban el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) por tres meses y solicitaban la importación temporal ante la Dirección Impuestos y Aduanas nacionales (DIAN).
Alzate destacó que la norma establece un plazo de hasta seis meses, prorrogable por un período igual.
Sin embargo, esa legislación no aplica para carros y motos internados, porque el registro se hizo en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo (UEDF) y, bajo esta figura, el colombiano le indicó a la autoridad que es residente en el país y que su vehículo solo puede circular por el departamento al que pertenece esa UEDF.
Quieren sacarlos del registro
El secretario de Hacienda de Norte de Santander, Sergio Entrena, señaló que han oficiado al Gobierno Nacional las novedades que han surgido después del proceso de internación, porque los “vacíos jurídicos” no les permiten actuar.
“Hemos pedido al Ministerio de Hacienda que nos diga qué hacemos, si continuamos a no con el recaudo, porque son recursos con destinación para las vías de los municipios, y desconocemos hasta cuándo debemos hacerlo”, sostuvo el funcionario.
Precisó que aunque su despacho es el encargado de recaudar ese impuesto, las contribuciones van a los municipios en los que aparecen registrados los vehículos. “Si está registrado en Cúcuta, nosotros hacemos el traslado del 100% del dinero”, añadió.
“Le hemos propuesto –a Minhaciendapermitir la circulación del vehículo venezolano que está pagando impuesto, a nivel nacional, y que, así mismo, su tarjeta de registro, que fue la que expedimos nosotros, sea el mecanismo de control para la venta de gasolina exenta (subsidiada) y esta no se le venda a todos los vehículos venezolanos (debido a la frontera abierta)”.
Entrena resaltó que no ha recibido respuesta de estas inquietudes ni de la que les han planteado quienes desean sacar el vehículo del registro, novedad que no la contempló la norma, por eso hace 15 días solicitaron al ministerio un concepto sobre qué hacer.
El secretario consideró que debería aplicarse la misma ley de los vehículos nacionales, cuando hay chatarrización o pérdida toral, hurto y cambio de propietario. Sostuvo que los propietarios de estos vehículos tienen buena cultura de pago.
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