La elección
de la firma Prodemex para la construcción y operación de la cárcel
metropolitana en el corregimiento de San Cristóbal, que involucra recursos por
$674,999 millones, ha desencadenado un fuerte escándalo en México debido a su
participación en un caso que habría desfalcado las arcas públicas del país
norteamericano.
En el caso
conocido como Ceferesos, denunciado por el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador a principios de 2021, se reveló que ocho contratos por 276,616 millones
de pesos mexicanos habían sangrado las finanzas públicas. Estos contratos
fueron firmados durante el gobierno de Felipe Calderón y permitieron que
empresas privadas operaran cárceles en varios estados mexicanos. El problema
central radicaba en que el gobierno estaba obligado a realizar pagos periódicos
a estas empresas sin importar la cantidad de reclusos, convirtiendo la
operación carcelaria en un negocio sumamente lucrativo.
Rosa Icela
Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, reveló que
el costo promedio por recluso llegó a ser de 3,913 pesos mexicanos diarios, lo
que equivalía a unos 117,406 pesos mexicanos al mes, lo que en términos
actuales equivale a unos 6,430 dólares. Ante esta situación, el gobierno mexicano
se vio en la necesidad de renegociar estos contratos, logrando una reducción
del 15%, evitando pagos que ascendieran a 500 millones de dólares.
Prodemex fue
uno de los beneficiarios de dos de estos contratos polémicos, lo que generó
controversia y cuestionamientos a la empresa. Además, la firma mexicana ya
había estado en el ojo público en 2014 debido a su participación en el
consorcio que iba a quedarse con el tren de alta velocidad entre México y
Querétaro, un contrato que se detuvo cuando se reveló la compra de una mansión
millonaria. por parte de la esposa del expresidente Enrique Peña Nieto en el
escandaloso episodio conocido como la "Casa Blanca".
El contrato para la construcción de la cárcel en San Cristóbal se adjudicó a Prodemex después de que esta fue la única empresa en presentar una oferta en la licitación de julio de 2023. La firma tendrá dos años para finalizar los diseños y comenzar la construcción de la prisión, que se espera que alivie el hacinamiento al alojar a 1.339 internos en calidad de sindicatos. Sin embargo, el historial de la empresa en México ha levantado interrogantes sobre su idoneidad para el proyecto en Colombia.
Foto sacada de Internet
#EscándaloPenitenciario #Prodemex #CárcelSanCristóbal #CorrupciónPenitenciaria
0 Comentarios