La más reciente decisión afecta al Decreto 1277 de 2023, dejando solo uno en pie de todo el paquete inicial de emergencia económica, social y ecológica en la región.
La Corte Constitucional de Colombia ha emitido una nueva decisión que impacta significativamente el marco normativo de la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. En esta ocasión, el Decreto 1277 de 2023, que buscaba establecer medidas en materia ambiental y desarrollo sostenible en la región, ha sido tumbado, sumándose a la lista de decretos previamente anulados.
Este decreto tenía como objetivo regular las condiciones para el uso, manejo y conservación del agua en La Guajira, así como establecer criterios y medidas para priorizar ciertos usos de este recurso vital. Asimismo, confería al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la responsabilidad del licenciamiento de proyectos y obras de transición energética, así como la ejecución del Análisis Situacional y la Evaluación Ambiental Estratégica del departamento, otorgando protección especial a las fuentes hídricas.
Sin embargo, la Corte Constitucional decidió darle efectos diferidos a un año en lo referente a la protección especial a las fuentes hídricas, así como a tres artículos adicionales que abordaban medidas en materia ambiental y desarrollo sostenible, su publicidad y vigencia. El resto del decreto perdió su validez jurídica de forma inmediata.
Con esta última decisión, ya son doce los decretos que la Corte ha derogado en relación con la emergencia declarada en La Guajira. Inicialmente, el decreto madre que estableció la emergencia ambiental fue el primero en ser anulado, seguido por otros que abordaban temas cruciales como la recuperación de las Salinas Marítimas de Manaure, modificaciones en los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, la protección de la riqueza cultural del pueblo Wayuu, la creación de una institución de educación superior indígena Wayuu, la reforma a la salud, la transición energética, medidas para garantizar el acceso al agua, entre otros.
La cascada de anulaciones inició el 2 de octubre cuando la Sala Plena derogó el decreto que declaraba el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira. Desde entonces, la Corte ha venido pronunciándose, dejando ahora solo un decreto en pie de todo el paquete inicial de medidas de emergencia en el departamento. La Sala Plena consideró que los demás decretos expedidos en el marco del Estado de Emergencia tendrían un efecto retroactivo, desencadenando una serie de decisiones que han reconfigurado el panorama normativo en La Guajira.
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