La Personería Distrital de Medellín ha iniciado una investigación disciplinaria contra dos altos funcionarios del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) por presuntas irregularidades en la información financiera relacionada con 24 contratos interadministrativos. La funcionaria en cuestión es Gloria Cecilia González Mora, quien desempeñaba el cargo de Profesional Especializada, y Johari Alberto Delgado Peña, quien ocupaba el cargo de subdirector Administrativo y Financiero del Inder durante la vigencia de 2022.
Las investigaciones se centran en la Auditoría Financiera y de Gestión del año 2022 realizada por la Contraloría General de Medellín al Inder. Se presume que existen incongruencias en la información financiera proporcionada por el Inder en relación con 24 contratos firmados con entidades como la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Metroparques, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), Plaza Mayor, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Las supuestas irregularidades surgieron debido a la discrepancia entre la información financiera reportada por el Inder y la registrada en los informes de supervisión de los contratos, así como la proporcionada por los operadores. Estos hallazgos han llevado a la apertura de una investigación disciplinaria que busca esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados.
El proceso investigativo está en manos de un delegado instructor, quien, basándose en las pruebas recopiladas, tomará la decisión que corresponda en términos legales. Esto podría incluir la formulación de pliego de cargos o el archivo de las diligencias, dependiendo de los resultados de la investigación.
Es relevante señalar que esta no es la primera vez que el Inder de Medellín se encuentra bajo escrutinio. Recientemente, la Personería Distrital informó sobre hallazgos de irregularidades en el Inder durante el año 2023, relacionados con la no publicación de algunos documentos de contratación oficial en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), incumpliendo así con la normativa establecida. La situación indica una serie de desafíos en la gestión financiera y administrativa de esta entidad, que ahora se suma a la lista de investigaciones en curso.
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