Protección a funcionarios, líderes sociales, migrantes y atención a crisis carcelaria, gestiones clave de la Procuraduría en Norte de Santander


La Procuraduría General de la Nación ha gestionado ante la UNP el fortalecimiento de medidas de protección para los personeros de Ocaña y Cácota, Norte de Santander, luego de que estos recibieran amenazas contra su vida por parte de grupos armados ilegales presentes en la región. 

Frente a la crisis de violencia generalizada que atraviesan los funcionarios del Ministerio Público en todo el departamento, la entidad ha solicitado que se evalúe el riesgo específico de cada personero y se fortalezcan las medidas de protección de acuerdo con el contexto particular de la región.

En cuanto a la amenaza contra los líderes sociales, la Procuraduría implementó desde 2022 la estrategia, Espacios Regionales para la Promoción de los Derechos de Líderes y Lideresas Sociales, con el fin de establecer un diálogo entre el Estado y las comunidades para visibilizar y enfrentar las amenazas de violencia. 

En relación con la crisis carcelaria, la Procuraduría pudo establecer que hay actualmente 4.441 personas privadas de la libertad en la región, en instalaciones con una capacidad de 3.170 cupos, lo que genera un hacinamiento del 40 %.

En aras de contribuir a la solución de esta situación, la delegada para la Defensa de los Derechos Humanos ha convocado mesas de trabajo para abordar, con las entidades responsables, las deficiencias en servicios de alimentación y salud, así como para implementar brigadas de salud. 

La entidad también sigue de cerca la situación de los migrantes en la frontera con Venezuela, donde se ha evidenciado un incremento de casos de trata de personas, explotación sexual y trabajos forzados. 

Hemos instado a la Cancillería y demás entidades responsables a implementar de manera integral la política migratoria, y garantizar una atención adecuada en rutas como la del “caminante”, que va desde Cúcuta hasta Bucaramanga.

Finalmente, ante los fenómenos de protesta recientes por parte de mineros y campesinos que demandan la modificación de la normativa ambiental que restringe la explotación agrícola y minera en los páramos, así como la formalización laboral de pequeños y medianos mineros, acompañamos el ejercicio de diálogo hasta la suscripción de los acuerdos del pasado sábado 26 de octubre.

GER/cc. (@PGN_COL).

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