El pasado 5 de noviembre, periodistas de La Lupa Araucana, medio de comunicación digital, fueron contactados por parte del Comando Conjunto de Oriente del Estado Mayor Central (EMC), de las disidencias de las FARC, quienes les exigieron publicar un video en el que se lanza una grave advertencia a varias comunidades rurales del departamento. La presión ejercida sobre el equipo periodístico los obligó a publicar un video en su página el día de ayer. Como consecuencia, el medio recibió recriminaciones por parte del Frente de Guerra Oriental del ELN, que los acusó de simpatizar con la otra organización armada. Esta intimidación y acusaciones cruzadas no solo comprometen la vida e integridad de los periodistas de La Lupa Araucana, sino que reafirman la crítica situación que enfrenta la prensa en Arauca.
Tras la publicación del video en su página en Facebook, uno de los periodistas del medio fue nuevamente contactado por un integrante de las disidencias de las FARC, quien confirmó haber visto el material publicado y le informó que enviaría una segunda parte. Después de la primera publicación, el ELN hizo un comunicado en el que estigmatiza a los periodistas y señala “importante que La Lupa Araucana, sea órgano oficial para que se expresen los mercenarios con celeridad y eficiencia y el pueblo conozca los planes de estos siniestros personajes”. Además, uno de los periodistas del medio ha recibido amenazas a través de su WhatsApp por parte del ELN, quienes le advierten que, si no eliminan el video, se convertirá en objetivo militar. Esta situación también se ha replicado en otros medios del departamento, quienes se ven atrapados en la confrontación y forzados a publicar bajo amenazas y presiones de los grupos armados ilegales que operan en el departamento. La prensa en Arauca ha sido acusada de favorecer a uno u otro bando, sin posibilidad de ejercer su labor informativa con libertad.
Estas presiones de las que son víctimas las y los periodistas en la región evidencian el recrudecimiento de la violencia en el departamento, pues en lo corrido de 2024 ya se superaron las cifras de agresiones en comparación con el año anterior: en 2023 documentamos 31 casos, y entre el 1ro de enero y el 7 de noviembre, tenemos registro de 37 ataques a la prensa. Estas agresiones incluyen 21 amenazas, un desplazamiento forzado y otros casos de obstrucciones al trabajo periodístico, acoso, entre otras. Además, en abril y julio de este año, denunciamos el alto riesgo que enfrentan las y los comunicadores debido a los señalamientos y las presiones de los grupos armados. A pesar de tratarse de una situación reiterada, las autoridades no han brindado un acompañamiento efectivo para garantizar la seguridad de las y los periodistas.
La violencia contra la prensa, especialmente en lugares como Arauca donde se ha presentado una escalada abrupta, requieren de acciones oportunas y contundentes que ayuden a prevenir estas agresiones y protejan a los y las periodistas. En este contexto, le solicitamos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que fortalezca el esquema de seguridad que tienen los periodistas de La Lupa Araucana y que establezca medidas de protección proporcionales y oportunas para atender el riesgo que corren estos comunicadores. Por otro lado, reiteramos la importancia del compromiso de las autoridades locales y nacionales, por lo que instamos al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Arauca, a la Alcaldía de Arauca a que expresen su preocupación pública por la situación de estos periodistas y diseñe un plan conjunto que vele por la seguridad e integridad de los mismos. Además, le hacemos un llamado al gobierno nacional para que rechace de manera categórica las amenazas que está sufriendo la prensa en el departamento, y tome medidas concretas para garantizar su seguridad y el libre ejercicio periodístico.
Actualización
Hoy, 8 de noviembre de 2024, los casi 140 mil seguidores de La Lupa Araucana se quedaron sin la transmisión habitual del noticiero. Los actos de violencia ejercidos contra el medio por parte de ambos grupos armados han llevado a la renuncia de un integrante del equipo técnico. Actualmente, no hay certeza de que el medio pueda continuar con su labor informativa, una situación que no solo pone en riesgo el derecho a la libertad de prensa, sino también el acceso a la información de la comunidad.
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