Iván Name - Andrés Calle. Según Olmedo López los implicados en el escándalo de corrupción conocian el origen del dinero - crédito Colprensa/Senado
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción que involucra el envío de recursos públicos destinados a la gestión de emergencias para el financiamiento de campañas políticas. Este caso ha alcanzado una nueva dimensión con el auto de la Corte Suprema de Justicia, que la semana pasada ordenó abrir una investigación contra altos cargos públicos y políticos de peso en Colombia.
Los políticos implicados
El reciente pronunciamiento de la Corte Suprema ha puesto en el ojo del
huracán a la concejala de Bogotá María Clara Name, el alcalde de Montelíbano
Gabriel Alberto Calle y el excandidato a la Gobernación de Córdoba Gabriel
Enrique Calle. La acusación es grave: presuntamente, estos recursos desviados
de la Ungrd habrían servido para financiar sus campañas.
El auto judicial también menciona a los expresidentes del Senado y de la
Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente,
señalándolos como posibles involucrados en la trama de corrupción que sacudió a
la Ungrd hace algunos meses. En el proceso, ya han sido imputados varios
exfuncionarios de la Ungrd, incluidos Olmedo López (exdirector), Sneyder
Pinilla (exsubdirector), y Luis Eduardo López, alias “El Pastuso”, entre otros.
La "organización criminal"
La Fiscalía ha denunciado la existencia de una "organización
criminal" dentro de la Ungrd, la cual habría operado bajo el mando de
Olmedo López y Sneyder Pinilla. Según la investigación, esta red se aprovechó
de las declaratorias de desastre nacional y calamidad pública para adjudicar contratos
a cambio de coimas. Este mecanismo de corrupción no solo desvió recursos
destinados a la atención de desastres, sino que también los canalizó hacia
campañas políticas.
Uno de los contratos bajo sospecha es el de la compra de 40 carrotanques
para la distribución de agua en La Guajira. Este contrato habría presentado
sobrecostos y otras irregularidades; al parecer, fue adjudicado a través de un
acuerdo entre López, Pinilla y Luis Eduardo López, alias "El
Pastuso". Parte del dinero obtenido ilegalmente mediante este contrato se
habría destinado a financiar campañas políticas de los implicados.
Dinero desviado a campañas políticas
Dentro de la investigación, la Corte encontró indicios de que, con el dinero
ilícito de la Ungrd, Olmedo López entregó aproximadamente 3.000 millones de
pesos a María Clara Name, a través de Sandra Ortiz, exconsejera para las
Regiones. Además, 1.000 millones habrían sido entregados a Gabriel Alberto
Calle, presuntamente por orden de Carlos Ramón González, exdirector del
Departamento Administrativo de la Presidencia.
María Clara Name y Gabriel Alberto Calle han negado todas las acusaciones en
su contra y han insistido en que se trata de difamaciones. Incluso el abogado
de Name denunció por fraude procesal las afirmaciones hechas en su contra. Sin
embargo, la Corte parece contar con pruebas suficientes que sugieren que una
parte de los fondos desviados de la Ungrd terminó en manos de María Clara Name,
y los Calle. Sus perfiles:
María
Clara Name:
María
Clara Name es una destacada figura política en Bogotá, hija del senador Iván
Name y de la exconcejala liberal María Clara Ramírez Ferro. Su carrera política
ha estado marcada por la influencia de su padre, miembro del partido Alianza
Verde, al que también pertenece. En octubre de 2023, fue elegida concejala de
Bogotá por cuarta vez consecutiva, respaldada por 22.827 votos, lo cual
evidencia su sólida posición en la capital. Su éxito electoral se atribuye al
poder político y respaldo de su familia, en especial del senador Name, quien
posee un amplio apoyo en Bogotá. Además de su trayectoria en el Concejo de
Bogotá, María Clara fue representante a la Cámara por la misma ciudad,
demostrando una experiencia política consolidada.
Gabriel
Alberto Calle
Gabriel
Alberto Calle es una figura política de peso en el municipio de Montelíbano,
Córdoba, y padre del representante a la Cámara Andrés Calle. Con una
trayectoria política de varias décadas, actualmente ejerce como alcalde de
Montelíbano, donde fue elegido con 19.210 votos. Su carrera inició como
concejal de Montelíbano, cargo que ocupó de 1995 a 2000, y posteriormente
consolidó la alcaldía entre 2012 y 2015. Durante su ascenso político, Calle
contó con el apoyo de los exsenadores Musa Besaile y Bernardo "Ñoño"
Elías, ambos condenados. por corrupción, y miembros de uno de los clanes
políticos más influyentes de la región. Calle ha sido vinculada a presuntas
irregularidades en la administración pública, particularmente en 25 convenios
interadministrativos entre las alcaldías de Buenavista, San José de Uré y
Montelíbano, y la empresa mixta Jaguazul, encargada del acueducto y
alcantarillado de Montelíbano, según investigaciones del Centro Latinoamericano
de Investigación Periodística (Clip) y organizaciones como La Liga Contra el
Silencio y cuestión política.
Gabriel
Enrique Calle
Gabriel
Enrique Calle ha sido una pieza clave en la política de Córdoba y compañero de
un rol importante en la campaña presidencial de Gustavo Petro en ese
departamento. En febrero de 2023, renunció a su cargo en la campaña para
lanzarse como candidato a la gobernación de Córdoba, aunque perdió la contienda
contra Erasmo Zuleta. Su trayectoria ha estado marcada por su cercanía con
Bernardo "Ñoño" Elías, un controvertido exsenador de la región con
quien trabajó en el pasado, lo cual refleja su alineación con figuras políticas
de gran influencia.
Impacto en la política
El escándalo de la Ungrd no solo deja al descubierto un presunto desfalco a
gran escala, sino que también sacude la confianza pública en las instituciones
encargadas de atender situaciones de emergencia. La supuesta utilización de
estos fondos para campañas políticas es una grave denuncia que exige una
revisión exhaustiva de los controles en la asignación y uso de recursos
públicos.
La Corte Suprema continúa avanzando en la investigación, mientras el país
observa de cerca el desarrollo de un caso que podría revelar aún más detalles
sobre el oscuro manejo de los recursos públicos en Colombia. Los ciudadanos,
por su parte, esperan que las autoridades actúen con transparencia y
contundencia, para que estos casos de corrupción no queden en la impunidad y,
sobre todo, que los recursos de emergencia lleguen a quienes realmente los
necesiten.
0 Comentarios