En el gobierno de Gustavo Petro, han surgido cuestionamientos sobre posibles casos de nepotismo que involucran a familiares de altos funcionarios en cargos públicos. Las críticas han puesto en el centro del debate la ética y la legalidad de estas contrataciones, mientras los involucrados se defienden señalando sus méritos y expertos.
Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social y figura cercana al mandatario, ha condenado abiertamente esta práctica. En un mensaje publicado en redes sociales, Bolívar afirmó que el nepotismo es una forma de corrupción, destacando que, aunque los familiares de los funcionarios puedan estar preparados, la ventaja indebida que tienen frente a otros ciudadanos preparados es lo que configura la corrupción. "El nepotismo es corrupción. Es cierto que nuestros familiares necesitan trabajar y están preparados, pero la corrupción consiste en que millones también están preparados y necesitan trabajar, pero no son familiares de un miembro del Estado o del aparato judicial que los apalanque", escribió Bolívar.
Uno de los casos más destacados es el del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien ha defendido las designaciones de su esposa e hijo. Claudia Liliana Cortés, esposa de Bonilla, fue posesionada en junio de 2023 como directora de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura. Tras la salida de la exministra Jhennifer Mojica, Cortés pasó a ser asesora directa de dicho ministerio, lo cual generó una serie de críticas por posible conflicto de intereses. Bonilla respondió afirmando que su esposa tiene una extensa trayectoria en la UPRA, donde ingresó en 2013, y su hijo es investigador del Banco de la República desde hace más de una década, lo que, según él, demuestra que ambos han obtenido sus posiciones por mérito propio.
Otro caso polémico es el de Hollman Morris, gerente de RTVC y uno de los funcionarios de mayor confianza de Petro. Morris ha enfrentado acusaciones de acoso laboral y sexual, las cuales ha negado con el respaldo del mandatario. Sin embargo, la polémica en torno a Morris también se ha centrado en sus familiares. Se ha revelado que tres de sus hermanos ocupan cargos o contratos en el Gobierno: Juan Pablo Morris, quien ha estado en la Unidad de Restitución de Tierras; Ingrid Johanna y Helga Lorena Morris, contratistas en el Ministerio de Cultura, específicamente en la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos. Ninguna de las hermanas reportó como conflicto de interés el tener a su hermano como gerente del Sistema de Medios Públicos, lo cual ha
Morris ha defendido públicamente la contratación de sus hermanos, afirmando que todos ellos cuentan con la experiencia y las capacidades necesarias para los cargos que ocupan. Además, señaló que él destacó la gerencia de RTVC después de que su hermano Juan Pablo ya trabajara en el Gobierno y destacó la profesionalidad de sus hermanas en sus respectivos campos de Antropología y Artes Plásticas. En sus redes sociales, Morris cuestionó a quienes señalan a sus familiares, alegando que el apellido Morris ha sido incluso un obstáculo para ellos en el sector público.
Los casos de Cortés y Morris reflejan un dilema que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro en torno a la transparencia y la ética en la contratación pública. Estos episodios han alimentado el debate sobre si las trayectorias profesionales de los familiares de los funcionarios justifican su presencia en el aparato estatal o si, por el contrario, sus contrataciones podrían considerarse una manifestación de favoritismo que contradice los principios de igualdad de oportunidades
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