El presidente Gustavo Petro firmó una resolución que designa a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz, una medida que ha generado gran controversia en el país. Entre los seleccionados figuran algunos de los exlíderes más conocidos del paramilitarismo colombiano, incluidos Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’; Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’; y Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, muchos de los cuales se encuentran actualmente detenidos en prisiones de Estados Unidos.
La resolución establece que esta designación tendrá una duración inicial de seis meses, durante los cuales los exjefes paramilitares deberán desarrollar actividades orientadas a la reconciliación, con el fin de aportar al desmonte de organizaciones armadas y contribuir a un proceso de reparación y paz. Esta medida surge como parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer un proceso de reconciliación, que incluye la participación de figuras que, pese a su historial de violencia, podrían, según la administración de Petro, ayudar a esclarecer la verdad y evitar la proliferación de nuevos grupos armados.
Los 18 nuevos gestores de paz, que incluyen a Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’; Ramiro ‘Cuco Vanoy’; Hernán Giraldo; Hebert Veloza; Manuel Pirabán; Rodrigo Pérez Alzate; Edwar Cobo Téllez; Arnubio Triana; Luis Eduardo Cifuentes; Juan Francisco Prada; José Baldomero Linares, y ya previamente nombrado, Salvatore Mancuso, tendrán que cumplir con una serie de requisitos específicos. Entre ellos, deberán construir un plan de trabajo y entregar informes sobre las actividades que realicen en sus nuevos roles. También se comprometen a asistir a las diligencias judiciales que sean necesarias y a suscribir un acuerdo de compromiso ante el Consejero Comisionado de Paz.
El documento firmado por el presidente Petro destaca que la designación como gestores de paz no modifica la situación jurídica de los involucrados, ni altera sus medidas de aseguramiento o su régimen de libertad. Tampoco implica beneficios judiciales para los designados, quienes conservarán sus sentencias y deberán cumplir con sus obligaciones judiciales. Además, se advierte que la designación es revocable, lo que significa que en cualquier momento el Gobierno puede retirar el estatus de gestor de paz si se incumplen los compromisos establecidos.
Este anuncio ha desatado un debate en el país. Mientras algunos sectores aplauden la medida como un intento de lograr un proceso de paz más incluyente, otras voces, entre ellas de organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas del paramilitarismo, expresan su rechazo. Argumentan que estos personajes, responsables de múltiples crímenes en el pasado, deben concentrarse en cumplir sus penas sin recibir cargos que impliquen algún grado de influencia social o político. Sin embargo, el Gobierno defiende la decisión como un paso hacia un proceso de paz que permita integrar a figuras clave para obtener información que ayude a desmantelar las redes de violencia y promover un futuro libre de paramilitarismo.
La designación de los exjefes paramilitares como gestores de paz llega en un contexto de complejidad y desafíos para el Gobierno en su compromiso de lograr una paz total, en la que la reconciliación y la justicia sean pilares fundamentales.
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