La violencia que sacude al Catatumbo, Ocaña y el área metropolitana de Cúcuta continúa siendo una herida abierta en el oriente colombiano. La guerra entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC ha provocado desplazamientos masivos, asesinatos selectivos y una crisis humanitaria sin precedentes que aún no encuentra soluciones en los decretos de la Conmoción Interior declarada por el Gobierno Nacional.
Esta compleja realidad quedó al descubierto durante una audiencia pública organizada por la comisión accidental de la Cámara de Representantes, que sesionó en Cúcuta para escuchar a los diversos sectores de la sociedad. Más de cuatro horas de intervenciones dejaron en evidencia las expectativas, preocupaciones y frustraciones de campesinos, líderes sociales, defensores de derechos humanos, comunidades indígenas, empresarios, gremios, académicos y autoridades locales, quienes hicieron un llamado unánime a la acción estatal.
El retorno: un clamor colectivo
Uno de los puntos más sensibles abordados en la audiencia fue el retorno de las 53.444 personas desplazadas, quienes hasta el pasado 4 de febrero habían abandonado sus territorios para proteger sus vidas. Voces como la de Yajaira Sáenz, vocera de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), insistieron en que no puede haber "Pacto Catatumbo sin gente". Para Sáenz, el retorno debe ser seguro, colectivo y acompañado por el Estado.
El presidente de la comisión accidental, Duvalier Sánchez, compartió esta preocupación, subrayando que no existe una hoja de ruta clara que garantice las condiciones para el regreso de las comunidades. “Se necesitan garantías en seguridad, educación y actividades productivas. El Gobierno debe priorizar la creación de retornos seguros”, señaló.
La falta de concertación y acción concreta
El descontento con la implementación de la Conmoción Interior también fue tema central. Desde Ascamcat se denunció que las decisiones han sido inconsultas, excluyendo a las comunidades y las autoridades indígenas, quienes reclaman un papel activo en la construcción de soluciones. Por su parte, la Cámara de Comercio de Cúcuta cuestionó el decreto 119 del Ministerio de Trabajo, que propone el trabajo en casa como medida para enfrentar la crisis laboral, argumentando que no responde a las necesidades del sector privado.
Una región sin dolientes claros
En busca de un liderazgo más sólido, el representante Duvalier Sánchez propuso la designación de un gerente o un ministro que apadrine el Pacto Catatumbo, argumentando que la dispersión de esfuerzos ministeriales ha obstaculizado la implementación de acciones contundentes. Esta idea fue respaldada por otros congresistas, quienes consideran que un liderazgo focalizado podría garantizar resultados efectivos.
La sobrecarga en los municipios metropolitanos
Simultáneamente, la comisión accidental del Senado se reunió en la Gobernación de Norte de Santander para abordar las dificultades de los alcaldes del área metropolitana de Cúcuta. Los mandatarios locales expusieron la sobrecarga que la atención humanitaria de los desplazados ha significado para sus administraciones, demandando recursos adicionales que permitan enfrentar la crisis.
Un llamado urgente al Gobierno
Los testimonios recogidos en estas sesiones destacan que la declaratoria de Conmoción Interior podría ser la oportunidad que ha esperado la región durante décadas, pero siempre y cuando haya voluntad política, concertación con las comunidades y compromiso real del Estado.
La crisis en el Catatumbo, Ocaña y Cúcuta es una prueba de fuego para el Gobierno Nacional, que debe demostrar si está dispuesto a pasar del discurso a la acción. Mientras tanto, miles de familias esperan que la promesa de paz y desarrollo no se quede en el papel y se traduzca en soluciones reales para una región que clama por justicia y esperanza.
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