Mientras en el departamento de Santander del Sur se desataba una de las peores crisis humanitarias de la región, con más de 32.000 personas desplazadas, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, enfrentaba una nueva investigación de la Procuraduría General. La situación que se vivió la semana del 16 de enero, no solo reflejaba la magnitud de los problemas sociales, sino que también ponía a Villamizar, nuevamente, bajo el ojo de la justicia. La Procuraduría le tenía en la mira por un contrato firmado en 2018 durante su segundo mandato como gobernador, al que llegó por tercera vez en 2023. La investigación se sumaba a su largo historial judicial, plagado de controversias relacionadas con presuntas irregularidades en su manejo de los contratos públicos.
Desde sus primeros pasos en la política hace
tres décadas, Villamizar ha sido una figura clave en Norte de Santander. Su
carrera comenzó a principios de los 90, cuando, tras ser parte del equipo del
primer gobernador elegido por voto popular en el departamento, dio el salto al
Concejo de Cúcuta en 1998, respaldado por el Partido Conservador y la
influencia del entonces alcalde Ramiro Suárez Corzo. Este fue solo el inicio de
un camino que lo llevaría a ocupar diversos cargos de poder.
Villamizar logró la gobernación por primera
vez en 2007, y su habilidad para formar alianzas políticas le permitió
mantenerse en la cúspide. A lo largo de los años, ha tejido una red de apoyo
que ha incluido desde figuras del Partido Liberal, como Alejandro Carlos
Chacón, hasta los más cercanos de Cambio Radical, como Germán Vargas Lleras.
Estas alianzas, sin embargo, no lo han eximido de problemas judiciales, ya que
su gestión ha estado marcada por una serie de investigaciones y procesos
legales.
El gobernador ha sido suspendido en dos
ocasiones por irregularidades en contratos públicos. En 2008, durante su primer
mandato, fue suspendido por un escándalo relacionado con proyectos financiados
con el Fondo Nacional de Adaptación Ambiental. En 2019, apenas quince días
antes de concluir su segundo mandato, la Procuraduría lo suspendió nuevamente,
esta vez debido a un contrato de bilingüismo por 12 mil millones de pesos. A
pesar de estos problemas, Villamizar mantuvo una influencia significativa en la
política departamental, consolidando su poder incluso cuando no estuvo en
funciones. A través de su apoyo a Silvano Serrano Guerrero, quien sería su
sucesor en 2019, logró mantener el control sobre la Gobernación, preparando el
terreno para su regreso en 2023.
Su tercer mandato fue ratificado con una
coalición de partidos que abarcó desde el Partido Liberal hasta los sectores
más cercanos al exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez. A pesar de contar con
varios procesos judiciales en su contra, como el caso de un contrato por más de
6 mil millones de pesos durante su primera gobernación, Villamizar logró una
amplia victoria electoral en 2023, con 256.000 votos.
Sin embargo, en 2025, su administración se ve
envuelta en un drama mayor: la crisis humanitaria en el Catatumbo. A principios
de enero, se reportaron 53.000 desplazados y 63 muertes a causa del conflicto
armado en la región, una situación que desbordó las capacidades locales de
respuesta. En medio de esta crisis, ha sido el gobierno nacional, bajo la
presidencia de Gustavo Petro, quien ha tomado las riendas del conflicto,
implementando el Decreto 0062 que declara el estado de conmoción interior en
los municipios más afectados por la violencia y el narcotráfico y que cobija a
16 poblaciones del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y
2 más en el Cesar. Si bien el presidente
Petro ha dedicado un consejo de ministros completo, celebrado el 3 de marzo,
exclusivamente para hablar del Catatumbo, los avances y logros en materia de
seguridad y control de la violencia, es evidente que las verdaderas acciones
para enfrentar la crisis humanitaria, la sobreproducción de coca y la
erradicación de cultivos han estado lideradas por el gobierno nacional, y no
por la administración departamental del gobernador William Villamizar.
En este contexto, William Villamizar ha demostrado ser un político sagaz y
hábil, capaz de forjar alianzas a pesar de las acusaciones que lo han
perseguido durante su carrera. Un ejemplo claro de su destreza para mantenerse
en el poder es su relación con congresistas implicados en irregularidades, como
el representante Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, quien tiene poder e influencia
dentro del Congreso. Carrillo es uno de los implicados en un entramado de
corrupción relacionado con contratos del INVIAS, junto al también representante
de Norte de Santander Wilmer Yesid Guerrero Avendaño. La fiscalía general de la
Nación ya ha compulsado copias ante la Corte Suprema de Justicia para
investigar a ambos congresistas, aunque esto no parece haber mermado el apoyo
que Villamizar sigue cosechando entre las élites políticas de la región.
A
pesar de la gravedad de la situación en el Catatumbo, Villamizar ha sido
criticado por su incapacidad para resolver los problemas que enfrenta su
departamento. Mientras tanto, la justicia sigue su curso y las investigaciones
sobre los contratos irregulares de su administración continúan. En el horizonte
de Villamizar, se vislumbran más desafíos judiciales y políticos, pero el
gobernador, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser un hábil jugador de
ajedrez político capaz de esquivar los obstáculos que se le presentan. Sin
embargo, la sombra de la justicia y la crisis humanitaria en el Catatumbo
podrían cambiar el rumbo de su carrera, que, a pesar de las irregularidades,
aún sigue siendo un referente en la política de Norte de Santander.
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