Con la promesa de transformar una de las regiones más golpeadas por la violencia en Colombia, el Gobierno Nacional firmó el Pacto Social por el Catatumbo en un evento encabezado por el presidente Gustavo Petro. La jornada reunió a autoridades locales, líderes comunitarios y habitantes de la zona, quienes, aunque reconocieron la importancia de la iniciativa, también manifestaron su preocupación por la falta de participación en su construcción y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
El pacto contempla una inversión superior a los $6 billones para financiar 139 proyectos destinados a mejorar la infraestructura, la educación, la salud y la producción agrícola legal en la región. Además, incluye un capítulo especial para el Pueblo Barí, comunidad indígena asentada en la frontera con Venezuela. Entre los proyectos más destacados están la construcción de la Universidad Nacional del Catatumbo, mejoras en 66 sedes educativas, la ampliación de la infraestructura hospitalaria y la implementación de un modelo de salud preventiva.
Un nuevo modelo económico para la región
Durante su intervención, el presidente Petro hizo énfasis en la necesidad de cambiar el modelo económico del Catatumbo, que actualmente gira en torno a los cultivos de hoja de coca. “Hay que cambiar la economía del Catatumbo y la economía de la región básicamente es hoja de coca”, afirmó el mandatario, quien propuso la agroindustrialización y la entrega de títulos de propiedad a las mujeres campesinas como alternativas sostenibles.
“No venimos a quemar el rancho ni el cultivo. Venimos a acordar las condiciones que permitan que se pueda vivir mientras crece un cultivo legal”, aseguró el presidente, insistiendo en la necesidad de ofrecer opciones reales para la sustitución de cultivos. En esa línea, el pacto destina $330 mil millones para este propósito, con el objetivo de reducir la dependencia de la economía ilícita y frenar el flujo de cocaína hacia Haití, un punto clave en la estrategia del Gobierno para combatir la violencia en la región.
Tensiones y preocupaciones de la comunidad
A pesar del optimismo del Gobierno, el evento también estuvo marcado por el malestar de algunos sectores de la comunidad, que expresaron su escepticismo ante el cumplimiento de los compromisos. Representantes indígenas, campesinos y líderes sociales cuestionaron la falta de espacios de participación real en la construcción del pacto y exigieron garantías para que los recursos no terminen en manos de la corrupción o se priorice la inversión militar sobre la social.
Holmer Pérez, presidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), alertó sobre la declaratoria de conmoción interior en la región. Si bien reconoció que podría ser una oportunidad para garantizar recursos, advirtió sobre el riesgo de que estos sean desviados o que la inversión en seguridad afecte aún más a la población civil. “Proponemos que se cree una veeduría ciudadana que vigile los recursos en el marco de la conmoción”, sugirió Pérez, además de insistir en la necesidad de abrir un diálogo humanitario con los actores armados para evitar que el pacto quede condicionado a la violencia.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada lo protagonizó la Fundación Hijos Víctimas del Catatumbo, que trabaja en educación para niños en extraedad y sin documentación. “Nos dijeron que nos teníamos que ir porque no somos profesores titulados, solo líderes comunitarios empíricos. Pero la educación no es solo leer y escribir, es respeto y valores. Hoy le pido, presidente, que no nos boten como perros”, expresó una de sus representantes con la voz entrecortada.
La urgencia de infraestructura y conectividad
Más allá de los anuncios, la comunidad insiste en que las inversiones deben traducirse en obras concretas. Uno de los temas más relevantes en el evento fue la Transversal del Catatumbo, una vía clave para la conectividad de la región. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, le recordó al presidente la necesidad de completar los 67 kilómetros pendientes entre Cúcuta y Tibú, fundamentales para el desarrollo del Catatumbo.
En total, el pacto destina $196 mil millones para mejorar la infraestructura vial, una inversión que busca facilitar el transporte de productos agrícolas y dinamizar la economía legal en la región.
¿Cumplimiento o nuevos incumplimientos?
El Pacto Social por el Catatumbo se firma en un contexto de alta tensión, con una crisis humanitaria que ha obligado al Gobierno a decretar la conmoción interior en la zona. Petro comparó la situación con la de Gaza y justificó la medida ante el reciente aumento de la violencia, especialmente por parte del ELN. “Nosotros estábamos hablando de paz y los señores del ELN, una semana antes de la ronda de negociación en Caracas, entraron al Catatumbo a matar campesinos”, denunció el presidente.
Si bien el pacto promete una transformación profunda, la comunidad sigue a la expectativa, con la esperanza de que esta vez los compromisos no se queden en discursos. Con una inversión proyectada a 10 años y vigencias futuras aseguradas por $3,5 billones, el reto del Gobierno es garantizar que los recursos lleguen a donde más se necesitan y que el Catatumbo deje de ser un territorio marcado por el abandono y la violencia.
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