Por Redacción Nacional
En un nuevo y
lamentable episodio que sacude la institucionalidad colombiana, el ministro del
Interior, Armando
Benedetti, volvió a protagonizar una arremetida verbal
cargada de machismo, irrespeto y violencia simbólica. Esta vez, su blanco fue
la magistrada Cristina Lombana, a quien el
alto funcionario llamó públicamente “loca hijueputa”, “demente” y
“delincuente”, en una diatriba que ha generado un repudio unánime de la
comunidad judicial, política, social y de observadores internacionales.
La magistrada
Lombana, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia,
lleva más de siete años investigando a Benedetti por presuntos hechos de enriquecimiento
ilícito y corrupción. Su nombre ha estado vinculado a
varias investigaciones en curso, lo que convierte las agresiones del ministro
no solo en un acto de misoginia, sino también en un intento de amedrentamiento
hacia la justicia.
Un ataque
que sobrepasa los límites del debate
Las palabras de
Benedetti fueron interpretadas como un intento deliberado de desacreditar a
una funcionaria judicial de alta investidura, en medio de
procesos que podrían comprometerlo penalmente.
El alto tribunal, mediante un
comunicado, expresó su “rechazo a las descalificaciones personales y los
ataques verbales del Ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema
de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o
menoscabar la confianza en la administración de justicia”.
No se trata de un
hecho aislado. La trayectoria pública del ministro ha estado marcada por episodios
reiterados de violencia verbal y comportamientos machistas hacia
mujeres en distintos ámbitos: periodistas, funcionarias, colegas políticas y
ahora, una magistrada de la Corte Suprema. La sociedad colombiana asiste a un
patrón de conducta que pone en evidencia un grave déficit de respeto institucional
y madurez
emocional, intolerable en quien ostenta una de las
carteras más importantes del Gobierno Nacional.
El silencio
cómplice del presidente Petro
Lejos de condenar
el acto, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de su
ministro, afirmando en su cuenta de X que se trató de “un allanamiento ilegal que se
transforma en secuestro de una familia, producida por una magistrada víctima de
su propio odio”.
Estas declaraciones no solo desbordaron el marco del respeto
interinstitucional, sino que acentuaron el choque entre el poder Ejecutivo y el
Judicial, al justificar los insultos de Benedetti como
si se tratara de una reacción comprensible.
Para sectores
académicos, políticos y de derechos humanos, el presidente perdió una
oportunidad de marcar un precedente ético: en vez de
pedir la renuncia de su ministro, optó por respaldar un comportamiento que
normaliza la violencia verbal contra las mujeres y socava la independencia
judicial.
Un
prontuario de agresiones y controversias
El comportamiento de Benedetti no es nuevo. Desde su paso por el Congreso, ha sido recordado por su lenguaje agresivo y actitudes intimidatorias, especialmente hacia mujeres.
En el pasado, su nombre también estuvo vinculado a denuncias por violencia intrafamiliar y maltrato verbal, entre ellas el presunto episodio en Madrid, España, donde habría agredido a su esposa, Adelina Guerrero, y amenazado con un cuchillo en presencia de su suegra.
A esto se suma el
testimonio de Laura Sarabia, actual embajadora en Reino Unido,
quien lo acusó de un trato “violento, despectivo y misógino”
cuando trabajaron juntos en la Casa de Nariño. Incluso la Defensora del
Pueblo, Iris Marín, advirtió públicamente que el retorno
de Benedetti al Gobierno era un mensaje negativo en materia de violencia basada
en género, recordando sus antecedentes y denuncias
previas.
Procesos
judiciales pendientes y bienes cuestionados
En la Corte
Suprema, Benedetti enfrenta siete investigaciones por
presuntos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, financiación
ilegal de campañas electorales y delitos contra mecanismos de participación
democrática.
El caso más avanzado corresponde al escándalo de Fonade,
donde se le señala de haber intervenido indebidamente en la asignación de
recursos mediante cupos indicativos, cuando era senador del Partido de la U
entre 2016 y 2017.
Uno de los
hallazgos más recientes en la investigación apunta a la adquisición de
un lujoso condominio en el Club Lagos de Caujaral, en
Barranquilla, por un valor de miles de millones de pesos. La propiedad habría
pertenecido a Alex Saab, señalado testaferro del régimen de
Nicolás Maduro, lo que ha encendido las alarmas sobre el origen de los recursos
del ministro.
Reacciones y
acción judicial
El presidente de la
Red
de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos Sánchez,
presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación
por el presunto delito de violencia moral
agravada contra servidor público, en perjuicio de la magistrada Lombana.
Bustos advirtió que las expresiones de Benedetti constituyen “una grave
afrenta no solo contra la magistrada como ciudadana, sino contra la majestad de
la justicia”, e instó al ente acusador a actuar con celeridad y
examinar si sus palabras encajan en el tipo penal de violencia contra servidor
público (artículo 429 del Código Penal), que contempla penas
entre 4 y 8 años de prisión.
La denuncia también
resalta que los ataques de Benedetti podrían configurar violencia de
género, acoso, coacciones y lesiones morales, conductas
sancionadas por los artículos 172 y 216 del mismo Código Penal.
La vergüenza
internacional de un ministro en ejercicio
La comunidad
jurídica internacional ha expresado su preocupación por la normalización de
la violencia verbal y simbólica desde el poder, en un
país que se precia de promover políticas de equidad de género.
El comportamiento del ministro Benedetti y el
respaldo del presidente Petro han sido catalogados como un retroceso en la
lucha por erradicar la violencia contra las mujeres, así como
una afrenta directa a la independencia judicial.
El caso
Benedetti-Lombana no es solo un incidente mediático; es el reflejo de una crisis ética
y de autoridad moral en el Gobierno del Cambio, que
prometió justicia social y respeto institucional, pero hoy carga con el peso de
una figura que, más que un ministro, se ha convertido en un símbolo de prepotencia,
machismo y desprecio por la ley.
Colombia y la comunidad internacional
exigen respeto.
Porque ningún cargo público otorga el derecho a
insultar, descalificar o violentar verbalmente a una mujer, mucho menos a una
magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
La dignidad del país y la salud de su democracia dependen de que estos actos no
queden impunes.
impacto político y electoral del caso
Benedetti en el Gobierno y la izquierda
El nuevo escándalo
protagonizado por el ministro del Interior, Armando Benedetti,
llega en un momento crítico para el Gobierno de Gustavo Petro,
justo cuando el país se aproxima a las elecciones legislativas.
El impacto trasciende lo personal y se proyecta
directamente sobre la credibilidad del Pacto Histórico,
la coalición que llevó a Petro al poder y que ahora enfrenta un creciente
desgaste político.
En primer lugar, el
comportamiento violento y machista del ministro mina el discurso ético del
Gobierno, que se ha presentado como el adalid de la
justicia social, la inclusión y la defensa de los derechos de las mujeres. La
contradicción entre el discurso progresista y la conducta de uno de sus
principales voceros crea un quiebre de confianza entre las bases feministas, los
movimientos sociales y el electorado joven, pilares
esenciales del triunfo en 2022.
Además, la defensa pública
del presidente Petro frente a los insultos de Benedetti
contra la magistrada Cristina Lombana agrava la
situación: proyecta la imagen de un Ejecutivo que tolera la violencia de género y el
irrespeto institucional, lo cual desmoviliza a sectores
moderados y amplifica el descontento ciudadano.
A nivel político,
el episodio refuerza la narrativa de la oposición, que ha convertido
este caso en una bandera de denuncia contra lo que llama “el doble discurso del
cambio”. En las regiones, donde las mujeres lideran más del 40 % de las
campañas comunitarias y sociales, el rechazo hacia el ministro podría traducirse en
una pérdida de apoyo electoral significativa para los candidatos del Pacto
Histórico y para las listas de la izquierda.
Los partidos
alternativos que acompañaron al Gobierno comienzan a marcar distancia
para no cargar con el costo político, temerosos de que
el escándalo contamine sus propias candidaturas. Incluso dentro del progresismo
hay voces que piden un relevo inmediato en el gabinete para evitar que este
episodio erosione
aún más la imagen del presidente Petro y su coalición.
El caso Benedetti
no es un simple exabrupto verbal: es un símbolo del deterioro moral y político
de un gobierno que prometió renovación ética, pero hoy se enfrenta a un
creciente rechazo
ciudadano. Si no hay correctivos firmes, el costo electoral
podría sentirse con fuerza en las urnas, especialmente en los votantes
independientes, las mujeres y los jóvenes, que fueron la base decisiva del
cambio.
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