Por Redacción Política
Bogotá — La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ordenó abrir una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por su participación en el denominado “tarimazo”, un acto político que tuvo lugar el pasado 21 de junio en La Alpujarra, Medellín, y que ha generado una fuerte controversia nacional.
En ese evento, transmitido por medios oficiales y promovido como una jornada para celebrar la aprobación de la reforma laboral y relanzar la “paz total” en Medellín, cabecillas de las principales bandas criminales del Valle de Aburrá —trasladados desde la cárcel de Itagüí— subieron al escenario en un acto en el que estuvo presente el jefe de Estado.
Los hechos bajo la lupa
La Comisión investiga si durante el evento se configuraron faltas disciplinarias o penales como participación indebida en política, uso irregular de recursos públicos con fines proselitistas y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por fuera del marco constitucional vigente.
El concejal de Medellín Alejandro de Bedout, quien interpuso la denuncia, señaló que durante el encuentro se exhibieron símbolos del movimiento político Independientes y se hicieron alusiones a la aspiración presidencial del exalcalde Daniel Quintero, hechos que —según el cabildante— “podrían implicar una actuación contraria a la neutralidad política que debe observar el presidente de la República”.
“En ese evento participaron reclusos, actores armados urbanos y militantes políticos en un mismo escenario, bajo el aval y con recursos del Estado (...). Nadie está por encima de la ley, mucho menos el presidente. Nos estamos enfrentando a un monstruo. Vamos a dar la batalla jurídica hasta el final”, afirmó De Bedout.
Las pruebas solicitadas
En el marco del proceso, la Comisión decretó la práctica de varias pruebas para esclarecer los hechos. Entre ellas, solicitó al Inpec las resoluciones que autorizaron el traslado de los internos desde el centro penitenciario de Itagüí; al Ministerio de Justicia, información sobre si tuvo conocimiento o dio visto bueno a esas decisiones; a la Presidencia de la República, documentación sobre eventuales instrucciones u órdenes logísticas; y a RTVC, los detalles de la transmisión del acto.
Asimismo, se pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) certificar si, al momento del evento, Daniel Quintero se encontraba inscrito o en trámite de inscripción como candidato presidencial.
Los cabecillas que estuvieron en primera fila
Durante el acto se registró la presencia de nueve reconocidos jefes de estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, entre ellos José Leonardo Muñoz Martínez (alias Douglas), Juan Carlos Mesa Vallejo (alias Tom), Freyner Alfonso Ramírez García (alias Carlos Pesebre), Jorge de Jesús Vallejo Alarcón (alias Vallejo), Dayron Alberto Muñoz Torres (alias El Indio), Wálter Alonso Román Jiménez (alias El Tigre o Ramón Chaqueta), Juan Camilo Rendón Castro (alias El Saya), Alber Antonio Henao Acevedo (alias Albert) y Juan Fernando Álvarez (alias Juan 23).
Un cartel con la frase “Douglas Aranjuez te quiere” fue visible durante el evento, haciendo alusión directa a uno de los líderes históricos de la banda La Terraza.
El trasfondo del “tarimazo”
Según versiones reveladas posteriormente por la Fiscalía, uno de los combos delincuenciales más poderosos de Medellín habría dispuesto buses para transportar manifestantes hasta el evento de La Alpujarra, lo que refuerza las sospechas sobre una posible coordinación irregular entre estructuras criminales y organizadores del acto político.
Aunque el encuentro fue presentado oficialmente como un espacio de diálogo por la paz urbana, la presencia de los capos y la intervención del presidente levantaron críticas sobre los límites entre la política, la institucionalidad y la negociación con grupos ilegales.
Una investigación que apenas comienza
La Comisión de Acusación señaló que esta etapa es de carácter preliminar, y que su propósito es verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si revisten carácter delictivo y establecer la eventual responsabilidad de los partícipes.
El caso promete convertirse en uno de los procesos más sensibles del actual Gobierno, no solo por involucrar directamente al presidente de la República, sino también por el debate de fondo que suscita: ¿hasta dónde puede llegar la “paz total” sin desdibujar los límites del Estado de Derecho?
0 Comentarios