Tragedia en Guaviare: operaciones militares vuelven a enfrentar a Estado y organismos de control
Un fuerte debate político, jurídico y humanitario se desató en el país tras confirmarse la muerte de siete menores de edad en un bombardeo de la Fuerza Pública contra las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) en zona rural del Guaviare. La operación, revelada inicialmente por la Defensoría del Pueblo, llevó al presidente Gustavo Petro a justificar la decisión militar al asegurar que se trató de una acción necesaria para evitar una emboscada que, según él, habría puesto en riesgo la vida de jóvenes soldados.
“Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se dejó avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente. Quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados”, afirmó el mandatario a través de X. Petro agregó que “tomó, a riesgo, la decisión de salvarles la vida” a los uniformados y enfatizó que “es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”.
La Defensoría cuestiona la operación militar
El organismo de control fue contundente al advertir que ningún niño, niña o adolescente reclutado por estructuras ilegales debería resultar afectado por operaciones militares. Según la entidad, aunque los menores pierden su estatus de civiles al ser forzados a participar en hostilidades, esto “no habilita la posibilidad de un ataque”.
La Defensoría recordó que la responsabilidad primaria de la muerte de los menores recae en los grupos armados que los reclutan: en este caso, el EMC bajo el mando de alias Iván Mordisco. Señaló que el reclutamiento de menores es un “crimen de guerra” y reiteró que estas disidencias han incurrido en “una serie de actos crueles de vulneración permanente del DIH” en Guaviare.
Aunque reconoció que los grupos ilegales utilizan a niños como “escudos humanos”, conducta categóricamente prohibida por el Derecho Internacional Humanitario, la entidad rechazó que el debate se limite a tecnicismos jurídicos. “La esencia del DIH no es ser invocado para justificar vulneraciones, sino para limitar el sufrimiento humano”, concluyó.
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Tempestad política: avanza moción de censura contra el ministro de Defensa
La revelación del número de menores muertos encendió las alarmas en el Congreso. La representante a la Cámara Katherine Miranda anunció que presentará una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
“Presentaré el día martes moción de censura contra el Ministro de Defensa Pedro Sánchez”, confirmó la congresista, quien sostuvo que el país necesita explicaciones claras sobre la operación, los protocolos aplicados y el nivel de riesgo calculado para la población civil involucrada.
Un debate que reabre heridas recientes
El caso revive la discusión sobre las controversias generadas en anteriores bombardeos donde también murieron menores reclutados. El país vuelve a enfrentar el equilibrio entre la ofensiva militar contra grupos armados y el deber del Estado de proteger a los niños y adolescentes, incluso cuando han sido usados como parte de estructuras criminales.
Mientras el Gobierno defiende la necesidad operativa, los organismos de control y sectores políticos piden que se revisen los métodos de combate y se fortalezca la inteligencia para evitar nuevas tragedias humanitarias.
El debate seguirá escalando esta semana en el Congreso, donde se espera la presentación formal de la moción de censura.
Derecho Internacional Humanitario:
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece normas para limitar los efectos de los conflictos armados y proteger a la población que no participa directamente en las hostilidades. En este caso, se analizan cuatro principios fundamentales:
1Principio de Distinción
El DIH exige distinguir entre combatientes y civiles.
Aunque los menores reclutados por grupos armados pierden la protección de civiles, el DIH reconoce que su condición de víctimas y vulnerabilidad exige una protección reforzada.
La Defensoría recuerda que su presencia en un objetivo militar no habilita automáticamente un ataque, especialmente cuando el riesgo de daño es elevado.
2. Principio de Proporcionalidad
Una operación militar no puede causar daños excesivos en relación con la ventaja militar esperada.
La pregunta planteada por la Defensoría es la clave jurídica del debate:
¿Existían alternativas operacionales que permitieran neutralizar la amenaza con un daño significativamente menor?
Si la respuesta es sí, podría considerarse una violación al principio de proporcionalidad.
3. Precauciones en el Ataque
Las fuerzas estatales deben tomar todas las precauciones factibles para evitar o minimizar víctimas civiles, incluidos los menores combatientes.
Estas precauciones incluyen:
- verificación exhaustiva del objetivo;
- evaluación de la presencia de menores;
- selección del tipo de arma o técnica menos lesiva;
- postponar o cancelar el ataque si se prevé un daño excesivo.
El debate se centra en si estas medidas se agotaron.
4. Prohibición de utilizar escudos humanos
El DIH prohíbe el uso de civiles —incluidos menores reclutados— como escudos humanos.
La Defensoría señala que los grupos armados ilegales instrumentalizan a los menores para protegerse, lo que constituye una grave infracción al DIH y un crimen de guerra.
- La responsabilidad primaria recae en el EMC por reclutar y exponer a los menores.
- El Estado debe responder por su obligación reforzada de protección y por justificar plenamente la necesidad, proporcionalidad y precauciones del ataque.
- El incidente abre la puerta a investigaciones disciplinarias, administrativas e incluso penales para establecer si se cumplieron las normas del DIH.
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